sistemática, premeditada, bestialmente atacada la Suprema, como todo el aparato de Justicia se cae por acción de Evo. y el mundo? bien, gracias!

Con 62 votos, todos del oficialismo, la Cámara de Diputados autorizó anoche el enjuiciamiento y la suspensión del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eddy Fernández, acusado de retardación de justicia en tres juicios de responsabilidades. La decisión amenaza retrasar el proceso al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, pues el máximo tribunal se queda sin quórum.
El Suprema se encontraba trabajando con el quórum mínimo de ocho de 12 miembros, y con la suspensión de Fernández la sala plena no podrá reunirse para resolver temas como el nombramiento de conjueces y de vocales de las cortes departamentales de justicia, que son atribución de los ministros titulares, informó la oficina de prensa de este órgano.
Otro riesgo como efecto de la suspensión de Fernández es la paralización del juicio de responsabilidades contra Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado de genocidio, pues la ex ministra y también acusada en el mismo caso, Mirtha Quevedo, recusó ayer a todos los miembros del Tribunal que atiende el proceso y, para reemplazarlos, se requiere que la sala plena se reúna y designe a nuevos conjueces, ya que de los 12 que hay, ocho fueron recusados, dos están en otros casos y sólo quedan dos conjueces, Bernardo Wáyar y Édgar Ordóñez.
“Al ser evidente (esa recusación) no habrá un tribunal que ahora la resuelva, porque precisamente estaba funcionando con todos los conjueces. La Corte Suprema de Justicia, con el quórum respectivo, tuviera que nombrar a notables abogados para que puedan resolver esa recusación planteada en esa petición de medidas cautelares”, explicó Fernández poco antes de conocer su destitución y al referirse a la demanda planteada por Quevedo.
En todo caso, la autoridad señaló que la responsabilidad de la paralización del juicio a Sánchez de Lozada, al suspenderlo como ministro y con todas sus consecuencias, “la asume también la clase política, al adoptar sus determinaciones”.
El abogado de las víctimas de “octubre negro”, Rogelio Mayta, explicó que la demanda de Quevedo “surte el efecto de que los jueces que fueron recusados no pueden realizar ninguna actuación y la que hicieran puede quedar nula posteriormente. Bajo ese principio, queda todo paralizado”.
Explicó que para resolver esa demanda “debe ser constituido ese tribunal de recusación por los otros miembros de la Corte Suprema de Justicia. Eventualmente van a convocar a otros conjueces y, si fuera necesario, inclusive a abogados notables para conformar el tribunal, ese es el mecanismo aberrado que han generado en los anteriores juicios de responsabilidad”, señaló.
Casi a la media noche de ayer la Cámara de Diputados resolvió suspender a Fernández luego de 18 horas de tratamiento del caso, que comenzó el martes con la lectura del informe de la Comisión de Constitución que hizo la imputación. La defensa de Fernández continuó ayer con su exposición ante los diputados.
La sesión se desarrolló sólo entre unos cuantos asistentes que estuvieron de corrido en la sesión, mientras otros salían y entraban para no dejar la sala sin quórum, mecanismo al que finalmente recurrió la oposición para intentar evitar que el oficialismo apruebe el informe que requería de la mayoría absoluta de los miembros presentes.
Al final, el oficialismo logró el quórum con tres opositores de Unidad Nacional (UN). 66 legisladores estaban presentes. La votación fue: 62 votos por el Sí al enjuiciamiento a Fernández, tres por el No (todos de UN) y un voto blanco de Johnny Tórrez (MNR).
Los otros opositores que veían desde fuera del hemiciclo la votación, colaron un cartel que decía: “Los asesinos del Poder Judicial: el MAS y los traidores de Colanzi, Mendoza, Becerra (UN) y el Movimiento Sin Miedo”.
El supremo dice que hay terrorismo
El suspendido presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eddy Fernández, denunció que se ejercita un “terrorismo legal” impulsado desde el Gobierno contra los miembros del Poder Judicial.Fernández aseguró que no renunciará a su cargo y que se defenderá en todas las instancias correspondientes, al ser éste un juicio político.
“Hay terrorismo legal, porque se quiere hacer creer a la población de que se está cumpliendo la ley, pero en el fondo es la política la que está inmiscuyéndose en el tratamiento de estos procesos, no otra cosa significa que autoridades del Poder Ejecutivo salgan atacando al Poder Judicial cuando debieran cumplir las responsabilidades de sus carteras”, señaló el magistrado.