El Gobierno boliviano reaccionó de la peor manera que se podía esperar luego de casi un día de silencio en relación al senador opositor Róger Pinto, quien fue trasladado a Brasil por funcionarios de la Embajada brasileña en La Paz, donde el parlamentario estuvo refugiado desde el 28 de mayo del 2012, ante la negativa de las autoridades nacionales a respetar el derecho de asilo concedido por la nación vecina.
Pese a que en julio pasado, el vicepresidente García Linera le hiciera una invitación cordial a Pinto de abandonar lo que él mismo denominó como “un encierro voluntario”, la reacción de ayer daba una idea de lo que le esperaba a Pinto en caso de seguirle la corriente al Gobierno, que se negó sistemáticamente a entregarle un salvoconducto, algo que Itamaraty interpretó como un gesto inamistoso, pues se trata del incumplimiento de una norma internacional, que en este caso amparaba una decisión de Brasil.
Para el Gobierno boliviano esta salida es la gran oportunidad de terminar con un impasse que no debió prolongarse y que por tanto, le ha significado un inmenso costo político, que lógicamente puede elevarse, de continuar con una actitud tozuda que no hace más que confirmar la idea de que Róger Pinto ha escapado de una dictadura, tal como lo están mencionando algunos sectores en Brasil que promovieron el traslado del legislador.
De hecho, el senador brasileño Ricardo Ferraço, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado brasileño y miembro del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el partido más influyente que integra la coalición que respalda al Gobierno de Dilma Rousseff, aclaraba el sábado que la salida de Pinto no ha sido una fuga (sólo se puede fugar de una cárcel) y aclaró que el traslado del opositor pandino hasta la ciudad de Corumbá se hizo en un vehículo oficial de la Embajada, con la custodia de personal militar brasileño que viajó durante 22 horas hasta la frontera, donde la Policía Federal lo puso a buen recaudo para luego llevarlo en un avión privado hasta la capital, Brasilia.
Todos estos detalles son la prueba de que Pinto no ha tomado una decisión personal y que lo de Brasil tampoco ha sido una reacción hormonal, sino que es el resultado de más de un año de insistentes negociaciones que no estuvieron exentas de presiones y de chantajes de autoridades nacionales, que intentaron utilizar como moneda de canje a los doce hinchas del Corinthians detenidos en Oruro y que a cambio tuvieron que tragarse la divulgación del incidente del avión oficial brasileño que fue requisado ilegalmente, episodio que se mantenía en secreto.
Para Brasil, este es un asunto sumamente delicado. El jefe de la diplomacia brasileña, Antonio Patriota, ha suspendido un viaje a Finlandia que tenía previsto, para atender las contingencias que puedan derivar de la presencia de Pinto en su país, mucho más después de haber conocido las reacciones del Gobierno boliviano, que no hacen más que confirmar que la “telenovela” puede prolongarse mucho tiempo más, con el pronóstico de un final nada feliz para los bolivianos.
Pese a que en julio pasado, el vicepresidente García Linera le hiciera una invitación cordial a Pinto de abandonar lo que él mismo denominó como “un encierro voluntario”, la reacción de ayer daba una idea de lo que le esperaba a Pinto en caso de seguirle la corriente al Gobierno, que se negó sistemáticamente a entregarle un salvoconducto, algo que Itamaraty interpretó como un gesto inamistoso, pues se trata del incumplimiento de una norma internacional, que en este caso amparaba una decisión de Brasil.
Para el Gobierno boliviano esta salida es la gran oportunidad de terminar con un impasse que no debió prolongarse y que por tanto, le ha significado un inmenso costo político, que lógicamente puede elevarse, de continuar con una actitud tozuda que no hace más que confirmar la idea de que Róger Pinto ha escapado de una dictadura, tal como lo están mencionando algunos sectores en Brasil que promovieron el traslado del legislador.
De hecho, el senador brasileño Ricardo Ferraço, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado brasileño y miembro del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el partido más influyente que integra la coalición que respalda al Gobierno de Dilma Rousseff, aclaraba el sábado que la salida de Pinto no ha sido una fuga (sólo se puede fugar de una cárcel) y aclaró que el traslado del opositor pandino hasta la ciudad de Corumbá se hizo en un vehículo oficial de la Embajada, con la custodia de personal militar brasileño que viajó durante 22 horas hasta la frontera, donde la Policía Federal lo puso a buen recaudo para luego llevarlo en un avión privado hasta la capital, Brasilia.
Todos estos detalles son la prueba de que Pinto no ha tomado una decisión personal y que lo de Brasil tampoco ha sido una reacción hormonal, sino que es el resultado de más de un año de insistentes negociaciones que no estuvieron exentas de presiones y de chantajes de autoridades nacionales, que intentaron utilizar como moneda de canje a los doce hinchas del Corinthians detenidos en Oruro y que a cambio tuvieron que tragarse la divulgación del incidente del avión oficial brasileño que fue requisado ilegalmente, episodio que se mantenía en secreto.
Para Brasil, este es un asunto sumamente delicado. El jefe de la diplomacia brasileña, Antonio Patriota, ha suspendido un viaje a Finlandia que tenía previsto, para atender las contingencias que puedan derivar de la presencia de Pinto en su país, mucho más después de haber conocido las reacciones del Gobierno boliviano, que no hacen más que confirmar que la “telenovela” puede prolongarse mucho tiempo más, con el pronóstico de un final nada feliz para los bolivianos.
Para el Gobierno boliviano esta salida es la gran oportunidad de terminar con un impasse que no debió prolongarse y que por tanto, le ha significado un inmenso costo político, que lógicamente puede elevarse, de continuar con una actitud tozuda que no hace más que confirmar la idea de que Róger Pinto ha escapado de una dictadura, tal como lo están mencionando algunos sectores en Brasil que promovieron el traslado del legislador.
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