El afamado historiador británico Lord Acton escribió que el poder, especialmente el poder político avanza hasta donde encuentra un límite.
Y ese límite lo acaban de poner en Bolivia, ni los partidos opositores, ni los poderosos empresarios, lo han puesto los más pobres y marginados: los indígenas.
Indígenas que por octava vez han ofrendado sus callos y su vida, porque en las marchas varios han muerto atropellados, decidieron ponerse al frente del gobierno de Evo Morales a exigir mejores condiciones de vida.
Una universidad, integrarse al sistema de salud y que respeten su hábitat, son entre otras, las peticiones que han hecho los marchistas y que de entrada han sido calificadas de 'inatendibles'.
Pero los indígenas no se han corrido con la vaina del sable a pesar de tantas acusaciones y la criminalización que han pretendido hacer de una marcha que inicialmente partió exigiendo que respeten su territorio porque está en juego su supervivencia y también la contaminación de ese 'santuario ecológico' que tiene 170 lagunas, 470 tipos de aves, 39 de reptiles, 188 de peces y 53 de anfibios aparte de las 64 comunidades de chimanes, yuracarés y mojeños.
Los indígenas bolivianos tienen todas las de ganar porque a su favor cargan una sentencia constitucional emitida el 23 de octubre del 2010 contra la gobernación de Tarija en un caso parecido cuando ésta en alianza con la compañía petrolera Petrosur pretendían instalar un campamento en una Tierra Comunitaria de Origen (TCO) de la etnia Etika Guasu, pero la ley amparó a los nativos.
El expresidente del Tribunal Constitucional, Wilman Durán, destacó que los autóctonos son dueños de sus tierras desde antes que se conforme el Estado y en cuanto al derecho de consulta previa establecido en el Convenio 169 de la OIT, este se da si el gobierno pretende explotar recursos no renovables, pero nunca para abrir una carretera o destruir su medio ambiente.
Pero no ha sido el único caso, los indígenas se han levantado en el Brasil en contra de la construcción de la mega empresa de Belo Monte, que superaría en envergadura al Canal de Panamá y han recibido el respaldo de la Comisión Inteamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA en un fallo.
La CIDH tiene también otros siete casos en los cuales los indígenas hicieron prevalecer sus derechos que pretendían ser pisoteados por los Estados.
El poder tiene un límite y cuando la razón y la legalidad están unidos se le pueden poner al frente, pues finalmente el poder es responsabilidad pero nunca imposición.
El autor es periodista y abogado
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