El presidente Morales ha ratificado a su gabinete ministerial en pleno. Sin duda, el espaldarazo a sus colaboradores viene a significar también, la firme decisión del Ejecutivo de imponer su programa político pese a las previsibles adversidades y fracasos inesperados, cuando no escándalos, en varias áreas ministeriales claves. Una de las áreas más sensibles ha sido la del Ministerio de Transparencia, cuya estrategia anticorrupción se ha venido a pique, al menos desde la perspectiva de los objetivos gubernamentales, merced a sus propios funcionarios. El caso de la vasta corrupción judicial -en la figura de la extorsión institucionalizada- ha perfilado una batalla perdida.
La permanencia en el gabinete ministerial de varios ministros cuestionados, a la sazón salpicados por el reciente y bullado caso del empresario judío estadounidense Jacob Ostreicher, que ha destapado una temible red judicial de extorsionadores y que operaba desde el mismo núcleo gubernamental, debe ser visto como un voto de confianza por su lealtad al proceso de “cambio” que apuntala el partido en función de gobierno. Desde esa perspectiva, se está insinuando que la estrategia de la lucha contra la corrupción se ha evaluado como un fracaso que se ha asumido de manera crítica, y que el Gobierno ha decidido llevar, de aquí para adelante, una readecuación de objetivos en este terreno.
De hecho, la “maquinaria persecutoria” judicial montada contra la oposición ha quedado afectada. De alguna manera, ello constituye un duro revés para el oficialismo, porque de un modo u otro, tendrá que comenzar desde el principio tareas básicas que ya se habían superado con esa estrategia. Una de las enseñanzas que debe estar recogiendo el Gobierno es que resulta nocivo el ejercicio del poder por el poder, especialmente cuando se otorgan atribuciones absolutas a grupos o personas para actuar impunemente y sin el necesario control de su gestión. Lo sensato es que se reconduzca el proceso de la lucha contra la corrupción apelando a los valores democráticos y en el marco de la ley.
Desde la óptica oficialista es probable se piense que el tumor de la red de extorsionadores ha sido diagnosticado y extirpado en su mayor parte del cuerpo gubernamental. Sin embargo, todo indica que se está echando un manto del olvido a los temas más acuciantes y la opinión pública considera que se está protegiendo a personas. El ciudadano de a pie siente que la imagen del Gobierno se ha desdibujado todavía más y que no se ha llegado al fondo del asunto. Por el bien del país conviene que esta gestión gubernamental asuma sus errores y proceda a enmendarlos de raíz, porque debe convencerse que la lucha contra la corrupción es, además de noble, riesgosa y agotadora.
La lucha anticorrupción requiere de una elevada carga de recursos materiales, disponibilidad de tecnología adecuada y un marco jurídico claro y tajante. También de políticas firmes y de largo aliento. Pero la ejecución de las estrategias y el mismo tramo operativo exigen una alta dosis de valores ético-morales en los recursos humanos disponibles. La idoneidad de los funcionarios es imprescindible en esta lucha. Lo contrario significa una permisividad inaceptable, abusos e impunidad. La experiencia de la lucha contra la corrupción durante este Gobierno muestra a las claras que, si no se cambia de rumbo, no solo se perderá otra batalla, sino que es posible se pierda la guerra.
La permanencia en el gabinete ministerial de varios ministros cuestionados, a la sazón salpicados por el reciente y bullado caso del empresario judío estadounidense Jacob Ostreicher, que ha destapado una temible red judicial de extorsionadores y que operaba desde el mismo núcleo gubernamental, debe ser visto como un voto de confianza por su lealtad al proceso de “cambio” que apuntala el partido en función de gobierno. Desde esa perspectiva, se está insinuando que la estrategia de la lucha contra la corrupción se ha evaluado como un fracaso que se ha asumido de manera crítica, y que el Gobierno ha decidido llevar, de aquí para adelante, una readecuación de objetivos en este terreno.
De hecho, la “maquinaria persecutoria” judicial montada contra la oposición ha quedado afectada. De alguna manera, ello constituye un duro revés para el oficialismo, porque de un modo u otro, tendrá que comenzar desde el principio tareas básicas que ya se habían superado con esa estrategia. Una de las enseñanzas que debe estar recogiendo el Gobierno es que resulta nocivo el ejercicio del poder por el poder, especialmente cuando se otorgan atribuciones absolutas a grupos o personas para actuar impunemente y sin el necesario control de su gestión. Lo sensato es que se reconduzca el proceso de la lucha contra la corrupción apelando a los valores democráticos y en el marco de la ley.
Desde la óptica oficialista es probable se piense que el tumor de la red de extorsionadores ha sido diagnosticado y extirpado en su mayor parte del cuerpo gubernamental. Sin embargo, todo indica que se está echando un manto del olvido a los temas más acuciantes y la opinión pública considera que se está protegiendo a personas. El ciudadano de a pie siente que la imagen del Gobierno se ha desdibujado todavía más y que no se ha llegado al fondo del asunto. Por el bien del país conviene que esta gestión gubernamental asuma sus errores y proceda a enmendarlos de raíz, porque debe convencerse que la lucha contra la corrupción es, además de noble, riesgosa y agotadora.
La lucha anticorrupción requiere de una elevada carga de recursos materiales, disponibilidad de tecnología adecuada y un marco jurídico claro y tajante. También de políticas firmes y de largo aliento. Pero la ejecución de las estrategias y el mismo tramo operativo exigen una alta dosis de valores ético-morales en los recursos humanos disponibles. La idoneidad de los funcionarios es imprescindible en esta lucha. Lo contrario significa una permisividad inaceptable, abusos e impunidad. La experiencia de la lucha contra la corrupción durante este Gobierno muestra a las claras que, si no se cambia de rumbo, no solo se perderá otra batalla, sino que es posible se pierda la guerra.
La experiencia de la lucha contra la corrupción durante este Gobierno muestra a las claras que, si no se cambia de rumbo, no solo se perderá otra batalla, sino que es posible se pierda la guerra.
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