Un total de 140 opositores al Gobierno de Evo Morales, entre líderes políticos, cívicos y empresariales, huyeron de Bolivia en los últimos cuatro años, declarándose víctimas de una ``persecución'' política, según un recuento que publicó el domingo el diario La Razón.
Según ese medio, se trata de hombres y mujeres opositores al ``proceso de cambio'' que promueve el izquierdista presidente boliviano y que enfrentan diversos procesos judiciales por delitos como genocidio, terrorismo, corrupción y enriquecimiento ilícito, promovidos en su mayoría por el oficialismo.
Entre los opositores que abandonaron el país entre el 2006 y el 2010 están siete ex ministros del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), quienes son procesados por la represión que provocó más de 60 muertes en el 2003 y buscaron asilo en Perú, EEUU y España.
``En Bolivia no hay posibilidad de un juicio justo'', manifestó a La Razón la ex ministra Mirtha Quevedo, quien goza de asilo político en Perú desde mayo del 2009.
También está el caso del ex candidato presidencial opositor Manfred Reyes Villa, quien huyó en diciembre pasado hacia Perú y luego a EEUU, pese a que sobre él pesaba una prohibición judicial de salida al exterior, argumentando que el Ejecutivo inició una persecución política en su contra.
Por otra parte, 58 ciudadanos bolivianos viven en Brasil en calidad de refugiados desde septiembre del 2008, cuando ocurrió una matanza de campesinos en el departamento amazónico de Pando (norte).
Según el Gobierno de Morales, este grupo de personas estuvo implicado en aquellos sucesos.
Róger Zabala, uno de los asilados en Brasil, dijo al rotativo paceño que les tomará tiempo retornar a Bolivia, pues tienen ``miedo a las falsas denuncias''. Además de ellos, huyeron de Bolivia el ex líder cívico de la región oriental de Santa Cruz, Branko Marinkovic, el empresario Guido Nayar y otras ocho personas, todos ellos vinculados, según el Ejecutivo, con la supuesta banda terrorista desarticulada en el 2009.
Todos los acusados argumentan que no tendrán un juicio justo en Bolivia, sobre todo después de que el presidente Morales nombrara por decreto a 18 autoridades judiciales.
No obstante, el portavoz presidencial, Iván Canelas, negó que exista una persecución política y garantizó la independencia de poderes en Bolivia.
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