Como cara visible del conflicto, el pasado jueves, en la víspera del día internacional del trabajo, miles de trabajadores de la educación urbana tomaron las calles de la ciudad de La Paz para exigir la renuncia del principal dirigente de la COB, Pedro Montes, al que acusan de haber traicionado los principios del sindicalismo revolucionario a favor de un gobierno indígena que impulsa el autodenominado “capitalismo andino” y que se ha convertido en socio de las grandes transnacionales que explotan con igual avidez los recursos naturales y la barata mano de obra local.
“Pedro Montes se ha convertido en una especie de subalterno de Evo Morales, él sólo defiende al Presidente y ya no los intereses de los obreros y trabajadores”, aseguraba la dirigente trotskista del magisterio urbano, Vilma Plata, que resumía las resoluciones de un ampliado laboral del sector que urgió para que la COB remueva a su cúpula dirigencial que estatutariamente ya feneció en su mandato en junio del 2008.
La masiva marcha de los maestros demandaba del gobierno de Morales, además, un incremento salarial de acuerdo a la canasta familiar con escala móvil, fuentes de trabajo permanentes, una ley de pensiones financiada por la patronal y el Estado, y la renuncia del cuestionado Montes.
Esta exigencia, sin embargo, no hizo mella en la dirigencia de la COB que impulsa activamente la campaña para lograr la reelección del presidente Morales en las elecciones de diciembre del 2009. En la mayor parte de las organizaciones laborales de las ciudades y del campo, los cargos directivos han caído en manos de sindicalistas que han virado hacia el gobierno, unos por convicción política, otros por prebendas y cargos en el aparato estatal.
Muchos de ellos ya están haciendo su propia campaña para ser incluidos en las listas de candidatos oficialistas para las elecciones de diciembre y por ello se esforzaron este primero de mayo para mostrar el “peso político” que tienen al movilizar a las bases sindicales en torno al presidente Morales, tal como lo hace el cuestionado líder de la COB.
Presión y cooptación
Montes, un dirigente minero que asumió la dirección sindical en junio de 2006, inicialmente se había declarado “independiente” y prometió defender la “independencia de clase” de los trabajadores, combatiendo los primeros intentos gubernamentales por convertir a la COB en un apéndice del oficialismo.
Sin embargo, desde principios del 2008, Montes integró los sindicatos de la Central Obrera a la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), brazo político-sindical del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales.
En este proceso, la dirigencia de la COB abandonó todas las luchas reivindicativas de los trabajadores y conminó a los sindicatos de base a respaldar abiertamente al presidente Morales o a declararse “opositores de derecha”, para los cuales se reservaba su procesamiento y posterior expulsión.
Esta actitud generó fuerte resistencia y rechazo entre los dirigentes sindicales que no habían sido cooptados por el MAS. “No es quien (Pedro Montes), para considerarnos a nosotros miembros de la oposición, debe quedar claro que nosotros no somos opositores, lo único que mantenemos es nuestra independencia ideológica con respecto al gobierno y peor contra la derecha”, había dicho a nombre de la Central Obrera de Oruro, controlada por los mineros, el dirigente Víctor López, quien recordó que los trabajadores bolivianos siempre han combatido a la derecha, al neoliberalismo, al capitalismo y al imperialismo.
El principal dirigente de los trabajadores de Oruro, Jaime Solares, advirtió, además, que “Pedro Montes será procesado por traicionar a la clase trabajadora y exponer al instrumento de los trabajadores (la COB) como si fuera un partido político del Movimiento Al Socialismo”. “Él (Montes) sabe muy bien que tenemos un congreso próximo a efectuarse y, años atrás en otro similar se dijo que nadie puede comprometer el instrumento de la clase trabajadora. Por lo tanto debe ser juzgado en el tribunal disciplinario”, dijo Solares.
Independencia política
Otros que no confían en la actual dirigencia de la COB ni en Morales, son los combativos sindicatos de los mineros proletarios, que son la vanguardia política e ideológica de los trabajadores bolivianos.
Según Guido Mitma, secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), el presidente Morales “abandonó la agenda de octubre” del 2003, por la que el pueblo se insurreccionó y derrocó a los gobiernos neoliberales de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa. “No estamos comulgando con el MAS, sino tenemos que insistir a este gobierno que cumpla con la agenda de Octubre y los cambios estructurales que pide el pueblo boliviano”. La denominada e incumplida agenda de Octubre incluía la nacionalización sin pago de los ricos yacimientos de gas, petróleo y mineros, la expulsión de las transnacionales, la expropiación de los inmensos latifundios, el encarcelamiento de los gobiernos neoliberales genocidas y la mejora en las condiciones de vida y de trabajo de la empobrecida población boliviana.
El minero Mitma no descartó, por ello, que en el próximo Congreso Ordinario de la COB se defina la formación de un partido obrero que represente los intereses históricos, económicos y sociales de los trabajadores, en consonancia con la agenda de Octubre y en abierta lucha contra la oligarquía y el fascismo. “Siempre hemos tenido en mente eso, de acuerdo a la tesis de Pulacayo, obreros y campesinos al poder, conformando un brazo operativo político (…) para que defienda los intereses del pueblo boliviano, y no como lo está haciendo Evo Morales”.
El terror fascista
En esta batalla por el control de los sindicatos, el presidente Morales, el MAS y la dirigencia de la COB trataban en los últimos días de capitalizar en su favor la reciente desarticulación de un grupo internacional de terroristas fascistas que se organizaban para lograr por las armas la independencia de Santa Cruz, la región oriental del país que, en los hechos, había sido abandonada desde hace dos años en manos de la oligarquía y los 100 poderosos clanes familiares que son dueños de la tierra y los grandes negocios.
Ligados a las transnacionales, y bajo la batuta de la Embajada de Estados Unidos, la oligarquía criolla y los 100 clanes, que estaban arrinconados y temían perder todos sus privilegios por el empuje de las masas en el periodo 2003-2005, comenzaron a recuperar su fortaleza, gracias a la titubeante y conciliadora política de Morales. Hoy, ellos tienen el control de la región oriental y parte de los valles del sur, casi la mitad del país (Santa Cruz, Beni, Tarija y parte de Chuquisaca y Pando).
La política oficial de respeto a la propiedad privada, a los multimillonarios contratos petroleros, a los gigantescos latifundios y la garantía de la nueva Constitución para mantener todas las concesiones y privilegios de la oligarquía han dado nuevo aire y vigor a la racista oligarquía y a los 100 poderosos clanes, que son la fuente de la que emana el fascismo y el terrorismo ultraderechista.
Por ello, los sindicatos radicales que cuestionan a Morales y a la dirigencia de la COB, creen que la única forma de acabar con el fascismo es liquidando el poder de la oligarquía, arrebatándoles el control real sobre la tierra, las minas y los recursos naturales. En cambio, los sindicalistas leales a Morales usan el terror fascista para acallar toda crítica de los sindicatos contra el gobierno, para unir a todas las fuerzas sociales y laborales en defensa del Presidente y para consolidar el control sobre la COB.
Tras los cargos y las prebendas
“Todos los gobiernos de turno siempre pretendieron controlar a la Central Obrera, pero ahora se está dando la variante de que los dirigentes lo hacen en forma más descarada y usan al movimiento obrero y popular para llegar a algunos cargos y luego actuar en contra de ellos. Es el caso del ministro de Trabajo, Calixto Chipana, quien en forma totalmente radical participaba de los ampliados y ahora se lo ve como Ministro; se olvidó de lo que significa la reivindicación de su sector”, dice José Luis Alvarez, uno de los dirigentes de los maestros.
Al comenzar el año, los sindicatos fabriles liderados por Chipana se apostaron frente al Ministerio de Trabajo exigiendo la renuncia del entonces ministro Wálter Delgadillo, y arrojaron tomates y huevos al edificio. El 9 de febrero el dirigente Chipana pasó a formar parte del gabinete de Evo Morales.
Algo similar acontece con la Central Obrera de El Alto que está en manos de Edgar Patana, que pasó de “independiente” a “ficha del MAS”. A principios de año, esta dirigencia se autoprorrogó en su mandato sindical, que por estatutos ya había concluido, y dijo que se quedarían en los cargos hasta diciembre para asegurar la victoria electoral de Morales.
En el caso de los campesinos, la situación no es mejor al interior de la COB. “El castigo para los que no están con la consigna del Gobierno es la expulsión, nosotros teníamos a un representante, Felipe Machaca (que se desempeñaba como secretario general de la COB, el segundo cargo de importancia después del ejecutivo Pedro Montes, NdR), pero lo expulsaron. Lo mismo sucedió con Rufo Calle que fue sacado a la fuerza de la sede”, dice el “mallku” Felipe Quispe, que fue junto al minero Solares uno de los principales actores del derrocamiento del genocida ex presidente Sánchez de Lozada en el 2003.
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