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miércoles, 19 de mayo de 2010

ERBOL ha ofrecido un resumen de la conferencia del Presidente en ejercicio, "son los jueces" que juzgarán a los prefectos, no los fiscales.

El presidente en ejercicio del Estado, Álvaro García Linera, aseguró hoy que la posesión de los gobernadores no está en riesgo, incluida la de los opositores Rubén Costas (Santa Cruz) y Mario Cossio (Tarija), a quienes el gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) pretende inhabilitar para que asuman el cargo el próximo 30 de mayo con la aplicación del artículo 8 de la Ley Transitoria de Autonomías, que establece la suspensión de las autoridades departamentales que tengan una imputación formal.

El mandatario, en conferencia de prensa en la ciudad de Cochabamba, señaló que el gobierno está abierto a debatir el mejor mecanismo para enjuiciar a una autoridad bajo el argumento de que cualquiera es susceptible a ser fiscalizado y enjuiciado si cometió algún delito grave.

Para Linera, los gobernadores electos de Santa Cruz y Tarija camuflan el rechazo a la ley bajo el argumento de que es inconstitucional, cuando en el fondo no desean que se aplique la autonomía, por eso buscan tener inmunidad para estar exentos de cualquier denuncia.

“Lo que no quieren es que existan facultades legislativa y fiscalizadoras que los acusen porque quieren seguir como antes, en su feudo sin ningún control”, aseveró el gobernante.

Explicó que la Ley de Transición tiene básicamente el objetivo de viabilizar las autonomías, a través de la creación de una Asamblea Departamental con capacidad fiscalizadora y legisladora.

Puntualizó que de no sancionarse la ley se tendría que esperar hasta junio o julio de 2011 para que la autonomía sea aplicada. “Habrá que elegir a miembros del Tribunal Constitucional en diciembre, posesionarlos en enero y los siguientes meses recién se estarían compatibilizando los estatutos redactados por las asambleas departamentales con la Constitución”, apuntó.

Destacó que la Ley de Transición agilizará el proceso de aplicación de la autonomía de inmediato y que no existe argumento sólido por parte de oposición para evitar la aprobación de la norma.
Los artículos 8 y 9, aclaró, son aplicables a partir de la acusación formal de un juez, que deberá ser lo suficientemente grave como para abrir un proceso y no de una imputación simple de un Fiscal. Sólo en ese caso, el gobernador tendrá la posibilidad de pedir permiso y podrá defenderse como cualquiera persona, en ese lapso habrá un gobernador interino, podrá retomar su cargo demostrando su inocencia.

La ley establece una propuesta de un mecanismo de investigación y enjuiciamiento similar a los alcaldes. “No vamos a hacer una excepción para los gobernadores, ellos piden que regresemos a las viejas épocas donde autoridades eran todopoderosas”, sostuvo.

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