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domingo, 3 de noviembre de 2013

alarma. sobresalto. incredibilidad despiertan en Bolivia y fuera de ellas las noticias de los linchamientos escalofriantes que se suceden tan a menudo sin una lógica explicación, al punto que DDHH, la ONU, la Cruz Roja, Amnisty International, la OEA están sorprendidos de tanta violencia en Bolivia, especialmente en la región productora de coca como es El Chapare

Un minucioso monitoreo arroja la escalofriante cifra de 60 casos de linchamiento en Bolivia desde septiembre de 2011. Muy pocos de esos hechos son investigados por los organismos jurisdiccionales  y se conoce que uno solo ha llegado al esclarecimiento final en las instancias judiciales.
Los ideólogos del masismo no dejan de insistir que esos episodios no tienen nada que ver con la denominada "justicia comunitaria", pero lamentablemente hacen muy poco por demostrarlo con hechos; es decir, coadyuvando a través del Ministerio de Gobierno y la Policía para que se investiguen y se sancionen los asesinatos cometidos a sangre fría. Lo lamentable es que existen indicios de que el régimen político no solo tolera el linchamiento por cuestiones "culturales", sino que lo usa como un instrumento simbólico que infunde temor en la población, sobre todo entre los contrarios al sistema dominante, pues casi siempre los que ejercen la violencia son sectores allegados a la ideología gubernamental, algunos con rango de "intocables". El caso más claro es el Chapare, región donde se han producido 16 linchamientos en los últimos cinco años, tres de los cuales han ocurrido en el mes de octubre. La opinión pública ha podido contemplar la saña con la que han actuado las turbas, que incluso han recurrido a extraños rituales como corolario de sus fechorías y por supuesto a un código de silencio que goza de la connivencia de organizaciones sociales y sindicales de la zona. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha emitido un informe de 28 puntos relacionado a Bolivia en el que recomienda tomar "medidas urgentes" para evitar los linchamientos y garantizar que estos casos sean investigados. La sugerencia se hizo en la sede central del organismo de Ginebra, donde comparecieron cinco países en la sesión del Comité que tuvo a su cargo el seguimiento a la aplicación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. En su informe, la entidad expresa su preocupación por el elevado número de casos de linchamiento y los escasos procesos penales contra los supuestos responsables. "El Estado debe tomar medidas urgentes para garantizar que todos los linchamientos sean investigados sin demora, los autores enjuiciados y sancionados debidamente, y que las víctimas reciban una reparación", recomienda el comité, compuesto por expertos y juristas independientes. 

Otro hecho que ha despertado la preocupación en Ginebra ha sido el referido a la investigación y procesamiento de las denuncias de tortura. Según la conclusión a la que ha llegado el mencionado comité, las medidas tomadas en Bolivia para esclarecer estos hechos han sido insuficientes y están muy lejos de llegar a una sanción, sobre todo los que se producen en comisarías, dependencias de la Policía y en las cárceles. No hay duda que el fenómeno de los linchamientos y las torturas también están relacionado con la manipulación y la instrumentalización de la justicia boliviana. Tiene que ver con la impunidad que rige para los privilegiados, con la falta de profesionalismo de los organismos de seguridad y, por supuesto, con la corrupción que está muy lejos de erradicarse en el Poder Judicial. Los linchamientos constituyen el rostro más grotesco de un problema –la ausencia de justicia-, que se ha agudizado en el país y que nos impide construir un Estado sólido y moderno.
El caso más claro es el Chapare, región donde se han producido 16 linchamientos en los últimos cinco años, tres de los cuales han ocurrido en el mes de octubre. La opinión pública ha podido contemplar la saña con la que han actuado las turbas, que incluso han recurrido a extraños rituales como corolario de sus fechorías y por supuesto a un código de silencio que goza de la connivencia de organizaciones sociales y sindicales de la zona.

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