El presidente Morales tiene casi todo lo que el poder puede ofrecer: autoridad, prestigio, recursos económicos y aquellas cosas que el dinero puede comprar. Excepto algunos bienes y virtudes, ambos intangibles, como las causas justas, conciencia individual y colectiva, tiempo político. Todo lo demás en el mercado de la vida es posible conseguir con monedas de plata, con rebaja, yapa o a buen precio.
Las causas justas constituyen poderosos argumentos que tienen la virtud de movilizar hasta a los indiferentes y transformar sociedades e instituciones. Algunos bolivianos, cuando eran ‘libre pensantes’ y las ideas circulaban como palomas, forjaron laboriosamente la idea de cambiar el Estado para transformar la sociedad. Esta simple idea se convirtió en una causa justa que sirvió al MAS –cuando no era un partido político pero enarbolaba ideas y principios como la igualdad y la justicia– para persuadir a miles de ciudadanos, lograr el poder y el control del Estado a través del sufragio en las elecciones de 2005. Seguidamente se arremangaron la camisa y metiendo las manos en el barro de la Constitución y en el taller de la Asamblea Constituyente, entre 2006 y 2008, comenzaron a forjar un nuevo texto jurídico que permitiera materializar la ‘causa justa’: cambiar la Ley, el Estado y luego la sociedad.
El nuevo texto constitucional tuvo un parto complicado para nacer manchado por un pecado político y poco original: la mentira y el engaño. Bajo la mefistofélica sentencia de que el fin que se persigue es bueno y, por tanto, ello es suficiente para justificar los medios que se utilicen, se aprobó un confuso texto en Oruro y luego se hicieron más y nuevos ajustes en La Paz, en el Parlamento de la época, en medio de un hostil cerco de sindicatos campesinos, mineros y clases medias desencantadas con los partidos políticos de aquel tiempo intenso.
La mentira y el engaño poco original fue la renuncia del presidente de entonces a la posibilidad de la relección indefinida, disposición presente en los borradores constitucionales y la adopción de una ambigua redacción en el texto definitivo, que habilita a todo gobernante en ejercicio a optar por la relección inmediata, sin esperar ni dejar pasar un periodo constitucional, como establecían viejos textos constitucionales.
La patraña de la renuncia a la relección inmediata es el medio y el pecado poco original, que tiene la apariencia de un buen fin, de una buena causa, pero que no tendrá el perdón del pueblo en las próximas elecciones
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