Mientras en Apolo, los cocaleros y los narcotraficantes reclaman a bala su “derecho” a mayores cuotas de la permisividad gubernamental que campea en ciertos lugares como el Chapare por ejemplo, los empresarios bolivianos aglutinados en la Cámara Nacional de Industrias (CNI) le piden al Gobierno que deje de pisarles la cabeza con las “excesivas y repetidas intervenciones” de las autoridades de fiscalización y control en materia tributaria, laboral, de la Autoridad de Empresas y de otras entidades públicas de reciente creación con el objetivo de hacerle la vida imposible al sector privado (legal).
Hace poco, los directivos de la CNI se reunieron en Cochabamba y allí emitieron una declaración en la que, en palabras muy elegantes, le piden a las autoridades que los dejen respirar un poco con las sanciones, las fiscalización, las auditorías y todo el acoso incesante que sufren las empresas legalmente establecidas en el país y las que contribuyen con más de dos tercios de los impuestos que mantienen al Estado.
Las historias que cuentan los empresarios son de no creer. Al mismo tiempo que se deben dedicar su tiempo a buscar clientes, a producir y satisfacer los mercados, los gerentes y administradores deben atender simultáneamente a varios ejecutivos de entidades públicas que les exigen uno y mil papeles. Ya no es solo la presión impositiva, que siempre lleva bajo el brazo el letrero de “Clausurado”, sino también las inspecciones laborales, el control aduanero, la fiscalización ambiental y un sinnúmero de oficinas que ha creado el gigantesco aparato burocrático del “proceso de cambio”.
Para colmo, acaba de lanzarse un nuevo decreto que obliga a las compañías en liquidación a transformarse en empresas sociales de propiedad de los trabajadores, hecho que genera incertidumbre y que se presta al peligro del avasallamiento, tal como ocurre con los predios mineros y agropecuarios. Es exactamente el mismo riesgo, pues ante el menor indicio de dificultad financiera, las empresas pueden ser víctimas de la presión sindical que puede derivar en la toma de facto.
Y así como los cocaleros de Apolo y otros que también son ilegales, le piden al Gobierno que haga la vista gorda sobre sus actividades, los empresarios, que son legales y que pagan impuestos, reclaman por lo menos la posibilidad de opinar cuando se redacten normas que los involucran y que cada vez le aprietan más la soga en el cuello, puesto que inhiben la inversión, incrementan la inseguridad jurídica y destruyen los mercados que durante años han conseguido formar con mucho sacrificio.
Y de la misma forma que los productores de coca de los Yungas reclaman por la “competencia desleal” de otros cocaleros ilegales que gozan de la protección gubernamental, los industriales, que generan empleo y que aportan al Tesoro General de la Nación, piden que el Gobierno mejore la lucha contra los contrabandistas, que en ciertas ocasiones han sido defendidos por altos jerarcas del régimen que en algún momento tuvo en el seno del Congreso nada menos que una bancada de “chuteros”, es decir, congresistas que hicieron lobby para que se apruebe una ley para legalizar lo ilegal.
Esto que parece un juego de palabras y al mismo tiempo una novela de terror, resume la lucha más importante que ha instaurado el proceso de cambio entre lo ilegal y lo legal. Todos saben por supuesto de qué lado está el Gobierno aunque últimamente lo han puesto contra las cuerdas.
Hace poco, los directivos de la CNI se reunieron en Cochabamba y allí emitieron una declaración en la que, en palabras muy elegantes, le piden a las autoridades que los dejen respirar un poco con las sanciones, las fiscalización, las auditorías y todo el acoso incesante que sufren las empresas legalmente establecidas en el país y las que contribuyen con más de dos tercios de los impuestos que mantienen al Estado.
Las historias que cuentan los empresarios son de no creer. Al mismo tiempo que se deben dedicar su tiempo a buscar clientes, a producir y satisfacer los mercados, los gerentes y administradores deben atender simultáneamente a varios ejecutivos de entidades públicas que les exigen uno y mil papeles. Ya no es solo la presión impositiva, que siempre lleva bajo el brazo el letrero de “Clausurado”, sino también las inspecciones laborales, el control aduanero, la fiscalización ambiental y un sinnúmero de oficinas que ha creado el gigantesco aparato burocrático del “proceso de cambio”.
Para colmo, acaba de lanzarse un nuevo decreto que obliga a las compañías en liquidación a transformarse en empresas sociales de propiedad de los trabajadores, hecho que genera incertidumbre y que se presta al peligro del avasallamiento, tal como ocurre con los predios mineros y agropecuarios. Es exactamente el mismo riesgo, pues ante el menor indicio de dificultad financiera, las empresas pueden ser víctimas de la presión sindical que puede derivar en la toma de facto.
Y así como los cocaleros de Apolo y otros que también son ilegales, le piden al Gobierno que haga la vista gorda sobre sus actividades, los empresarios, que son legales y que pagan impuestos, reclaman por lo menos la posibilidad de opinar cuando se redacten normas que los involucran y que cada vez le aprietan más la soga en el cuello, puesto que inhiben la inversión, incrementan la inseguridad jurídica y destruyen los mercados que durante años han conseguido formar con mucho sacrificio.
Y de la misma forma que los productores de coca de los Yungas reclaman por la “competencia desleal” de otros cocaleros ilegales que gozan de la protección gubernamental, los industriales, que generan empleo y que aportan al Tesoro General de la Nación, piden que el Gobierno mejore la lucha contra los contrabandistas, que en ciertas ocasiones han sido defendidos por altos jerarcas del régimen que en algún momento tuvo en el seno del Congreso nada menos que una bancada de “chuteros”, es decir, congresistas que hicieron lobby para que se apruebe una ley para legalizar lo ilegal.
Esto que parece un juego de palabras y al mismo tiempo una novela de terror, resume la lucha más importante que ha instaurado el proceso de cambio entre lo ilegal y lo legal. Todos saben por supuesto de qué lado está el Gobierno aunque últimamente lo han puesto contra las cuerdas.
Y así como los cocaleros de Apolo y otros que también son ilegales, le piden al Gobierno que haga la vista gorda sobre sus actividades, los empresarios, que son legales y que pagan impuestos, reclaman por lo menos la posibilidad de opinar cuando se redacten normas que los involucran y que cada vez le aprietan más la soga en el cuello.
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