Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), entre los que figuran Bolivia, Ecuador y Venezuela, exigen que la sede de la CIDH salga de Washington, que no ha reconocido el Pacto de San José.
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| tres cancilleres y si se quiere 4 con Choquehuanca. fracaso total en Tiquipaya |
Ayer, en horas de la mañana el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, manifestó que había países que respaldaban el traslado de la sede.
“Hoy ya son 18 los Estados, entre Estados parte y no parte, que se han pronunciado (...) que han dicho que sí, consideran que la sede de la CIDH debe estar en un Estado parte”, dijo.
Pero contrariamente a esa versión, en horas de la noche con la Declaración de Cochabamba, no se conoció de consensos para el cambio de la sede y se anunció la conformación de una comisión para que continúe con el avance de la propuesta.
“Es necesario superar los desafíos para que se llegue a una efectiva concreción”, expresó el Canciller ecuatoriano, que también hizo referencia a que en Guayaquil, durante la I Conferencia, se consideró la conveniencia del traslado y que ahora en la II Conferencia el avance ha sido la conformación de la Comisión para que avance en el trabajo. “Es necesario madurar más la idea”, acotó.
El encuentro de los representantes determinó la conformación de una Comisión a cargo de Uruguay y Ecuador para trabajar en torno al traslado de la sede y temas presupuestarios, reglamentarios, funcionales.
El canciller de Brasil, Antonio Patriota, evitó referirse a una postura específica sobre el cambio de la sede de la CIDH, pero sí manifestó que se debe evaluar el aspecto de los costos que esto implicaría.
“Se deberá determinar qué vamos a avanzar en la consideración de la conveniencia de traslado de la sede, examinando los aspectos de costos, jurídicos y otros que puedan estar involucrados en este proceso”, señaló.
Por su lado, el vicecanciller de Bolivia, Juan Carlos Alurralde, hizo énfasis también en los costos que podría constituir el cambio de sede.
“En base a esta información es que los países parte van a tomar la decisión del traslado, de la pertinencia o no del traslado”, dijo agregando que además debe analizarse los beneficios o afectación, considerando, por ejemplo, a los países caribeños.
El embajador de Argentina, Ariel Basteiro, manifestó que en este encuentro se profundizó lo tratado en la I Conferencia realizada en el mes de marzo.
Esta autoridad sostuvo que sí hubo consenso entre los participantes. “Hubo consenso, no se acordó dónde (podría ser la sede), se está discutiendo”, mencionó e hizo referencia a que existen países que propusieron ser la sede de la CIDH. De manera extraoficial se conoce que entre estos Estados están Perú, Costa Rica y Argentina.
La 43 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) está programada para realizarse de 4 a 6 de junio en Guatemala.
Basteiro no descartó que en el encuentro de los 34 países miembros de la OEA se pueda llegar a una determinación sobre este tema.
En todo caso cualquier conclusión de la II Conferencia, realizada ayer en Tiquipaya, se traduce en propuestas. Las determinaciones oficiales pueden tratarse en la Asamblea de la OEA.
Declaración de Cochabamba incluye cinco conclusiones
El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, fue el encargado de dar lectura de la Declaración de Cochabamba tras la realización de la II Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Los países participantes acordaron las siguientes acciones:
1. Conformar la Comisión Especial de Ministros de Relaciones Exteriores para realizar visitas a los países que no forman parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Especial estará compuesta por los ministros de Relaciones Exteriores que representen a Suramérica (Uruguay), el Caribe (Haití), Centroamérica (pendiente) y Norteamérica (pendiente). A su vez, esta Comisión organiza un foro de Estados Parte y Estados no Parte con participación de la sociedad civil y otros actores sociales, para afianzar y promover la universalidad del Sistema. Los ministros informarán al respecto durante la tercera reunión.
2. Avanzar en la consideración de la conveniencia de que la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) esté ubicada en un Estado Parte de la Convención a través de la creación de un grupo de trabajo abierto, encabezado por Uruguay y Ecuador, que identifique los desafíos presupuestarios, reglamentarios y funcionales de dicho traslado. Un informe sobre este trabajo deberá ser presentado en la III Conferencia de Estados Parte de la Convención.
3. Proponer a la Asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA) que encomiende a la CIDH incorporar en su plan estratégico una Guía de Promoción de los Derechos Humanos, que incluya eventos de difusión sobre prácticas nacionales de todos los Estados.
4. Solicitar al Secretario General de la OEA que presente al Consejo Permanente el análisis detallado de las fuentes de financiamiento de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el más corto plazo.
5. Encargar a Ecuador y Bolivia las coordinaciones necesarias con los Estados Parte para la organización de la III Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Los países participantes acordaron las siguientes acciones:
1. Conformar la Comisión Especial de Ministros de Relaciones Exteriores para realizar visitas a los países que no forman parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Especial estará compuesta por los ministros de Relaciones Exteriores que representen a Suramérica (Uruguay), el Caribe (Haití), Centroamérica (pendiente) y Norteamérica (pendiente). A su vez, esta Comisión organiza un foro de Estados Parte y Estados no Parte con participación de la sociedad civil y otros actores sociales, para afianzar y promover la universalidad del Sistema. Los ministros informarán al respecto durante la tercera reunión.
2. Avanzar en la consideración de la conveniencia de que la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) esté ubicada en un Estado Parte de la Convención a través de la creación de un grupo de trabajo abierto, encabezado por Uruguay y Ecuador, que identifique los desafíos presupuestarios, reglamentarios y funcionales de dicho traslado. Un informe sobre este trabajo deberá ser presentado en la III Conferencia de Estados Parte de la Convención.
3. Proponer a la Asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA) que encomiende a la CIDH incorporar en su plan estratégico una Guía de Promoción de los Derechos Humanos, que incluya eventos de difusión sobre prácticas nacionales de todos los Estados.
4. Solicitar al Secretario General de la OEA que presente al Consejo Permanente el análisis detallado de las fuentes de financiamiento de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el más corto plazo.
5. Encargar a Ecuador y Bolivia las coordinaciones necesarias con los Estados Parte para la organización de la III Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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