Un informe de la Fundación Jubileo da cuenta de que los ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, vigente desde 2005, se destinan en un 97% a partidas de gasto corriente, es decir que sólo el 3% es para la inversión en el sector petrolero.
Si este informe corresponde a la realidad, estaríamos ante una situación peligrosa, porque los pocos recursos que se destinan a la inversión no garantizan un ritmo de producción capaz de cubrir el actual déficit de carburantes y atender la creciente demanda.
Otro informe, esta vez del experto Mauricio Medinacelli, dice que sólo el 20% de la “renta petrolera” proviene de lo que vino a llamarse “nacionalización” del petróleo, anunciada en mayo de 2006.
Fue esa “nacionalización” la que vino a interrumpir el fluido de inversiones que llegaban a Bolivia y que habían permitido que se descubrieran los yacimientos que ahora el país explota sin encontrar otros que los reemplacen.
Y el ex ministro de Energía, Andrés Soliz Rada, dice que sólo por poco tiempo después de la mencionada “nacionalización” las empresas petroleras pagaron 82% de impuesto, porque luego pasaron a pagar solamente 50%, algo menos de lo que pagaban en los anteriores gobiernos.
Todos estos datos muestran que los gastos están descontrolados, por un lado, y la política petrolera, que maneja el sector del que ahora Bolivia come, está presentando deficiencias peligrosas.
Cuando se han difundido estas cifras, algunos expertos nacionales proponían que el Gobierno inicie ahora las negociaciones para ampliar la venta de gas natural a Brasil después de 2019, cuando concluye el actual contrato.
Como van las cosas, con las reservas medidas en 2009 mermadas por la intensa producción, sería mejor no comprometerse a venderle gas a nadie, pues nadie asegura que existan reservas suficientes.
Los empresarios petroleros hicieron saber en el último congreso que las condiciones para las inversiones en exploración no son las apropiadas y exhortaron al Gobierno a pensar en el gas para los bolivianos del futuro.
Por lo tanto, quizá sea el momento de que el Gobierno decida hacer algunos cambios en su política de gastos, a fin de dar lugar a las inversiones propias, en vista de que las empresas petroleras dicen que no hay condiciones para invertir.
Es probable que si pensara en la próxima generación y no en la próxima elección, como recomendó la experta Alicia Bárcena de la Cepal, y luego repitió el propio presidente Evo Morales, las condiciones y las perspectivas pudieran cambiar.
Por el momento el panorama se presenta poco prometedor. Los ingresos son usados de manera poco previsora, como si no se pensara en la próxima generación.
Los ingresos del TGN han aumentado por diferentes motivos, incluidos los montos de mayores recaudaciones tributarias. Sin embargo, quedan todavía sectores poderosos que no tributan, como es el caso de los cocaleros, según acaban de decir los dirigentes del Tipnis.
Es probable que un cambio en la conducción de la política económica ayude a resolver estos problemas que, al parecer, no están en la visión de los actuales responsables.
Las generaciones futuras serán perjudicadas por este tipo de políticas.
Si este informe corresponde a la realidad, estaríamos ante una situación peligrosa, porque los pocos recursos que se destinan a la inversión no garantizan un ritmo de producción capaz de cubrir el actual déficit de carburantes y atender la creciente demanda.
Otro informe, esta vez del experto Mauricio Medinacelli, dice que sólo el 20% de la “renta petrolera” proviene de lo que vino a llamarse “nacionalización” del petróleo, anunciada en mayo de 2006.
Fue esa “nacionalización” la que vino a interrumpir el fluido de inversiones que llegaban a Bolivia y que habían permitido que se descubrieran los yacimientos que ahora el país explota sin encontrar otros que los reemplacen.
Y el ex ministro de Energía, Andrés Soliz Rada, dice que sólo por poco tiempo después de la mencionada “nacionalización” las empresas petroleras pagaron 82% de impuesto, porque luego pasaron a pagar solamente 50%, algo menos de lo que pagaban en los anteriores gobiernos.
Todos estos datos muestran que los gastos están descontrolados, por un lado, y la política petrolera, que maneja el sector del que ahora Bolivia come, está presentando deficiencias peligrosas.
Cuando se han difundido estas cifras, algunos expertos nacionales proponían que el Gobierno inicie ahora las negociaciones para ampliar la venta de gas natural a Brasil después de 2019, cuando concluye el actual contrato.
Como van las cosas, con las reservas medidas en 2009 mermadas por la intensa producción, sería mejor no comprometerse a venderle gas a nadie, pues nadie asegura que existan reservas suficientes.
Los empresarios petroleros hicieron saber en el último congreso que las condiciones para las inversiones en exploración no son las apropiadas y exhortaron al Gobierno a pensar en el gas para los bolivianos del futuro.
Por lo tanto, quizá sea el momento de que el Gobierno decida hacer algunos cambios en su política de gastos, a fin de dar lugar a las inversiones propias, en vista de que las empresas petroleras dicen que no hay condiciones para invertir.
Es probable que si pensara en la próxima generación y no en la próxima elección, como recomendó la experta Alicia Bárcena de la Cepal, y luego repitió el propio presidente Evo Morales, las condiciones y las perspectivas pudieran cambiar.
Por el momento el panorama se presenta poco prometedor. Los ingresos son usados de manera poco previsora, como si no se pensara en la próxima generación.
Los ingresos del TGN han aumentado por diferentes motivos, incluidos los montos de mayores recaudaciones tributarias. Sin embargo, quedan todavía sectores poderosos que no tributan, como es el caso de los cocaleros, según acaban de decir los dirigentes del Tipnis.
Es probable que un cambio en la conducción de la política económica ayude a resolver estos problemas que, al parecer, no están en la visión de los actuales responsables.
Las generaciones futuras serán perjudicadas por este tipo de políticas.
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