Después de atropellos y vulneraciones a los derechos humanos, con traslados forzosos, actos ilegales innecesarios y persecuciones, el Tribunal Primero de Sentencia expresamente dio la razón a todos los que sostuvieron desde un principio que el supuesto caso de terrorismo debe llevarse en Santa Cruz.
Pese a la negativa del fiscal Marcelo Sosa, con sus temores infundados, la Justicia trasladó el juicio a sus orígenes tras realizar un tour con los acusados por Cochabamba, Tarija y Beni.
"Este Tribunal dispone el traslado del juicio a Santa Cruz, con el justificativo de seguridad de los imputados aquejados con dolencias", dijo el juez Sixto Fernández, delante de los 19 imputados que asistieron a esa sala y los hicieron entonando el himno nacional.
Los sindicados celebraron así la decisión porque Santa Cruz que es la ciudad donde estaban las pruebas y donde sucedieron los supuestos hechos, lugar de donde nunca debió salir, debido a que fue allí donde el 16 de abril de 2009 la policía realizó un sangriento operativo contra unos jóvenes que dormían en el hotel Las Américas, operativo que durante este tiempo ha sembrado muchas dudas, luego de la revelación de videos y afirmaciones que dan cuenta de una ejecución extrajudicial bien preparada, que fue utilizada por el gobierno del MAS con fines políticos y no jurídico, para descabezar a la oposición ciudadana y cívica.
Es por ello, que la falta de pruebas, algunas destruidas por el Ministerio Público, otras contaminadas y no contundentes que demuestren que los acusados por este supuesto terrorismo y así fundar una sentencia como la pretendida pro los actores, del Ministerio Público, con una Justicia manipulada por el MAS está llevando el juicio a la prolongación y su posterior extinción.
El Ministerio Público, en primer lugar está buscando la dilatación del proceso, en una búsqueda de favorecer al Gobierno, y posteriormente cuando así lo vean por conveniente, llevarán el juicio a la extinción cuando ya no le sirva. Si hubiesen existido como para sentenciar como culpables a los acusados, ya lo hubieran hecho. Pero lo que más llama la atención es la ambigüedad de las acusaciones y la ambivalencia de las supuestas pruebas porque demuestran que todo está siendo magnificado con otros fines que no son los jurídicos.
Traer el juicio a Santa Cruz es una muestra del reconocimiento de que el caso fue llevado en forma ilegal, ya que no se cumplió con el debido proceso. No se puede forzar el proceso para trasladar a otros lugares distintos al sitio donde se llevaron a cabo los hechos, la capital cruceña es su hábitat natural de los acusados y debe ser allí donde se lo realice.
En este caso ya hubo el tiempo suficiente como para poder definir si los acusados son culpables o inocentes y ya es tiempo de definir la situación. La gente debería presionar a las autoridades para que de una vez se defina y dé un fallo que sentencie o absuelva a los acusados.
Asimismo debemos anotar, que el caso del Juez Luis Tapia Pachi debería ser extinguido ya que con la decisión de traer el juicio a Santa Cruz le estarían dando la razón cuando se declaró competente para tramitar el caso terrorismo en la capital Cruceña. Empero, el jurista se vio obligado a salir del país por hacer lo correcto, según las leyes… esas leyes que el gobierno de Evo Morales escribe, reescribe y pisotea.
Gran incongruencia, Tapia Pachi es perseguido, por intentar hacer respetar la jurisdicción y ahora la justicia del interior concuerda con él y envía el caso a su cauce original.
Ya se van a cumplir casi 4 años de esta telaraña que tuvo en su momento el gran trasfondo de desbaratar a la oposición, que se agrandaba y desenmascaraba el fascismo de este gobierno. Ante este peligro, los ideólogos centralistas, ayudados por serviles y traidores a las reivindicaciones ciudadanas del oriente, logran desarticular el movimiento, pero no un movimiento terrorista ni separatista, sino el movimiento de sentimiento puro del pueblo que quería mejores días y el respeto a su derecho universal de pensar distinto.
Por todo ello, abogados y analistas han profetizado que el caso Rósza quedará archivado, ¿será acaso ésta una salida para que el Estado boliviano y sus actores no reciban una sanción internacional por sus accionar en este caso?, esta acusación injusta y falsa de parte del Ministerio Público contra personas inocentes puede quedar en nada porque ya estamos llegando al tiempo en que es posible plantear un recurso de extinción de la acción penal por máxima duración del proceso, es un recurso legal y legítimo a no ser perseguido indefinidamente, si en tres años el gobierno no ha podido encontrar una sentencia y no le interesa, por lo visto, lo que está haciendo es maniobrar para dilatar el caso.
Lo cierto es que la audiencia conclusiva sobre el caso fue suspendida hasta el 4 de marzo, y como si los injustos acusados no hubieran sufrido ya mucho, fueron devueltos a las cárceles de La Paz y Cochabamba, para que dentro de unos días vuelvan a ser trasladados inhumanamente hasta Santa Cruz, fiablemente queda en evidencia la falta de respeto por los profesionales del foro cruceño, sí estuviésemos en otro lugar, por las violaciones a los derecho, a la CPE y a las leyes los actuales mandatarios hubieran sido procesados y no estuvieran al mando del país.
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