Durante los últimos días la tensión en la marcha de los indígenas del TIPNIS y una especie de contramarcha y bloqueo de colonizadores, ha llegado a extremos, dejando de lado las argumentaciones de un conflicto que nunca debió esperar casi más de un mes para encontrar soluciones.
El punto de tensión está físicamente concentrado en un puente que une Yucumo y San Borja donde en las proximidades, ayer, contingentes de policías a varios metros de los marchistas y de los colonos realizaban control para evitar el encuentro entre los dos grupos que de verificarse hace temer violencia.
No se puede negar que el Gobierno ha desplegado una estrategia para evitar que la marcha siga adelante, pese a su carácter pacífico, y en ese intento existen grupos, en este caso de colonizadores que respaldan físicamente la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, y para ello han decidido acciones de hecho, que no están exentas de amenazas y advertencias y que durante las últimas horas añadieron elementos aún más perturbadores al diálogo.
Lo que importa en este momento es que, como ha dicho Naciones Unidas, el Estado tiene la obligación de proteger a toda persona de cualquier forma de violencia y de garantizar el ejercicio del derecho a expresarse de manera pacífica. Resultaría un contrasentido que las fuerzas policiales sean desplegadas al lugar para evitar acciones de enfrentamiento entre los marchistas indígenas y los colonizadores y que por otro lado escuchen discursos de este grupo que respalda el proyecto caminero gubernamental en los cuales se habla de violencia y confrontación, presente incluso frente a la presencia policial cuando se escucha el estallido de dinamitas, como otra forma que pone en vilo la paz pública en la carretera y que genera un ambiente de inestabilidad social y temor.
Lo paradójico en este escenario desde todo punto de vista, es decir desde el momento mismo del conflicto y de las negociaciones que nunca dieron resultado, es que al filo de la violencia, y cuando el diálogo parece que se aleja cada vez más, el Gobierno renueva sus explicaciones sobre las justificaciones de la construcción del tramo II, aunque para ello utiliza los medios de comunicación social, algo que debía ser parte del oportuno diálogo directo con los representantes indígenas e incluso en el camino donde se desarrolla la protesta. El Gobierno incide en motivos sociales y económicos sobre la importancia del camino en un marco de justificaciones que son atendibles, aunque deben ser contrastadas con las que expresan los pueblos indígenas que están en la marcha de protesta. La oportunidad para la comparación de ideas y proyectos sobre este asunto al parecer ha sido perdida durante estas largas semanas en que la mesa de negociaciones ha sido desplazada por el ambiente de crispación y de amenazas de los grupos movilizados que bloquean la carretera y que no han dejado de cometer atropellos.
Si la marcha indígena tiene un trasfondo político, un proyecto de partido que se vislumbre en su pliego petitorio, es algo que también pudo ser analizado en la negociación, antes incluso de que el movimiento indígena trasunte lo nacional y se convierta en un tema que aglutina organizaciones y vigilias a favor en varios puntos del país.
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