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sábado, 25 de agosto de 2012

Harold Olmos describe el aberrante paso del Senado al consolidar el nombramiento de Sacha Llorenti como Embajador ante la ONU. Evo lo aleja de toda investigación sobre Chaparina y afrenta a toda la Nación con su nombramiento por encima de toda norma ética y moral ante el Mundo.


El senado boliviano dio esta semana un paso de alta significación para la protección de  los derechos humanos al dar luz verde a la designación  del  ex Ministro de Gobierno Sacha Llorenti como embajador del país ante la Organización de las Naciones Unidas. Senadores que  endosaron la designación dijeron que el representante boliviano ante el organismo  mundial tendrá como tarea primordial mostrar ante el mundo que la defensa de los derechos de las personas es una norma respetada en Bolivia.
La venia que dieron los senadores oficialistas a la designación fue la culminación de una estrategia que desoyó las acusaciones opositoras contra el ex ministro.
Al ex ministro se atribuye responsabilidad en la orden, el 26 de septiembre de 2011,  para la brutal represión que sufrieron cientos de indígenas bolivianos que marchaban hacia La Paz para oponerse a la construcción de una carretera que los nativos creen que permitirá una expansión acelerada de los cultivos de coca, la materia prima de la cocaína.
El ex ministro tiene el “perfil perfecto” para poder asumir la representación boliviana, dictaminó Nélida Sifuentes, del partido de gobierno Movimiento al Socialismo, que acogió la designación y volcó todo el peso de sus senadores para darle curso. “Trabajará en los temas de derechos  humanos y  narcotráfico”, dijo.
El dirigente campesino Rafael Quispe, del Consejo de Ayllus y Markas del Qollasuyo (Conamaq), pronosticó que la designación derivará en “una vergüenza para el país… (será) funesto para el país que cuando esté ejerciendo sea llamado por la justicia”.
Tras la aprobación en el Comité de Política Exterior, el nombramiento pasó a la sala plena del Senado que no tuvo inconvenientes en darle paso con el voto mayoritario de los senadores del partido de gobierno. La aprobación abrumadora del senado es vista como un mensaje para exhibir el respeto impecable que en Bolivia se observa hacia los derechos de las personas, cuyo porta-estandarte  será quien estaba a la cabeza de los aparatos de seguridad del gobierno.
El flamante diplomático será ahora formalmente designado por el presidente Morales. El mandatario había tratado de preservar a Llorenti entre sus colaboradores más próximos,  pero tuvo que pedirle la  renuncia ante la presión política de los acontecimientos que surgieron con el asalto exitoso de la policía sobre la marcha de los indígenas. Los furibundos marchistas nada pudieron con sus cayados peligrosos ante la pacífica arremetida de la policía que sólo contaba con abundancia de gases lacrimógenos, sogas y mordazas, además de contactos  logísticos con La Paz, de donde partió la orden de ataque. La tranquila y estudiada arremetida contra los indígenas iba a tener un broche dorado con el traslado de los marchistas hacia otros lugares en camiones y aviones de la fuerza militar en Rurrenabque. Pero los marchistas, con el apoyo cómplice de las poblaciones de San Borja y Rurrenabaque. consiguieron  escapar.
Al aceptar su renuncia y anunciar al sustituto, el actual ministro Carlos Romero, el presidente ensalzó las cualidades de Llorenti y dijo que esperaba tenerlo pronto de nuevo en la primera fila de su gobierno.
El ex ministro se disponía a trasladarse en los próximos días a la nueva sede de sus funciones, en Nueva York, con el secreto sobre de dónde o quién dio expresamente la orden de ataque para frenar a los aguerridos  marchistas. Su aporte principal a las investigaciones sobre el suceso fue un dato esclarecedor: la “cadena de  mando” fue rota, sin que específicamente se sepa hasta ahora el nombre de la  persona que impartió la instrucción. Entre las declaraciones que persistieron tras el episodio de Chaparina figuran las de Justa Cabrera, la dirigente nativa oriental quien dijo que la orden había tenido  lugar en el Palacio de Gobierno. El vicepresidente Álvaro García había dicho, días después del episodio, que el gobierno sabía quién había dado la orden y que era cuestión que tuviesen un poco de paciencia los periodistas que le preguntaban sobre los orígenes de la exitosa intervención policial. La paciencia continúa.
La partida de Llorenti hacia sus funciones no será fácil. El dirigente Quispe, de Conamaq, dijo que presentará una solicitud de arraigo del ex ministro.

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