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miércoles, 13 de enero de 2010

De nuevo otras coincidencias y es que Argentina como Bolivia están gobernadas por el terror. La conversión a estado policíaco

A lo largo de los últimos seis años, paso a paso, la gestión de gobierno parecería haberse transformado, perversamente, en el arte de infundir miedo.

Todo parece apto para las amenazas y las intimidaciones. La siembra irresponsable de resentimientos y el abuso del poder se han convertido en una constante. También las humillaciones y demonizaciones, así como la generación de una multiplicidad de conflictos que hoy vuelven a dividir y enfrentar a los argentinos. Como si la búsqueda de consensos fuera una tarea imposible, impensable o inútil. Como si gobernar pasara sólo por separar o distanciar, buscando permanentemente enemigos.

La crispación desde el poder ha provocado reacciones sociales igualmente crispadas y, en los últimos tiempos, síntomas de frustración y hartazgo.

Ha destrozado también la confianza de la mayoría de los argentinos en la administración nacional, a la que resulta ahora de aplicación aquello del sacerdote Laocoonte, en la Eneida , cuando, ante el caballo de madera dejado frente a las murallas de su ciudad, dijo, preocupado: "Les temo a los griegos aun cuando traigan regalos".

Ocurre que no es normal vivir con la sospecha de que los teléfonos y los e-mails de muchos están ilegalmente intervenidos desde el propio poder, como lo ha denunciado el propio ex jefe de Gabinete Alberto Fernández. O con la sensación de que la información así obtenida por los servicios de información e inteligencia del Estado pasa a engrosar carpetas que luego se usan para presionar a quienes son objeto de ese procedimiento.

No es sano para la República en la que ambicionamos vivir tener que contemplar cómo, desde el Poder Ejecutivo, se violan las normas cada vez que ellas resultan incómodas o cómo se abusa sistemáticamente del poder de policía administrativo. Ni advertir cómo, en ese vértigo inmoral, se recurre a instituciones importantes de regulación y control, como la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia o la Comisión Nacional de Valores, para presionar a favor de algunos y en desmedro de otros. Hasta sus máximas autoridades parecieran tener que asegurar una suerte de servilismo para poder sobrevivir.

Las deleznables prácticas del poder volvieron a apreciarse con motivo de la crisis institucional desatada por el conflicto entre el gobierno kirchnerista y el titular del Banco Central.

El jefe de Gabinete se ufanó de que la Presidenta se sirvió de la página de una agenda del presidente del Banco Central, obtenida de manera irregular, para enrostrarle una reunión con periodistas, como si recibir a la prensa fuera un delito.

El mismo funcionario envió un patrullero para presionar a una jueza con la que el oficialismo está molesto porque concedió un amparo en contra de una de sus medidas.

Extravíos morales similares se advierten cuando un ex presidente le echa en cara al vicepresidente haber recibido, cuando era gobernador de Mendoza, recursos que hubiera sido mejor mandar a mandatarios más leales. Una demostración sorprendente de ese clientelismo generalizado que tantas veces se le ha reprochado a la administración desde estas páginas.

Menos sano aún es percibir cómo se manipula incansablemente a las instituciones mismas que conforman los cimientos de la República concentrando todo el poder en manos del Ejecutivo. O contemplar cómo algunos jueces y fiscales responden servilmente al poder político para garantizar impunidad. O advertir cómo se provoca desde las calles, con escraches o multitudes alquiladas que fingen espontaneidad. O percibir cómo la inseguridad personal perdura y se ahonda. O sorprenderse por la forma en que se ignora abiertamente la voz del pueblo expresada a través de las urnas el 28 de junio pasado actuando con abierto desparpajo.

Con un abuso permanente de los medios de comunicación a disposición del Estado, se nos llena torpemente de propaganda masiva. Con ella se intenta manipular la verdad, falsificar la democracia y demoler las instituciones republicanas. Con ella se hace una política sin ética, dedicada a ser sólo un escenario de luchas personales o una plataforma de negocios para los allegados al poder.

El oficialismo, frente a la disyuntiva de tener que elegir entre ser querido o ser temido, sigue el consejo de Maquiavelo y prefiere sembrar el miedo. Olvida que este pensador florentino sugiere que siempre hay, para la autoridad, un límite: el de cuidarse de no ser detestada.

Las declaraciones de la presidenta de la Nación formuladas ayer, que insisten en denuncias sobre un complot encabezado por el vicepresidente Julio Cobos -denuncia que por su poca seriedad ni siquiera merece ser analizada-, vuelven a dar lamentablemente cuenta de la nula vocación del Poder Ejecutivo por dialogar y buscar consensos frente al desaguisado institucional y sus consecuencias ya visibles en la economía nacional.

Frente a este cuadro, agravado por la aparición de un Estado policial, justo bajo el gobierno que siempre se ha jactado de su defensa de los derechos humanos, es vital reiterar la necesidad de que cualquier tentativa autoritaria encuentre los límites que marca la República, con la esperanza de que quienes ejercen el poder no puedan continuar abusándose de él. (Sabio editorial de La Nación después que Cristina acusara a Clarín de subersivo y elogiaria a La Nación. Aquí llegó la respuesta)


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