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domingo, 4 de noviembre de 2012

Los Tiempos se pronuncia sobre querella a medios, el seguro a periodistas, y atentado a Vidal en Yacuiba y expresa su solidaridad con los afectados


La semana que termina ha sido testigo de acciones dirigidas a poner obstáculos de diversa magnitud a la libertad de expresión. Una, la convocatoria de una fiscal a los directores, editores y principales ejecutivos de tres medios de comunicación –ANF, Página 7 y El Diario– a que presten declaración en el proceso incoado por el Gobierno por presunta transgresión a la Ley 045 (contra el racismo y toda forma de discriminación), en la titulación de una declaración presidencial.

Otra, por el empeño del Ministerio de Comunicaciones para que la Asamblea Legislativa apruebe un proyecto de ley elaborado, aparentemente, por ese despacho a iniciativa de cuestionados dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, que pretende fijar una exacción del uno por ciento de los ingresos de los medios de comunicación para destinarlo a la contratación de un seguro de vida para los trabajadores de los medios y si hubiere más dinero, invertirlo en proyectos que un comité (de mayoría gubernamental) decida y sean homologados por el Órgano Ejecutivo. 
El proyecto ha sido aprobado en Diputados y falta que el Senado lo considere, antes de lo cual se invitó a una audiencia pública. La titular de Comunicaciones –sin escuchar los sólidos argumentos expuestos por los dirigentes de los gremios del periodismo– reiteró la validez de su propuesta, y lanzó afirmaciones sin sustento sobre el monto que facturarían los medios de comunicación, a  los que acusó, además, de manipular sus estados financieros para no declarar “utilidades” y no pagar la prima a sus trabajadores. Así, no sólo mostró prejuicios inadmisibles en una dignataria de Estado sobre el manejo de los medios, sino que implícitamente cuestionó el papel que cumple el Servicio Nacional de Impuestos en la tarea de fiscalización. En todo caso, una vez más se ha podido comprobar que el objetivo del mencionado anteproyecto, como ya se ha denunciado, no es tanto beneficiar a los trabajadores como perjudicar a las empresas, sin considerar, incluso, la posibilidad cierta de que con ese instrumento legal varias podrían cerrarse, dejando a muchos periodistas sin trabajo, tópicos sobre los que es de esperar que los senadores reflexionen antes de emitir su voto.
El tercero, de mayor gravedad por sus implicaciones humanas, ha sido el atentado sufrido por el director y una operadora de Radio Popular de Yacuiba, en el que, primero, se intentó dispararles y, luego, quemarlos por aparentemente sicarios al servicio de intereses delincuenciales aunque, dados algunos antecedentes, y declaraciones de la principal víctima, podría también tratarse de una acción de índole política.
En este contexto, además de expresar nuestra solidaridad con los colegas afectados, es necesario insistir en que uno de los cimientos del sistema democrático –como lo son el voto libre y secreto, la alternancia y el pluralismo– es el respeto a la libertad de expresión e información, cimiento que no sólo es parte del derecho ciudadano a la comunicación, sino un factor clave para la buena gobernanza y la participación, siempre y cuando predomine el convencimiento de que el sistema democrático debe mantenerse y no se opte por visiones autoritarias de sociedad.

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