Y cogen una flor de nuestro jardín y no decimos nada. La segunda noche ya no se esconden, pisan las flores, matan nuestro perro y no decimos nada. Hasta que un día, el más frágil de ellos entra solo en nuestra casa, nos roba la luna y conociendo nuestro miedo nos arranca la voz de la garganta. Y porque no dijimos nada, ya no podemos decir nada"
(De Vladimir Maiakovski sobre la esclavitud de pensamiento en Rusia!)
No podemos negar que un panorama oscuro se tiñe sobre Santa Cruz, y por ende nuevamente sobre Bolivia.
Estamos viendo las señales evidentes de que se está por producir un fenómeno represivo de grandes dimensiones. No es que nos guste hacer malos augurios, muy por el contrario, pero es nuestro deber el alertar a la sociedad sobre los signos que muestran el recrudecimiento de un operativo represivo que se cierne sobre el campanario cruceño.
Las nubes grises vienen cargadas de las acusaciones de haber encontrado una célula terrorista, situación que está siendo tratada de tal manera que da claros indicios de que tiene la franca intención de instaurar un criminalización, a la que el gobierno se muestra abiertamente inclinado, haciendo incluso sospechar que ha utilizado el operativo para realizar un amplio proceso de represión sobre el pueblo cruceño.
Decimos esto porque se pretende hacer un pacto antiterrorista, para que el delito quede establecido y las sanciones permitan al gobierno hacer uso del delito de “terrorismo y traición a la patria” que ha sido constitucionalizado en el nuevo texto aprobado forzadamente por el gobierno. El delito de “traición a la patria”, permitirá entonces en esta ocasión poner a los cruceños y a los pueblos y ciudadanos de Bolivia en las manos del gobierno, inermes, sin defensa, situación que desencadenará persecuciones y vejámenes, una terrible cacería de personas que no sean del agrado del Ejecutivo y que estorben a sus planes hegemónicos.
Esto lo anunció el propio vicepresidente Álvaro García Linera, quien dijo que los supuestos cómplices de la banda de mercenarios separatistas desarticulada en abril en Santa Cruz serán sancionados económicamente y juzgados por "traición a la patria", haciendo alusión a que los que resultaran cómplices de los terroristas "tienen que pagar sus penas sin clemencia, ajustado al artículo 124 de la Constitución Política del Estado", lo que expresó García Linera al tiempo de informar que el Poder Ejecutivo elabora un decreto para castigar a quienes según su óptica formaron parte del grupo irregular que planeaba un magnicidio y la secesión de Bolivia.
Incluso se esgrime que este decreto gubernamental se basará en el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación al terrorismo ratificado por Bolivia, según el cual "cada Estado Parte adoptará, de conformidad con sus principios jurídicos internos, las medidas que resulten necesarias para el decomiso de los fondos utilizados o asignados para cometer los delitos indicados y del producto obtenido de esos delitos", dejó saber García Linera a través de una agencia gubernamental, apuntando a que los culpables van a ser juzgados por el delito de traición a la patria, sancionado con 30 años de cárcel sin derecho a indulto.
El artículo 124 de la Constitución establece que "comete delito de traición a la patria quien tome armas contra su país, se ponga al servicio de estados extranjeros participantes, o entre en complicidad con el enemigo, en caso de guerra internacional contra Bolivia; que viole el régimen constitucional de recursos naturales; y que atente contra la unidad del país".
Nadie puede ocultar ya que nos encontramos en un momento extremo en el que el régimen está poniendo todas sus estrategias represivas para tener finalmente la sartén por el mango.
Esto no es un secreto para nadie, pero no se puede soslayar o negar, haciendo de cuenta que no es una espada que pende de la cabeza de los ciudadanos que paulatinamente van quedando desprotegidos, sin goce de garantías mientras el régimen criminaliza incluso a las organizaciones de Derechos Humanos, al tiempo que termina por destruir la institución de justicia y genera una justicia paralela por mano propia, donde se utilizan fiscales y testigos afines al gobierno, incluso sin detenerse ante el amplio y frondoso prontuario delincuencial que portan.
Al mismo tiempo se están llevando a cabo permanentes reuniones de movilizaciones de militantes que se aglutinan en un coliseo de la ciudad cruceña. Estas reuniones nos recuerdan las que existieron a su manera en Porvenir y Riberalta antes de que de ellas surja la determinación de enviar una masiva marcha hacia Cobija con la intención de tomar la prefectura y derrocar a Leopoldo Fernández. Sabemos que la inoportuna marcha terminó justamente en el violento episodio de Pando que dio lugar a que tomen preso al prefecto y militaricen la ciudad, con la secuela de persecuciones, secuestros y violaciones de DD.HH de las personas objetos de represión, que ya son de nuestro conocimiento.
Sabemos que en las reuniones participan altos funcionarios del Ejecutivo y dirigentes Masistas. Las resoluciones que han salido de estos encuentros son aterradoras, porque van desde la toma de tierras hasta la instigación a que se deben tomar cooperativas de servicios públicos, sobre todo la de electricidad, además de una franca incitación a hablar de destruir todo lo que sea dirigencia cruceña y ciudadanía que lucha por su derecho a portar su identidad, su visión país y su derecho a disentir, sin dejar que esta contienda se resuelva en el campo político.
Lo que está ocurriendo en Santa Cruz es cosa seria, y debemos denunciar con premura a la comunidad internacional el serio riesgo en el que se encuentra nuestro departamento y los ciudadanos que ejercen opinión, que abogan por los derechos humanos y que llevan a cabo funciones dirigenciales y por último todos los que por ser cruceños resultan identificados como enemigos por un gobierno con franca definición xenófoba y que pretende usar la ley como un instrumento de persecución, al punto que finalmente está en un intento serio de dejar por sentado que son las palomas las que están contra las escopetas. Nubes Negras, sobre el firmamento oriental. Artículo de Centa Reck, para no olvidar)
(De Vladimir Maiakovski sobre la esclavitud de pensamiento en Rusia!)
No podemos negar que un panorama oscuro se tiñe sobre Santa Cruz, y por ende nuevamente sobre Bolivia.
Estamos viendo las señales evidentes de que se está por producir un fenómeno represivo de grandes dimensiones. No es que nos guste hacer malos augurios, muy por el contrario, pero es nuestro deber el alertar a la sociedad sobre los signos que muestran el recrudecimiento de un operativo represivo que se cierne sobre el campanario cruceño.
Las nubes grises vienen cargadas de las acusaciones de haber encontrado una célula terrorista, situación que está siendo tratada de tal manera que da claros indicios de que tiene la franca intención de instaurar un criminalización, a la que el gobierno se muestra abiertamente inclinado, haciendo incluso sospechar que ha utilizado el operativo para realizar un amplio proceso de represión sobre el pueblo cruceño.
Decimos esto porque se pretende hacer un pacto antiterrorista, para que el delito quede establecido y las sanciones permitan al gobierno hacer uso del delito de “terrorismo y traición a la patria” que ha sido constitucionalizado en el nuevo texto aprobado forzadamente por el gobierno. El delito de “traición a la patria”, permitirá entonces en esta ocasión poner a los cruceños y a los pueblos y ciudadanos de Bolivia en las manos del gobierno, inermes, sin defensa, situación que desencadenará persecuciones y vejámenes, una terrible cacería de personas que no sean del agrado del Ejecutivo y que estorben a sus planes hegemónicos.
Esto lo anunció el propio vicepresidente Álvaro García Linera, quien dijo que los supuestos cómplices de la banda de mercenarios separatistas desarticulada en abril en Santa Cruz serán sancionados económicamente y juzgados por "traición a la patria", haciendo alusión a que los que resultaran cómplices de los terroristas "tienen que pagar sus penas sin clemencia, ajustado al artículo 124 de la Constitución Política del Estado", lo que expresó García Linera al tiempo de informar que el Poder Ejecutivo elabora un decreto para castigar a quienes según su óptica formaron parte del grupo irregular que planeaba un magnicidio y la secesión de Bolivia.
Incluso se esgrime que este decreto gubernamental se basará en el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación al terrorismo ratificado por Bolivia, según el cual "cada Estado Parte adoptará, de conformidad con sus principios jurídicos internos, las medidas que resulten necesarias para el decomiso de los fondos utilizados o asignados para cometer los delitos indicados y del producto obtenido de esos delitos", dejó saber García Linera a través de una agencia gubernamental, apuntando a que los culpables van a ser juzgados por el delito de traición a la patria, sancionado con 30 años de cárcel sin derecho a indulto.
El artículo 124 de la Constitución establece que "comete delito de traición a la patria quien tome armas contra su país, se ponga al servicio de estados extranjeros participantes, o entre en complicidad con el enemigo, en caso de guerra internacional contra Bolivia; que viole el régimen constitucional de recursos naturales; y que atente contra la unidad del país".
Nadie puede ocultar ya que nos encontramos en un momento extremo en el que el régimen está poniendo todas sus estrategias represivas para tener finalmente la sartén por el mango.
Esto no es un secreto para nadie, pero no se puede soslayar o negar, haciendo de cuenta que no es una espada que pende de la cabeza de los ciudadanos que paulatinamente van quedando desprotegidos, sin goce de garantías mientras el régimen criminaliza incluso a las organizaciones de Derechos Humanos, al tiempo que termina por destruir la institución de justicia y genera una justicia paralela por mano propia, donde se utilizan fiscales y testigos afines al gobierno, incluso sin detenerse ante el amplio y frondoso prontuario delincuencial que portan.
Al mismo tiempo se están llevando a cabo permanentes reuniones de movilizaciones de militantes que se aglutinan en un coliseo de la ciudad cruceña. Estas reuniones nos recuerdan las que existieron a su manera en Porvenir y Riberalta antes de que de ellas surja la determinación de enviar una masiva marcha hacia Cobija con la intención de tomar la prefectura y derrocar a Leopoldo Fernández. Sabemos que la inoportuna marcha terminó justamente en el violento episodio de Pando que dio lugar a que tomen preso al prefecto y militaricen la ciudad, con la secuela de persecuciones, secuestros y violaciones de DD.HH de las personas objetos de represión, que ya son de nuestro conocimiento.
Sabemos que en las reuniones participan altos funcionarios del Ejecutivo y dirigentes Masistas. Las resoluciones que han salido de estos encuentros son aterradoras, porque van desde la toma de tierras hasta la instigación a que se deben tomar cooperativas de servicios públicos, sobre todo la de electricidad, además de una franca incitación a hablar de destruir todo lo que sea dirigencia cruceña y ciudadanía que lucha por su derecho a portar su identidad, su visión país y su derecho a disentir, sin dejar que esta contienda se resuelva en el campo político.
Lo que está ocurriendo en Santa Cruz es cosa seria, y debemos denunciar con premura a la comunidad internacional el serio riesgo en el que se encuentra nuestro departamento y los ciudadanos que ejercen opinión, que abogan por los derechos humanos y que llevan a cabo funciones dirigenciales y por último todos los que por ser cruceños resultan identificados como enemigos por un gobierno con franca definición xenófoba y que pretende usar la ley como un instrumento de persecución, al punto que finalmente está en un intento serio de dejar por sentado que son las palomas las que están contra las escopetas. Nubes Negras, sobre el firmamento oriental. Artículo de Centa Reck, para no olvidar)
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