Las repercusiones del escándalo político y judicial que ha desatado la existencia de una red de corrupción y extorsión que operaba desde el Ministerio de Gobierno y de la Presidencia, son tantas a nivel nacional e internacional, que se desencadenan como una bola de nieve, porque cada día, se conocen más detalles y situaciones de este asunto que, seguramente, configura una de las preocupaciones mayores en el aparato gubernamental.
Para la oposición se trata de un plato fuerte y bien servido y una de sus primeras reacciones está en pedir la renuncia de los titulares de las carteras ministeriales que se encuentran involucradas. El partido oficialista, a través de un influyente parlamentario, sostiene que deben iniciarse investigaciones rigurosas en los ministerios y que además se debatirá en las filas oficialistas si es necesaria la conformación de una Comisión Legislativa para colaborar en el caso y dar con todos los responsables. En estos criterios coinciden, como pocas veces lo hacen, los opositores que también consideran que es necesario que se vea un nivel fuera del Ejecutivo que realice las investigaciones, o bien que sea el Ministerio Público recientemente renovado en su titular principal.
En lo que corresponde a la Asamblea Legislativa existe opinión concordante entre oficialistas y opositores que una Comisión Mixta coadyuve en las investigaciones de la red de corrupción y que reciba las denuncias de todas las personas que fueron o trataron de ser extorsionadas por el grupo de funcionarios de Gobierno, lo que en realidad sería lo más adecuado.
Pero de todas las reacciones, que como se ha dicho, son muchas, hay una que sobresale por quien lo dice y porque se trata de una reflexión que va más allá de este complicado trance que afecta al Gobierno. Se trata del ministro de Educación, Roberto Aguilar, quien considera que se debe mejorar los niveles de control de los funcionarios públicos para evitar actos irregulares que se puedan dar al interior del aparato estatal. El ministro Aguilar, que se caracteriza por su serenidad e intelecto, comenta que en su ministerio constantemente se hace cruce de información con la verificación de contratos para detectar posibles irregularidades y cuando se evidencia se pasan los casos al Ministerio de Transparencia y en otros se opta por la suspensión de contratos o de los funcionarios involucrados.
Se trata de consejos que de algún modo interpelan o cuando menos plantean respecto a tareas que no se realizaron en los ministerios donde se develó la red de corruptos y extorsionadores. El cruce de información en un ministerio parece lo más próximo que se tiene que ejercitar en la administración pública y también lo más básico.
El ministro Aguilar abunda aún más y señala que cualquier mecanismo de control es positivo y dice que es parte de una obligación y de un proceso que debe estar continuamente establecido, “seguimiento desde adentro y desde afuera, para que no se presenten situaciones tan críticas, horribles como la que se ha presentado en este caso”.
Las investigaciones si se realizan de manera clara y hasta el final, seguramente, dejarán algunas luces sobre los entretelones que se presentaron, pero además sobre las responsabilidades de otros funcionarios públicos que sin estar comprometidos con la red de la corrupción, no pudieron, no supieron o quizá no quisieron detectar una situación, que como se sabe, se arrastra desde hace años.
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