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viernes, 9 de julio de 2010

MIENTE. LA POLICIA MIENTE ASEGURA LA PRENSA DE LA PAZ.

En lugar de inventar explicaciones inverosímiles, la Policía y la Fiscalía deberían munirse de profesionales para resolver las dos aristas del caso.

La extraña muerte del ciudadano David Olorio, implicado en el atraco a la Administración del peaje de la Autopista La Paz-El Alto, alarma, estremece y, por qué no decirlo, recuerda las viejas prácticas autoritarias y antidemocráticas.

Cuando se creía que quedaron en el pasado los métodos violentos, los bolivianos han sido impresionados con lo sucedido en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en El Alto.

Olorio murió en algún momento de la noche del martes 6 de julio, supuestamente en el trayecto del edificio de la FELCC hasta el hospital Agramont, en esa ciudad.

Las evidencias gráficas que medios impresos, como La Prensa y El Alteño, han publicado sobre Olorio son sólidas y estremecedoras. El supuesto hombre clave para resolver el millonario atraco ocurrido la noche del domingo fue torturado y, al parecer, fue sometido a asfixia por personas desconocidas en algún punto de la Policía.

A pesar de aquello, en la Policía y la Fiscalía aún creen que los bolivianos darán crédito a las versiones sin fundamento y hasta ridículas con las que pretenden explicar las heridas y laceraciones en la humanidad del presunto delincuente.

La fiscal Virginia Villegas fue más allá. Quizás con el criterio de que la estupidez es un mal generalizado, ella ha declarado que Olorio “no ha sufrido ningún tipo de lesiones” y que ha sido víctima de “una muerte súbita”. Lo que resta saber es qué intereses existen en este caso para que la supuesta defensora del Estado y la sociedad mienta sin el menor rubor.

La Constitución Política del Estado es, como sabemos, una de las normas más progresistas del mundo en materia de derechos humanos. La Carta Magna establece, nítidamente, que “toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes”. Las imágenes difundidas demuestran que, en el caso de Olorio, se violó el artículo 15 de la CPE.

En lugar de inventar explicaciones, como aquélla de que una caída ha provocado que Olorio quede así, las autoridades de la Policía Boliviana y de la Fiscalía deberían conformar un equipo de profesionales peritos en la investigación para determinar quiénes y por qué torturaron a Olorio, que era una persona con prontuario policial.

El atraco perpetrado contra Vías Bolivia deja muchas interrogantes y una certeza. Resulta muy extraño que una oficina desguarnecida como la de El Alto tenga que guardar la recaudación generada en tres retenes del departamento de La Paz.

Los delincuentes actuaron con pasmosa profesionalidad. Burlaron a la gente y mataron a sangre fría a un policía que, además, estaba desarmado. En cambio, los investigadores de El Alto actúan sin profesionalidad y menos con criterios técnicos, lo que, con seguridad, afecta al esclarecimiento del delito y la recuperación del dinero, cuyo monto total no ha sido precisado aún.

Una vez más, la Policía está en la mesa de la controversia. Y su Comandante General está en la obligación de resolver las dos aristas de este complejo caso: debe dar con las autores y el botín del atraco, e identificar a quienes torturaron a David Olorio.

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