Queda cada vez más claro que el Gobierno y algunos movimientos sociales están distanciados y en ciertos casos enfrentados. Lo que llama la atención es que, como en otros casos, algunos exponentes del Órgano Ejecutivo vuelvan al viejo y fácil argumento de atribuir a otros los problemas intestinos del oficialismo.
A fines de abril, un titular de La Prensa sostenía que se enfría el idilio entre el presidente Evo Morales y los sindicatos; los hechos acontecidos desde principios de abril revelan una relación cada vez más accidentada entre los protagonistas de ambos ejes políticos, como una reacción confusa del Gobierno que, desde 2006, se sostuvo en los movimientos sociales y, claro, las instituciones armadas del país.
La votación para alcaldes en municipios del occidente del país ha sido la primera señal de que los factores disidentes u opositores al proceso de cambio no se encuentran en la extinta media luna ni en los grupos políticos tradicionales. Por el contrario, el triunfo de candidatos no masistas en Achacachi, Corocoro, La Paz u Oruro puso en evidencia la emergencia de liderazgos y agrupaciones políticas al margen del Movimiento Al Socialismo.
Luego, el paro de 24 horas convocado por la COB, el ataque de los fabriles al Ministerio de Trabajo, la huelga general indefinida por un mejor incremento salarial o los fatídicos hechos del 7 y 8 de mayo en Caranavi pintan un escenario político alterado y modificado, por razones poco conocidas y relacionadas con la actuación de los hombres más influyentes en torno al Jefe de Estado, en el gabinete de ministros, en el Congreso Nacional como en el Conalcam. ¿Por qué será que algunos dirigentes que piden cambios a ciertas medidas del Gobierno cuestionan la actuación del entorno presidencial?
Ese distanciamiento ha llegado a su primer pico, con un lamentable y doloroso resultado en Caranavi, donde el diálogo reivindicado por la revolución democrática y cultural no ha sido usado y mucho menos agotado y, por el contrario, se ha puesto en marcha un operativo policial muy complejo, pero ordenado con alarmante facilidad.
Han retornado los síntomas de la conflictividad características del occidente del país. Aún no se conoce si estas señales provienen de un problema profundo o de demandas estructurales. O, por el contrario, son consecuencia de pequeñas disputas. Como fuere, el Gobierno debe demostrar su capacidad de diálogo y concertación con todos y cada uno de los sectores sociales.
Sin embargo, como ha ocurrido con los gobiernos del pasado, el actual echa mano de argumentos viejos pero eficaces para ocultar problemas internos: denunciar conspiraciones políticas e internacionales. Falta poco para que los sindicalistas que demandan un incremento salarial, que exigen mercado para productos de exportación, una planta de cítricos o demandan respeto a las autonomías sean vinculados al grupo del extinto mercenario Eduardo Rózsa Flores. En otras palabras, diálogo y gestión, en lugar de victimizarse. (Editorial de La Prensa de La Paz)
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