Además del pronunciamiento, los ex mandatarios remitieron una extensa carta al vicepresidente Álvaro García Linera y a los presidentes de las Cámaras de Senadores, Ana María Romero de Campero y de Diputados Héctor Arce Zaconeta.
“En nuestra condición de ciudadanos, ex presidentes y ex vicepresidente de la República hacemos conocer, a través de su autoridad, a la Asamblea Legislativa Plurinacional que este proyecto de Ley (de Juicio de Responsabilidades) al reconocer un tribunal de juzgamiento integrado por jueces designados por el acusador, permitir la aplicación retroactiva de delitos y penas agravadas y suprimir garantías básicas para la defensa como la de interponer recurso contra una eventual sentencia condenatoria, combina tres elementos que contravienen fundamentos básicos del orden jurídico nacional e internacional”, cita la carta.
Los presidentes, que no quisieron responder preguntas sólo leyeron su pronunciamiento señalando los siguientes elementos, como aquellos que estarían violando sus derechos:
La no existencia de jueces imparciales, por reconocer la Ley de Juicio de Responsabilidades como tribunal al integrado por los jueces interinos nombrados por Evo Morales, a quien mencionan como “acusador”.
Aseguran que además quedan cuestionados por propios miembros legales de la Corte Suprema, al haber aceptado la “Ley Corta”, aceptando a las nuevas autoridades y perdiendo legitimidad.
Aseguran que la Ley de Juicio de Responsabilidades no es una ley justa, por la irretroactividad de la ley penal. “Nadie puede ser sancionado por un hecho que en el momento de realizarse no era delito, ni ser sancionado con una pena más grave que la prevista en el momento de la realización del hecho.
Las pocas garantías que existen para el debido proceso, por no existir en la Ley ningún recurso contra una sentencia condenatoria, limitando a los ex dignatarios sus derechos y garantías básicos de defensa, que la normativa procesal vigente reconoce hasta a los acusados por delitos como asesinato o narcotráfico.
El hecho que no tuvieron derecho a ser oídos, debido a que en ninguna de las fases desde la acusación abierta hasta el envío por la Corte Suprema, fueron convocados los ex mandatarios para ser oídos por autoridad legal y competente.
Bajo estos argumentos, los ex presidentes Mesa, Rodríguez y Quiroga; y el ex vicepresidente, Cárdenas demandaron que la “Asamblea Legislativa Plurinacional, respete la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales. Sólo así será posible tener la certeza de que estamos construyendo una sociedad más justa, equitativa e integradora”, señala finalmente la nota.
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