Pocos imaginaban que la gestión del alcalde Jaime Barrón en la Alcaldía de Sucre duraría apenas 19 días. El candidato de la oposición al gobierno de Evo Morales ganó las elecciones del 4 de abril con el 47,19 por ciento de los votos, pero esto no fue óbice a la hora de interpretar las normas, como ocurrió con la Ley de Municipalidades, aunque para esto se tuviera que relegar la decisión democrática del pueblo y la Constitución Política del Estado.
Como este tipo de situaciones se definen, antes que nada, con criterios políticos, la legitimidad de los alcaldes interinos —tal el caso de Verónica Berríos, la sucesora de Barrón— queda en entredicho. Al final, se expone innecesariamente a alguien que, por tratarse de la primera autoridad de un municipio, debería tener el mayor respaldo posible para desarrollar un óptimo trabajo, sin presiones extras.
El asunto es que la dimisión del alcalde titular abre la puerta a una nueva elección. En siete meses, los capitalinos tuvieron cuatro alcaldes: hasta noviembre del año pasado el sillón municipal era ocupado por Aydée Nava, quien fue suspendida y desde entonces asumió Hugo Loayza. Después llegó Jaime Barrón, pero su estadía en las oficinas de la plaza 25 de Mayo duró menos que un suspiro. A Berríos la eligieron los concejales municipales en una reñida votación; sin embargo, su continuidad será definida hoy y, si bien tiene grandes posibilidades de seguir en el cargo, otro resultado significaría acrecentar la lista de alcaldes en un tiempo récord.
En medio de este enmarañado proceso, surge la preocupación por la representatividad de las autoridades en el poder. Resulta que, debido a procesos judiciales, de pronto no se respeta la voluntad del pueblo. Y, por otro lado, aunque esto fuese legal, al menos se tendrían que agilizar los juicios para no perjudicar a las administraciones gubernamentales.
Las decisiones sobre materias tan importantes como la infraestructura educativa, por ejemplo, no pueden esperar. La Alcaldía sucrense tiene tuición sobre instituciones y empresas de servicio fundamentales para el desarrollo y la estabilidad de la población, como Fancesa, EMAS (aseo urbano), Elapas (agua), CESSA (electricidad). Hasta ahora, en este año, según datos oficiales proporcionados por la gestión saliente de Barrón, sólo se registró una ejecución presupuestaria de 12 por ciento. ¿Quién responde por este retraso?
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