A título de consulta, la Asamblea Legislativa ha remitido ante el Tribunal Constitucional la interrogante acerca de si Evo Morales Ayma puede ser candidato a la reelección en los comicios electorales del venidero 2014. Dicha consulta, a la luz de la Constitución Política del Estado en actual vigencia, es por demás innecesaria dado que el texto constitucional a través de una de sus disposiciones transitorias refiere que los mandatos anteriores serán tomados en cuenta a la hora de los cómputos respecto de la participación electoral, y en tal sentido, también la propia Constitución refiere que la reelección sólo es posible por una vez.
Teniendo en cuenta estos precedentes constitucionales tenemos que en la actualidad el presidente Evo Morales se encuentra ejerciendo su segundo mandato, por beneficiarse con la reelección por una sola vez el pasado año 2010, razón por la cual y conforme establece la referida Constitución, no es legal, ni constitucional un segunda postulación del presidente masista.
A sabiendas de que el Tribunal Constitucional forzará una interpretación constitucional que termine habilitando al candidato masista es que ha sido remitida a su conocimiento la consulta promovida por una Asamblea Legislativa que, a diferencia de lo que acontecía en el pasado,es una instancia “legislativa” completamente subordinada a los designios del Poder Ejecutivo, subordinación que se la exhibe a título de una falsa e inexistente independencia entre los Órganos del Poder del Estado.
De esta manera es que muy poco duró el discurso acerca del advenimiento de un nuevo Poder Judicial, que de nuevo tiene muy poco, porque sus prácticas son iguales a las vistas con anterioridad y en el pasado no muy reciente. Este estado actual revela que estamos en los umbrales de una cancelación casi definitiva del estado de derecho, o lo que es lo mismo, ante la inminencia del desconocimiento fáctico de la democracia como sistema. Semejante cuadro reinante no podíamos haber imaginado durante las largas jornadas de recuperación democrática que nos tocó vivir hace exactamente treinta años atrás. Y es que los mayores atentados contra el orden constitucional resulta que vienen aconteciendo en plena vigencia de un estado de derecho, así como van las cosas, de democrático sólo va quedando el nombre.
Lo que sí es pertinente advertir es que ninguna interpretación constitucional puede suplantar la voluntad popular, podrán gozar y contar con la anuencia del Tribunal Constitucional, pero se harán acreedores de un rechazo nacional.
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