En fin, en estos tiempos de extorsión, estamos a punto de que se promulgue una norma que es eminentemente extorsiva
La Cámara de Diputados sancionó la noche del lunes el proyecto de Ley de Seguro Privado de Vida e Invalidez Permanente por Accidentes, Enfermedades en General u otras Causas para Trabajadores de la Prensa de Bolivia. De nada han valido los argumentos que los diferentes gremios del periodismo interpusieron ante las autoridades de los órganos Ejecutivo y Legislativo demostrando que dicho proyecto es inconstitucional y que más que favorecer a los trabajadores de la prensa, puede afectarlos porque significa en los hechos la imposición de un nuevo impuesto.
Es que no sólo que quienes han promovido este proyecto han mentido descaradamente respecto a sus objetivos y las bases que lo sustentan, como se demostró fehacientemente en la Cámara de Senadores, sino que, en el fondo, y como lo hemos sostenido desde que el malhadado proyecto ingresó en la agenda pública, se pudo observar en él que su objetivo central no es tanto beneficiar a los trabajadores de la prensa cuanto acosar a los medios independientes y contar con recursos extraordinarios, que fácilmente podrán ser destinados a campañas políticas de dudosa legitimidad.
Resumiendo, los medios privados deberán aportar el 1 por ciento (los llamados comunitarios sólo el 0,25) de sus ingresos mensuales al fondo, y la administración de estos recursos, salvo que se haya incluido algún cambio en la redacción final, estará en manos de un comité conformado por tres representantes del Estado, un representante de los propietarios de medios de comunicación, y un representante de la Confederación de Trabajadores de la Prensa.
Esto significa que será el Estado el que tendrá la capacidad de definir el destino de los fondos remanentes una vez pagado el seguro, y no hay por qué no creer que podrían incluso aportar a campañas propagandísticas, si nos atenemos, por ejemplo, a los spots publicitarios elaborados por el Ministerio de Comunicaciones en los que niños agradecen al presidente Evo Morales por el pago del Bono Juancito Pinto, como si éste fuera financiado por sus propios recursos y del Estado.
Las susceptibilidades han crecido también por la campaña que se ha desplegado para que, contra viento y marea e incluso mintiendo descaradamente, el proyecto sea aprobado y una vez sancionado se puede presumir que su promulgación es cuestión de horas. Lo que queda, y es probable que así actúen las organizaciones del gremio, es recurrir al Tribunal Constitucional demandado la inconstitucionalidad de esta norma.
Desde otro enfoque es de lamentar que sea desde el Órgano Ejecutivo que se ponga en duda la eficacia de la acción estatal. Al promover este seguro privado, se cuestiona la eficacia de los servicios que el Estado debe proporcionar a la ciudadanía. Es no más reconocer que el seguro médico y las AFP, que velan por la seguridad social de todos los trabajadores y empleados del país no funcionan, ni los aparatos llamados por ley pueden garantizar la seguridad ciudadana. Y como no lo hacen, se dispone recurrir a un seguro privado contradiciendo, además, el discurso estatista predominante en las autoridades del Gobierno.
En fin, en estos tiempos de extorsión, estamos a punto de que se promulgue una norma que es eminentemente extorsiva. Así de sencillo.
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