Provoca sentimientos de temor, impotencia y frustración lo sucedido en la región de Uncía, donde comunarios de cinco ayllus han asesinado a cuatro policías. Las razones que se esgrimen en su defensa no importan, en definitiva, a la hora de observar la cada vez más creciente tendencia a aplicar justicia por propia mano, desandando el camino de la institucionalidad jurídica que el país ha dado e, incluso, los avances logrados en este campo en la Constitución Política del Estado, en la que se reconoce a la justicia originaria.
Sencillamente, con actos de la naturaleza que tienen los asesinatos que se comenta, se vuelve al tiempo de la ley de la selva, frente a un gobierno incapaz –pese a toda la retórica de la que hace uso-- de sentar autoridad y hacer respetar democráticamente los mecanismos para la pacífica convivencia entre ciudadanos.
Además, este horroroso hecho puede ser interpretado como una consecuencia más de una disparatada, cuando no demagógica, concepción de la justicia originaria, sustentada irresponsablemente por una serie de entidades de carácter privado, con o sin fines de lucro, y público, que al amparo del gozo del poder, o de la cercanía a éste, han confundido visiones y valores. No otra cosa se puede entender de la afirmación hecha por los dirigentes de los comunarios que quienes asesinaron “no eran policías” sino “ladrones disfrazados de policías” (lo que a su criterio justificaría el crimen) y la respuesta de una autoridad del Ministerio de Gobierno, en sentido que la investigación del asesinato debe dirigirse tanto a develar los cuatro crímenes como el papel que cumplían las víctimas.
Hay pues una tendencia a justificar este tipo de actos por el más vil de los sentimientos: el de conmiseración por el débil; es decir, creer por la condición de “atraso” o “pobreza” de quien delinque no hay que imputarle culpas, asumiendo a plenitud una visión colonialista.
Hay otro cauce para el análisis del crimen: desde 2006, pero con mayor énfasis desde la gestión 2008, se ha ido permitiendo la gestión de la ilegalidad en sus zonas de influencia a algunas organizaciones sociales. En el caso de Uncía –y a lo largo de toda la frontera con Chile-- se han logrado involucrar a los dirigentes comunarios y sindicales tanto en el contrabando –fundamentalmente de vehículos-- como el narcotráfico, administrando su defensa, como aparentemente ha sucedido en el caso de Uncía.
Esto se repite en el Chapare, donde son los sindicatos afines al gobierno los que administran el cultivo de coca legal –y, presumiblemente, ilegal-- y su destino.
Así y de una manera perversa, se están coludiendo intereses, llegando a niveles en que se confunde totalmente lo que es legal y lo ilegal, lo permitido y lo prohibido. Además, estas organizaciones ejercen poder real, resisten al orden establecido con la consiguiente expulsión de los efectivos de la Policía o de representaciones del Poder Judicial asentados en la zona, salvo que éstos también se subordinen al mando sindical o social, como se ha visto en varios lugares del país.
Esta dinámica no puede durar mucho sin producir una eclosión, extremo al que se puede llegar si el gobierno no asume con voluntad política la responsabilidad de administrar correctamente los intereses del país. Si no lo hace, estemos seguros de que estos crímenes se irán reproduciendo con cada vez mayor frecuencia...
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