¿Fin o principio de las negociaciones?
En términos estratégicos, el MAS ha cedido parte del control de la gestión del Estado. No es posible minimizar el impacto que ha tenido esta movilización.
Con la suscripción del Acuerdo COB-Gobierno, se ha trazado una serie de compromisos entre la representación del Órgano Ejecutivo, formada por los titulares de las carteras de Trabajo, Presidencia, Autonomías y Desarrollo Productivo, además de los viceministros de Coordinación Gubernamental y de Coordinación con los Movimientos Sociales, y los líderes de las organizaciones sociales, aclarándose simplemente que, en la reunión de 36 horas que llevó a este acontecimiento, no participó el Presidente del Estado Plurinacional. Con estas resoluciones, se ha logrado declarar un cuarto intermedio, hasta el 1 de mayo de 2011, en lo que significó la huelga general indefinida, las movilizaciones y los bloqueos que detuvieron y afectaron el normal vivir en diversas ciudades del país. En el aniversario de los trabajadores, queda la expectativa del cumplimiento de los puntos objeto del acuerdo. En el supuesto de que no se efectivice lo pactado, en las formas y alcances vertidos en papel, las acciones de la Central Obrera Boliviana, magisterio y demás sectores se reactivarán y esta vez con consecuencias inciertas para gobernantes y gobernados.
¿Ha concluido el conflicto? Definitivamente no. No sólo por el hecho de que el incremento salarial es insuficiente y que éste no incluye a la totalidad de los afectados
—al respecto, varios delegados departamentales del magisterio han dado a conocer su descontento y disconformidad con el incremento de hasta el 12 por ciento, llegándose a señalar incluso que, a partir de hoy, podrían iniciarse bloqueos de carreteras—, sino que las obligaciones a las que se ha sujetado el Gobierno conllevan un costo político muy elevado. No por nada los sectores que comandaron las negociaciones sienten que han “ganado una victoria” en contra del partido de turno.
La formación de comisiones entre el Gobierno y la COB, destinadas a buscar recursos conducentes a lograr mayores incrementos al salario de los trabajadores, recuperar las empresas capitalizadas y/o privatizadas en gestiones anteriores, analizar la incorporación de proyectos e iniciativas productivas, reestructurar integralmente la Caja Nacional de Salud y otros, conlleva que el Movimiento Al Socialismo, a partir de la fecha, se vea obligado a cogobernar el país de la mano de estas organizaciones. En términos estratégicos, el MAS ha cedido parte del control de la gestión del Estado. No es posible minimizar el impacto que ha tenido esta movilización en la administración de la cosa pública.
Desde el 1 de mayo se prevé la nacionalización de diversas empresas privatizadas. ¿Minera Colquiri, administrada por Pan American Silver Corporation? ¿Sinchi Wayra, empresa filial de Glencore? ¿Servicio de Aeropuertos de Bolivia (SABSA)? Quién sabe. Lo único cierto es que si el Gobierno obra conforme se ha comprometido con la COB, afectará la imagen del país frente a los inversionistas nacionales y extranjeros. Queda claro que, conforme ha expresado más de una vez el Primer Mandatario, “Bolivia requiere de socios, no patrones”. Sin embargo, cualquier socio requiere un mínimo de seguridad jurídica para desembolsar recursos. Una nacionalización, en los términos vertidos por los movimientos sociales, ahuyentará recursos que son imprescindibles para el desarrollo y rentabilidad de las principales empresas públicas.
Por otra parte, si bien la reestructuración de la Caja Nacional de Salud es necesaria, una mala ejecución de esta medida podría derivar en la apertura de una caja de Pandora. Recordemos que el Estado tiene el deber constitucional de proteger la vida y la salud, así como garantizar el acceso al sistema de seguridad social. Si no se planifica, administra y controla este tema con responsabilidad, miles de familias bolivianas pueden verse privadas en el ejercicio de los más sagrados derechos fundamentales.
A todo esto, al ciudadano común, víctima de los conflictos que acechan su entorno, imposibilitado de cambiar el curso de las aguas, le queda preguntarse ¿quo vadis Bolivia?
Con la suscripción del Acuerdo COB-Gobierno, se ha trazado una serie de compromisos entre la representación del Órgano Ejecutivo, formada por los titulares de las carteras de Trabajo, Presidencia, Autonomías y Desarrollo Productivo, además de los viceministros de Coordinación Gubernamental y de Coordinación con los Movimientos Sociales, y los líderes de las organizaciones sociales, aclarándose simplemente que, en la reunión de 36 horas que llevó a este acontecimiento, no participó el Presidente del Estado Plurinacional. Con estas resoluciones, se ha logrado declarar un cuarto intermedio, hasta el 1 de mayo de 2011, en lo que significó la huelga general indefinida, las movilizaciones y los bloqueos que detuvieron y afectaron el normal vivir en diversas ciudades del país. En el aniversario de los trabajadores, queda la expectativa del cumplimiento de los puntos objeto del acuerdo. En el supuesto de que no se efectivice lo pactado, en las formas y alcances vertidos en papel, las acciones de la Central Obrera Boliviana, magisterio y demás sectores se reactivarán y esta vez con consecuencias inciertas para gobernantes y gobernados.
¿Ha concluido el conflicto? Definitivamente no. No sólo por el hecho de que el incremento salarial es insuficiente y que éste no incluye a la totalidad de los afectados
—al respecto, varios delegados departamentales del magisterio han dado a conocer su descontento y disconformidad con el incremento de hasta el 12 por ciento, llegándose a señalar incluso que, a partir de hoy, podrían iniciarse bloqueos de carreteras—, sino que las obligaciones a las que se ha sujetado el Gobierno conllevan un costo político muy elevado. No por nada los sectores que comandaron las negociaciones sienten que han “ganado una victoria” en contra del partido de turno.
La formación de comisiones entre el Gobierno y la COB, destinadas a buscar recursos conducentes a lograr mayores incrementos al salario de los trabajadores, recuperar las empresas capitalizadas y/o privatizadas en gestiones anteriores, analizar la incorporación de proyectos e iniciativas productivas, reestructurar integralmente la Caja Nacional de Salud y otros, conlleva que el Movimiento Al Socialismo, a partir de la fecha, se vea obligado a cogobernar el país de la mano de estas organizaciones. En términos estratégicos, el MAS ha cedido parte del control de la gestión del Estado. No es posible minimizar el impacto que ha tenido esta movilización en la administración de la cosa pública.
Desde el 1 de mayo se prevé la nacionalización de diversas empresas privatizadas. ¿Minera Colquiri, administrada por Pan American Silver Corporation? ¿Sinchi Wayra, empresa filial de Glencore? ¿Servicio de Aeropuertos de Bolivia (SABSA)? Quién sabe. Lo único cierto es que si el Gobierno obra conforme se ha comprometido con la COB, afectará la imagen del país frente a los inversionistas nacionales y extranjeros. Queda claro que, conforme ha expresado más de una vez el Primer Mandatario, “Bolivia requiere de socios, no patrones”. Sin embargo, cualquier socio requiere un mínimo de seguridad jurídica para desembolsar recursos. Una nacionalización, en los términos vertidos por los movimientos sociales, ahuyentará recursos que son imprescindibles para el desarrollo y rentabilidad de las principales empresas públicas.
Por otra parte, si bien la reestructuración de la Caja Nacional de Salud es necesaria, una mala ejecución de esta medida podría derivar en la apertura de una caja de Pandora. Recordemos que el Estado tiene el deber constitucional de proteger la vida y la salud, así como garantizar el acceso al sistema de seguridad social. Si no se planifica, administra y controla este tema con responsabilidad, miles de familias bolivianas pueden verse privadas en el ejercicio de los más sagrados derechos fundamentales.
A todo esto, al ciudadano común, víctima de los conflictos que acechan su entorno, imposibilitado de cambiar el curso de las aguas, le queda preguntarse ¿quo vadis Bolivia?
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