El Deber dice basta de hechos de naturaleza criminal en que se incuban fortunas a espaldas de un pueblo impotente cuando se refiere al cas Ostreicher de corrupción extrema

El caso del ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher ha destapado una red de corrupción cuyos alcances no terminan aún de conocerse. Muy penoso lo sucedido, sobre todo por el daño  casi irreparable  propinado a la imagen internacional boliviana y por ocurrir, además, en el seno de una administración que prometió solemnemente desde el inicio de su gestión  (2006) “corrupción cero”. Está visto  -penosamente- que sí han habido muchos ceros, pero a la derecha, como se colige por los millones de dólares que han sido delincuencialmente apropiados en este caso, como también por anteriores escándalos  no menos millonarios y que siguen salpicando al Gobierno de Evo Morales. 
Cabe esperar que las autoridades ejerzan de una buena vez acciones con la dureza y rigor que este triste caso de Ostreicher impone, caiga quien caiga y hasta que se aclare totalmente. De la misma manera, otros asuntos pendientes  que involucran hechos ilícitos deben ser tramitados con idéntica urgencia. Caso contrario, la corrupción seguirá agregando nefastos ceros a su favor.
En el caso de los bienes incautados, cabe resaltar que la corruptela no es de ahora. Viene desde hace muchos años y con distintos gobiernos. En lugar de que esos bienes incautados sean debidamente cuidados y protegidos,  como lo estipula con claridad la ley, se han ido convirtiendo en el festín de turno de funcionarios ladrones e  inescrupulosos. La normativa acerca de los bienes incautados siempre ha sido muy clara, pero  también siempre se la ha incumplido. Los bienes incautados a cualquier sospechoso de actividades vinculadas con el narcotráfico tienen que ser inventariados y puestos en custodia del Estado  mediante el organismo gubernamental  a cargo, hasta tanto se concluya la investigación correspondiente y termine el proceso judicial. Al dictarse sentencia ejecutoriada, si el acusado es declarado inocente, se le debe devolver la totalidad de los bienes incautados exactamente en la misma  cantidad y calidad de cuando se hizo la incautación. Si, por el contrario, el acusado es declarado culpable, entonces esos bienes incautados serán confiscados  definitivamente y pasan a ser de dominio del Estado, quien mediante normas al respecto dispondrá de ellos para diversos usos o necesidades públicas. Todo muy bien  aclarado y la letra de la normativa así lo expresa, pero  he aquí que la realidad ha sido muy diferente. Cada vez que se han incautado bienes, estos casi siempre han “desaparecido” o fueron alevosamente distribuidos, utilizados, malversados, desgastados, inutilizados, etc. La lista de tropelías es larga, cada tanto la crónica periodística ha ido reflejando diversos hechos de oprobio con respecto al mal uso de los bienes incautados.
Esta vergonzosa situación anómala -que ha involucrado durante largos años  a muchos funcionarios de la Dirección de Bienes Incautados en complicidad con otras áreas administrativas estatales- tiene que alterarse drásticamente y para bien. El camino inicial para ello es la aplicación con dureza de sanciones ejemplares que sirvan de escarmiento, para evitar así  la gravosa continuidad de estos alevosos actos que tanto perjudican la imagen del Estado boliviano, al mismo tiempo que incuban oscuras fortunas  a espaldas y a costillas de un pueblo que mira impotente estos zafarranchos de franca naturaleza criminal. ¡Basta ya!