Con la nueva justicia boliviana parece estar ocurriendo lo mismo que le pasó al creador de Frankenstein, un monstruo que terminó matando a su propio inventor. Ya son insistentes las quejas de los propios administradores de justicia, comenzando por el presidente del Tribunal Suprema de Justicia, Jorge von Borries, quien no deja de mencionar que las cosas han empeorado. Durante la polémica entrevista con el conductor de CNN, Ismael Cala, el presidente Morales dijo que tienen grandes diferencias con la justicia nacional a la que acusó de beneficiar a los narcotraficantes.
Lo que menciona el primer mandatario no es simplemente una opinión. La responsable nacional de la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi), Mirtha Jiménez comentó alarmada hace unos días en una entrevista radial, que casi todo su tiempo lo dedica a devolver automóviles, viviendas y otros enseres de comprobado origen delictivo. Dijo que en el país funciona una red de abogados, jueces y funcionarios de Derechos Reales que se dedican a fabricar evidencias para favorecer a los narcos que han sido condenados por tribunales. La funcionaria dijo que de manera voluntaria y como ciudadana consciente, se encarga de elevar informes a la Fiscalía advirtiendo sobre las anormalidades que suele observar y que se ve obligada a cumplir, pues se trata de resoluciones judiciales.
Lo más probable es que tanto las quejas del presidente como el dramático cuadro que pinta Mirtha Jiménez caigan en agua de borrajas. No olvidemos que, por ejemplo, dos de las máximas autoridades de la justicia cruceña, el exfiscal del Distrito Isabelino Gómez y el expresidente del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, Ariel Rocha, resultaron ser piezas claves de una red de extorsión cuyas principales cabezas trabajaban a órdenes de tres ministerios que ejecutaban acciones de persecución política.
Y por más que se divulgan una y mil evidencias sobre la actuación de esta red y sus cabecillas, la justicia de la que hoy se quejan las autoridades cierra filas en función de lo que parece ser una consigna muy clara. Lo mismo pasa con el caso Rózsa. No parece haber poder humano, ni jurídico ni nada, que obligue al Ministerio Público o a los jueces a actuar frente al oprobio de abusos, extorsión y manipulación que se han cometido para hundir a personas y líderes regionales que cometieron el único delito de defender la autonomía y declararse opositores al Gobierno.
¿Cómo se puede calificar la actitud de la justicia frente al Caso Chaparina? Está por cumplirse dos años de aquella salvaje represión, tiempo en el que se han acumulado claras evidencias que señalan a los responsables y la justicia no actúa porque obviamente cumple órdenes de encubrir y proteger a los operadores políticos que se han encargado de someter los tribunales a las directrices de los ministerios y de los gabinetes que ejercen el control político en el país.
¿A qué se debe entonces la queja presidencial y los lamentos de la directora de Dircabi y el magistrado que no deja de lloriquear por la justicia por la que él mismo se jugó? El problema con los organismos y sobre todo aquellos monstruosos, plagados de tumores malignos, es que después de algún tiempo se vuelven incontrolables y toman vida propia. Ya se vio este fenómeno con la red de extorsión que convirtió a la persecución de opositores en un medio de lucro y posiblemente ya esté ocurriendo algo parecido en el ámbito del narcotráfico, un tema muy sensible para este Gobierno.
Lo que menciona el primer mandatario no es simplemente una opinión. La responsable nacional de la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi), Mirtha Jiménez comentó alarmada hace unos días en una entrevista radial, que casi todo su tiempo lo dedica a devolver automóviles, viviendas y otros enseres de comprobado origen delictivo. Dijo que en el país funciona una red de abogados, jueces y funcionarios de Derechos Reales que se dedican a fabricar evidencias para favorecer a los narcos que han sido condenados por tribunales. La funcionaria dijo que de manera voluntaria y como ciudadana consciente, se encarga de elevar informes a la Fiscalía advirtiendo sobre las anormalidades que suele observar y que se ve obligada a cumplir, pues se trata de resoluciones judiciales.
Lo más probable es que tanto las quejas del presidente como el dramático cuadro que pinta Mirtha Jiménez caigan en agua de borrajas. No olvidemos que, por ejemplo, dos de las máximas autoridades de la justicia cruceña, el exfiscal del Distrito Isabelino Gómez y el expresidente del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, Ariel Rocha, resultaron ser piezas claves de una red de extorsión cuyas principales cabezas trabajaban a órdenes de tres ministerios que ejecutaban acciones de persecución política.
Y por más que se divulgan una y mil evidencias sobre la actuación de esta red y sus cabecillas, la justicia de la que hoy se quejan las autoridades cierra filas en función de lo que parece ser una consigna muy clara. Lo mismo pasa con el caso Rózsa. No parece haber poder humano, ni jurídico ni nada, que obligue al Ministerio Público o a los jueces a actuar frente al oprobio de abusos, extorsión y manipulación que se han cometido para hundir a personas y líderes regionales que cometieron el único delito de defender la autonomía y declararse opositores al Gobierno.
¿Cómo se puede calificar la actitud de la justicia frente al Caso Chaparina? Está por cumplirse dos años de aquella salvaje represión, tiempo en el que se han acumulado claras evidencias que señalan a los responsables y la justicia no actúa porque obviamente cumple órdenes de encubrir y proteger a los operadores políticos que se han encargado de someter los tribunales a las directrices de los ministerios y de los gabinetes que ejercen el control político en el país.
¿A qué se debe entonces la queja presidencial y los lamentos de la directora de Dircabi y el magistrado que no deja de lloriquear por la justicia por la que él mismo se jugó? El problema con los organismos y sobre todo aquellos monstruosos, plagados de tumores malignos, es que después de algún tiempo se vuelven incontrolables y toman vida propia. Ya se vio este fenómeno con la red de extorsión que convirtió a la persecución de opositores en un medio de lucro y posiblemente ya esté ocurriendo algo parecido en el ámbito del narcotráfico, un tema muy sensible para este Gobierno.
El problema con los organismos y sobre todo aquellos monstruosos, plagados de tumores malignos, es que después de algún tiempo se vuelven incontrolables y toman vida propia. Ya se vio este fenómeno con la red de extorsión que convirtió a la persecución de opositores en un medio de lucro.
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