Ahora que se acerca el desenlace, es de esperar que las autoridades gubernamentales sepan ponerse a la altura de las circunstancias
Poco antes de que se cumpla el cuarto aniversario del operativo policial más importante de los últimos tiempos, el que tuvo lugar en Santa Cruz durante la madrugada del 16 de abril de 2009, cuando un grupo de lo más selecto de las fuerzas policiales de élite puestas al servicio de la seguridad gubernamental aniquiló a un grupo de mercenarios sospechosos de organizar actividades subversivas, todo el andamiaje judicial que se montó a partir de ese día está a punto de desmoronarse estrepitosamente.
La misteriosa desaparición del fiscal Marcelo Soza, hasta hace poco uno de los hombres más temidos de Bolivia por los omnímodos poderes que le fueron otorgados para facilitar la exitosa realización de la misión que le fue asignada, y las dificultades en que al sumirse en la clandestinidad ha puesto a las autoridades gubernamentales, que no atinan a dar una explicación convincente de lo que ocurre, son expresiones de la magnitud del enredo del que ahora los involucrados no saben cómo salir.
Ése y no otro era el más previsible desenlace del tan bullado “caso terrorismo” –como maliciosamente fue denominado– pues desde el momento mismo de la ejecución del operativo del hotel Las Américas comenzaron a hacerse visibles demasiados cabos sueltos que ni las fuerzas policiales ni los operadores del Ministerio Público supieron explicar. Fueron desde un principio tantas las incongruencias, que la versión oficial de los hechos nunca fue verosímil.
El asunto, gravísimo de por sí, lo es mucho más si se considera que lo que está en juego es la inminente posibilidad de que el Gobierno resulte perdedor de una apuesta en la que, por voluntad propia, arriesgó su prestigio y credibilidad, exponiéndose, además, a juicios internacionales promovidos por los países de los que muchos de los muertos y acusados eran y son ciudadanos.
Recuérdese, por otra parte, que fueron las propias autoridades gubernamentales las que se esmeraron para dar al caso una extraordinaria proyección internacional y lo hicieron con tanto éxito que ya no es sólo la mirada de la opinión pública nacional, sino la del mundo entero, la que atónita observa los extremos a los que se puede llegar en la mala administración de la justicia, cuando ésta es puesta al servicio de quienes ejercen el poder.
Fue también el Gobierno, por razones de las que siempre se sospechó pero recién ahora comienzan a hacerse visibles, el que unió de manera indisoluble su propia suerte a la de la ofensiva legal iniciada contra parte de la elite cívica, política y empresarial de Santa Cruz radicalizada. Lo hizo sin duda con la certeza de que bien valía correr cualquier riesgo para infligir una derrota –calificada como “estratégica” en la jerga gubernamental– al principal foco de oposición y resistencia regional a su proyecto político.
Ahora, cuando ya no puede seguir postergándose el desenlace de tan importante episodio de nuestra historia contemporánea, sólo cabe esperar que las autoridades gubernamentales sepan ponerse a la altura de las circunstancias.
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