Persisten los atropellos a la prensa y parece que continuarán en el futuro, puesto que por parte del Gobierno de Evo Morales Ayma, aparte de censuras a los autores de los hechos y de vagos anuncios sobre investigaciones, no se hace nada en serio para contener una serie que, de proseguir, ensombrecerá mucho más todavía la imagen gubernamental ante los países de la comunidad internacional, espacio en el cual parecen regir ahora más cuestionamientos que aplausos a la emergencia étnico-neopopulista de Bolivia.
Algunos de los referidos atentados son hoy puestos en conocimiento de organismos internacionales por parte de diversas organizaciones de la prensa. Ponen así de manifiesto su profunda molestia por los recurrentes agravios masistas a la integridad de los reporteros y camarógrafos, así como a las libertades de prensa e información. Obviamente que buscan contraponer una presión internacional al ímpetu vejatorio del oficialismo.
No podía ser más patético el caso de los censurables excesos cometidos contra un reportero y un camarógrafo de un canal privado de televisión durante el secuestro de un agropecuario involucrado en supuestos ilícitos.
Quienes tendieron sobre el piso a estos periodistas, amedrentándolos con disparos y sometiéndolos a golpes, no eran asaltantes comunes, peor todavía fantasmas, sino personas de carne y hueso con nombres y apellidos concretos en los registros de personal de subgrupos institucionales de la Policía, que depende del Ministerio de Gobierno. Por tanto, no sólo los hombres de esta Secretaría de Estado, sino también los del Palacio Quemado de La Paz, a esta altura de los acontecimientos, saben ya de forma precisa quienes son los autores de los referidos e intolerables atropellos. Resulta muy sugerente, en consecuencia, que en aquellas instancias y en cuanto a identidades personales se refiere, mantengan el asunto en la más inexplicable reserva.
En casos así, porque representan flagrantes delitos tipificados por el Código Penal, además de abiertas transgresiones a principios constitucionales sobre libertades y derechos humanos, los autores deben ser inmediatamente detenidos y puestos a disposición de la justicia para que se les abra el respectivo proceso. Lamentablemente, en vez de aclararlos, el Gobierno hace recaer una densa nebulosa sobre los hechos. Sólo dice que “investigará” y “procesará”, guardando en reserva la identidad de los autores, así como de las autoridades que los enviaron al lugar de los atropellos, aparentemente sin tomar recaudo alguno respecto a normas y procedimientos a los cuales ajustar su acción.
El Gobierno todavía está a tiempo de sentar los precedentes suficientemente intimidatorios contra todos los que desde sus filas partidarias o sectores institucionales del Estado atropellen a la prensa, violando sus libertades básicas. Si no lo hace, simple y llanamente, terminará con su imagen y prestigio más desportillados que nunca. (Editorial del diario El Deber, SC,Bolivia)
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