El Banco Mundial calificó a Bolivia en uno de los peores lugares en su tabla de Doing Business, referida a las condiciones que existen en los diferentes países para hacer negocios. El Gobierno nacional hizo una observación a esta calificación, con el argumento de que cómo puede ser que las condiciones para hacer negocios sean malas cuando la economía muestra tan buenos resultados.
En respuesta, el organismo mundial ha revelado que el Gobierno del presidente Evo Morales creó un total de 198 normas que perjudican el desempeño de las empresas. Un cruce de opiniones que viene a dar la razón a quienes atribuyen los positivos indicadores de la economía solo a los precios internacionales. Dicho de otra manera: la economía está bien “a pesar del Gobierno”.
El clima creado por el actual Gobierno para la economía, porque lo que existe no puede llamarse una ‘política económica’, es de incertidumbre: no existe una ley de inversiones que siente las bases de las ‘seguridades jurídicas’ que desean los inversionistas. El concepto de seguridad jurídica engloba a la existencia de leyes claras y de un sistema judicial apto, que no obedezca a presiones políticas, sino que refleje solamente lo que dice la ley.
Si en Perú, este año, las inversiones extranjeras solamente del sector minero sumaron 7.000 millones de dólares, es porque en ese país se respetan las leyes, y las condiciones son iguales para todos, según la definición que usó el presidente Ollanta Humala en un reciente foro.
Por lo tanto, el Gobierno nacional tendría que tomar en cuenta las calificaciones hechas por el Banco Mundial en lugar de protestar contra ellas y decir que si el país crece a un 6% es porque hay un buen clima para las actividades económicas. Las operaciones mineras asaltadas en estos años, los predios agrícolas tomados, las ‘nacionalizaciones’ reales o ficticias solo empeoran la imagen del país en el exterior.
Que la Unión Europea recuerde todas las semanas al Gobierno su compromiso de aprobar la Ley de Inversiones se ha convertido en una escena vergonzosa para el país. Y que el Gobierno responda que esa ley será aprobada “lo antes posible”, cuando se haya concluido la agenda patriótica, es algo que ha comenzado a molestar a los propios ciudadanos. La economía legal es una cosa seria. Hay que tratarla como tal.
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