Como si la abundante cantidad de cabos sueltos, que desde la noche del 16 de abril de 2009, cuando se realizó el operativo, en el hotel Las Américas de Santa Cruz, donde fueron ejecutados varios sospechosos de participar en actividades terroristas, no fueran ya suficientes para poner en duda las acciones hechas desde esa fecha hasta ahora en la tramitación del proceso penal relativo al caso, durante los últimos días se han sumado nuevos elementos de juicio que no han hecho más que profundizar la desconfianza.
Ello aparece con más evidencia cuando ya no es sólo desde las filas de la oposición, y mucho menos de sus más recalcitrantes sectores, de donde provienen los cuestionamientos a lo actuado por los principales impulsores del proceso penal. Por las nuevas denuncias aparecidas, ahora son los ministros de Gobierno e incluso de Transparencia, quienes han reconocido la necesidad de que el fiscal Marcelo Sosa, que lleva el caso desde el Ministerio Público, sea sometido a una severa investigación, y a esas voces se han sumado las de importantes parlamentarios masistas que, dados los antecedentes, al parecer ya no están dispuestos a poner en riesgo su prestigio en este complejo caso. Abona además a este propósito, alentando la esperanza en la posibilidad de que se abra un resquicio por el que pueda fluir la claridad necesaria para que la verdad histórica sea restablecida, que el Vicepresidente del Estado se ha pronunciado también a favor de que el fiscal Sosa sea sometido a investigación.
Es de esperar que esas voces sean oídas, pues de otro modo, más tarde o más temprano, cualquier omisión será muy severamente juzgada por la historia.
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