Los siete sentenciados, son apenas una parte de los 17 acusados, nueve de los cuales, entre éstos Sánchez de Lozada, se encuentran como residentes, prófugos o acogidos, en otros países.
El presidente de Tribunal que juzgó el caso, Ángel Irusta, leyó las condenas en la ciudad de Sucre, sede del Poder Judicial, tras seis días de debate con otros magistrados que definieron las penas contra los acusados del caso conocido como "octubre negro".
Los ex ministros de Desarrollo Sostenible Erik Reyes Villa y de Trabajo Adalberto Kuajara fueron condenados a tres años de prisión acusados de complicidad en el delito de "genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta".
Los generales Roberto Claros Flores y Juan Véliz Herrera fueron sentenciados a 15 años y seis meses de prisión, el general José Osvaldo Quiroga Mendoza y el almirante Luis Alberto Aranda Granados a 11 años, y el general Gonzalo Alberto Rocabado a diez años.
Todos los ex jefes militares fueron sentenciados por el delito "de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta".
Los ex militares sentenciados formaron parte del Alto Mando Militar de Sánchez de Lozada: Claros Flores fue comandante de las Fuerzas Armadas; Rocabado Mercado jefe de Estado Mayor de las FFAA; Véliz Herrera, comandante del Ejército; Aranda Granados, comandante de la Fuerza Naval y Quiroga Mendoza, comandante de la Fuerza Aérea.
La Suprema también ordenó guardar cárcel a 2 ex ministros de Sánchez de Lozada.
"Declarando a Erik Reyes Villa y Adalberto Kuajara autores mediáticos en grado de complicidad en delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta, condenándoles a la pena de presidio de 3 años a cumplir en el penal de San Roque", complementa la sentencia.
El Tribunal determinó que todos cumplan su condena en el penal de Sucre, a donde fueron conducidos ayer.
DELITOS El Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia declaró culpables a los imputados por los delitos de Genocidio en su modalidad de Masacre Sangrienta, Homicidio, Lesiones Gravísimas, Lesiones Graves y Leves, Privación de Libertad, Vejaciones y Torturas, Delitos Contra la Libertad de Prensa, Allanamiento de Domicilio y sus Dependencias, Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes con relación al Art. 20, además de las agravantes del Art, 272 y 299 del Código Sustantivo Penal.
El sangriento conflicto en septiembre y octubre del año 2003
Algunos momentos del largo y sangriento conflicto por la defensa del gas boliviano
-15/09/2003 Crecen las protestas contra el gobierno del Gonzalo Sánchez de Lozada y su decisión de vender gas a Estados Unidos y México con la intermediación de Chile. El bloqueo de caminos se inicia en las vías del altiplano.
-19/09/2003 Son pocos los sectores sociales que se encontraban al margen de la movilizaciones convocadas por “el estado mayor del pueblo” que se iniciaron el día viernes 19. Los choferes en La Paz realizaron un paro de 24 horas en rechazo al Código Tributario, a la exportación del gas por Chile. La ciudad de El Alto paraliza sus actividades. Los maestros rurales, también se suman a la protesta, las viudas de los beneméritos exigen un bono de 1.800 bolivianos. Los colonizadores inician un bloqueo indefinido, Caranavi se suma a un paro.
Campesinos del altiplano, a la cabeza del secretario general de la CSUTCB, Felipe Quispe, mantienen una huelga de hambre por la libertad de su dirigente Edwin Huampo. El eje principal de las protestas era la industrialización del gas en Bolivia y el rechazo a su exportación por Chile.
En esa misma fecha, mientras varios grupos organizados marchaban por la sede de Gobierno, llegaban a La Paz las noticias de un operativo militar dirigido por el ex ministro Carlos Sánchez Berzaín, para rescatar a cientos de turistas que fueron acorralados por el bloqueo de caminos en Sorata. El operativo concluye con seis campesinos muertos.
Este trágico acontecimiento desencadena una serie de protestas en El Alto y La Paz, reprimidas por el Ejército. El conflicto se prolonga hasta octubre, sumando 67 muertos y más de 450 heridos.
Después de ocho años termina el primer proceso en el Tribunal Supremo de Justicia, con la sentencia a 7 de los 17 acusados.
-15/09/2003 Crecen las protestas contra el gobierno del Gonzalo Sánchez de Lozada y su decisión de vender gas a Estados Unidos y México con la intermediación de Chile. El bloqueo de caminos se inicia en las vías del altiplano.
-19/09/2003 Son pocos los sectores sociales que se encontraban al margen de la movilizaciones convocadas por “el estado mayor del pueblo” que se iniciaron el día viernes 19. Los choferes en La Paz realizaron un paro de 24 horas en rechazo al Código Tributario, a la exportación del gas por Chile. La ciudad de El Alto paraliza sus actividades. Los maestros rurales, también se suman a la protesta, las viudas de los beneméritos exigen un bono de 1.800 bolivianos. Los colonizadores inician un bloqueo indefinido, Caranavi se suma a un paro.
Campesinos del altiplano, a la cabeza del secretario general de la CSUTCB, Felipe Quispe, mantienen una huelga de hambre por la libertad de su dirigente Edwin Huampo. El eje principal de las protestas era la industrialización del gas en Bolivia y el rechazo a su exportación por Chile.
En esa misma fecha, mientras varios grupos organizados marchaban por la sede de Gobierno, llegaban a La Paz las noticias de un operativo militar dirigido por el ex ministro Carlos Sánchez Berzaín, para rescatar a cientos de turistas que fueron acorralados por el bloqueo de caminos en Sorata. El operativo concluye con seis campesinos muertos.
Este trágico acontecimiento desencadena una serie de protestas en El Alto y La Paz, reprimidas por el Ejército. El conflicto se prolonga hasta octubre, sumando 67 muertos y más de 450 heridos.
Después de ocho años termina el primer proceso en el Tribunal Supremo de Justicia, con la sentencia a 7 de los 17 acusados.
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