Ahora que se acerca el Carnaval, temporada que se presta para los excesos y las coplas humillantes, conviene reflexionar acerca de otro de los “campeonatos” internacionales que acaba de ganar Bolivia, declarado recientemente como el más abusador de las mujeres en el continente, según concluyen diferentes estudios realizados por organismos multilaterales.
Los informes llegan en un momento de paradojas en el Estado Plurinacional, pues mientras en el discurso se ensalza el papel de la mujer en la política y en las reivindicaciones sociales y se nombra a connotadas damas en altos cargos públicos, en los hechos, mujeres muy humildes son víctimas de vergonzantes vejámenes cometidos por dirigentes políticos que se aprovechan de su cargo y de su impunidad, incluso para afirmar públicamente que no han cometido ningún delito al violar a una pobre desdichada, que ni siquiera ha sido motivo de defensa de quienes alzan las banderas de la lucha de “género”.
Vayamos a los datos. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Bolivia el país de América Latina donde más agresiones de género existe. Según la encuesta realizada por el organismo, el 53 por ciento de las consultadas afirmó haber sido maltratada de alguna manera. El país que le sigue a Bolivia en este problema es Colombia, con un 39,7 por ciento y luego Perú, 39,5 por ciento. En análisis comparativo de este informe muestra que entre el 10 y el 27 por ciento de las mujeres de la región reportaron haber sufrido violencia sexual en algún momento de sus vidas, cometida por su pareja u otra persona, pero generalmente por un hombre a quien ya conocía.
En Bolivia, la violencia contra las mujeres ha provocado más de 500 muertes entre el 2009 y mediados del 2012, gestión en la que los feminicidios, asesinatos evitables de mujeres por razones de género, aumentaron y en 2012, la mitad de las muertes fue identificada por esta forma de asesinato.
Lo peor de todo en el abuso contra la mujer en Bolivia es la impunidad, pues de las 442 mil denuncias por algún tipo de violencia intrafamiliar, solo 23 mil fueron investigadas por la justicia y apenas 96 llegaron a tener sentencia ejecutoriada.
El informe del programa “Mujeres”, de la ONU, es todavía más trágico para la situación de la mujer boliviana, pues según concluye, siete de cada diez mujeres en el país sufren violencia sexual y física. Este estudio coincide en colocar a Bolivia en el primer lugar en violencia física en Latinoamérica y en el segundo lugar, después de Haití en cuanto a violencia sexual.
El Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem) ha logrado contabilizar 354 feminicidios en los últimos cuatro años, lo que obliga a la entidad a exigir a las autoridades a hacer cumplir el artículo 15 de la Constitución Política del Estado, que "garantiza los derechos contra la violencia física, sexual o psicológica".
Recientemente, la flamante presidente de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, ha propuesto una ley de agresión a las mujeres en la que figure la castración química contra los culpables. Habría que ver primero si están de acuerdo muchos de sus compañeros de partido que han cometido actos de violación contra mujeres indefensas y otros (casi todos en la Asamblea Legislativa Plurinacional) que decidieron socapar esos abusos.
Los informes llegan en un momento de paradojas en el Estado Plurinacional, pues mientras en el discurso se ensalza el papel de la mujer en la política y en las reivindicaciones sociales y se nombra a connotadas damas en altos cargos públicos, en los hechos, mujeres muy humildes son víctimas de vergonzantes vejámenes cometidos por dirigentes políticos que se aprovechan de su cargo y de su impunidad, incluso para afirmar públicamente que no han cometido ningún delito al violar a una pobre desdichada, que ni siquiera ha sido motivo de defensa de quienes alzan las banderas de la lucha de “género”.
Vayamos a los datos. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Bolivia el país de América Latina donde más agresiones de género existe. Según la encuesta realizada por el organismo, el 53 por ciento de las consultadas afirmó haber sido maltratada de alguna manera. El país que le sigue a Bolivia en este problema es Colombia, con un 39,7 por ciento y luego Perú, 39,5 por ciento. En análisis comparativo de este informe muestra que entre el 10 y el 27 por ciento de las mujeres de la región reportaron haber sufrido violencia sexual en algún momento de sus vidas, cometida por su pareja u otra persona, pero generalmente por un hombre a quien ya conocía.
En Bolivia, la violencia contra las mujeres ha provocado más de 500 muertes entre el 2009 y mediados del 2012, gestión en la que los feminicidios, asesinatos evitables de mujeres por razones de género, aumentaron y en 2012, la mitad de las muertes fue identificada por esta forma de asesinato.
Lo peor de todo en el abuso contra la mujer en Bolivia es la impunidad, pues de las 442 mil denuncias por algún tipo de violencia intrafamiliar, solo 23 mil fueron investigadas por la justicia y apenas 96 llegaron a tener sentencia ejecutoriada.
El informe del programa “Mujeres”, de la ONU, es todavía más trágico para la situación de la mujer boliviana, pues según concluye, siete de cada diez mujeres en el país sufren violencia sexual y física. Este estudio coincide en colocar a Bolivia en el primer lugar en violencia física en Latinoamérica y en el segundo lugar, después de Haití en cuanto a violencia sexual.
El Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem) ha logrado contabilizar 354 feminicidios en los últimos cuatro años, lo que obliga a la entidad a exigir a las autoridades a hacer cumplir el artículo 15 de la Constitución Política del Estado, que "garantiza los derechos contra la violencia física, sexual o psicológica".
Recientemente, la flamante presidente de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, ha propuesto una ley de agresión a las mujeres en la que figure la castración química contra los culpables. Habría que ver primero si están de acuerdo muchos de sus compañeros de partido que han cometido actos de violación contra mujeres indefensas y otros (casi todos en la Asamblea Legislativa Plurinacional) que decidieron socapar esos abusos.
Lo peor de todo en el abuso contra la mujer en Bolivia es la impunidad, pues de las 442 mil denuncias por algún tipo de violencia intrafamiliar, solo 23 mil fueron investigadas por la justicia y apenas 96 llegaron a tener sentencia ejecutoriada.
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