en la crónica de Marco Chuquimia desde luego muy interesante, hay elementos que pudieran inscribirse en "conjeturas y suposiciones" como reacción a la desaparición de Marcelo Soza, sin dejar de lado la intención de desmontar "el juicio.." con fines electorales...(?)

Marco Chuquimia -marco.chuquimia@eldeber.com.bo

La renuncia del fiscal Marcelo Soza Álvarez a su cargo se produjo dos semanas después de que la senadora opositora Carmen Eva Gonzales (CN-PPB) presentara un audio que supuestamente lo involucraba en encubrimiento de extorsión. Esos 14 días, entre la denuncia y la renuncia, fueron cruciales para que el exfiscal tomara la decisión final, no sin algunos empujoncitos del más alto nivel del poder político.

Así lo confirmó el propio ministro de Gobierno, Carlos Romero, que deslizó que el gabinete consideró la denuncia de la senadora apenas la misma salió a la luz pública y él fue designado portavoz para hacer conocer la postura del Ejecutivo.

“Cuando nos hemos pronunciado lo hicimos previo a una  evaluación al más alto nivel. Cuando apareció el audio y me tocó hacer una conferencia a nombre del Gobierno expresando la posición también del presidente (Evo Morales)”, dijo Romero a un programa de televisión.

Pero fuentes del Gobierno explicaron que no solo hubo un ‘análisis’, sino que las posiciones enfrentadas se manifestaron abiertamente a favor y en contra del exfiscal. Según estas versiones, dos de los ministros que conforman el gabinete político se pronunciaron por el relevo de Soza para evitar que el juicio que se realiza en Santa Cruz sea ‘contaminado’ por posiciones políticas. En frente de ellos estaba un grupo más numeroso e influyente. Una vez que ese grupo se impuso, las fuentes señalaron que se aplicó el principio del “centralismo democrático”, término explicado ampliamente por el vicepresidente Álvaro García Linera en una conferencia de prensa y que implica que tras la discusión interna y la decisión de la mayoría, todos –incluso los que no están de acuerdo- respaldan las acciones y descalifican las acusaciones ‘como soldados’.

Fuentes del Gobierno explicaron que hay al menos cuatro grupos dentro el Ejecutivo que pelean sus espacios de poder y que tienen nexos con autoridades judiciales y del Ministerio Público. Estos grupos son: el del vicepresidente Álvaro García Linera, que es el más influyente; el otro grupo es el del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, que tiene sus propios aliados internos; el del ministro Carlos Romero y cierra la lista el grupo del canciller David Choquehuanca.

Las fuentes hicieron notar que, desde el cambio de ministro en la cartera de Gobierno, el trabajo de los asesores y de los fiscales fue observado después de que se realizó una ‘revisión’ de todos los casos en los que el Ministerio de Gobierno era parte querellante. Fue a raíz de esa ‘auditoría’ que se empezó a renovar el equipo de asesores primero y, segundo, las denuncias de extorsión que involucraban a fiscales y funcionarios estatales.

Según el exviceministro de Gobierno Gustavo Torrico, la actual administración de ese ministerio tuvo el cuidado de revisar los casos y tomar interés en ellos más que las anteriores autoridades y descubrió que había demasiadas irregularidades.

Pero dijo que en el caso del exfiscal Marcelo Soza no existe ninguna posibilidad de que el caso sea anulado por los acusados, ya que existió el hecho y las pruebas fueron recolectadas. Además señala que existe una investigación parlamentaria que también entregó su informe.