El Poder Judicial es fundamental para el sostenimiento de la democracia y el Estado de Derecho. Es el encargado de mantener vigente en el imperio de la ley en el país, incluso por encima de los gobernantes. Controla el ejercicio del poder, evita los abusos y busca el equilibro. En Bolivia, el Poder Judicial se lleva apenas el 0,92 por ciento del presupuesto, lo que ubica a esta función del Estado entre las últimas prioridades.
Esta impresionante desatención hacia el Poder Judicial ha ocasionado graves problemas que se han ido acumulando a lo largo de la historia boliviana. La gente no confía en la justicia, la considera corrupta, inaccesible para el ciudadano común, demasiado complicada y lenta.
La justicia no existe para la mayoría de los bolivianos. En la mitad de los municipios del país no existen juzgados. Los jueces rurales trabajan en condiciones lamentables, a veces no tienen ni siquiera una máquina de escribir (menos una computadora) y en promedio, cada administrador de justicia tiene que resolver alrededor de 500 causas por año. Eso ocasiona que cada juicio demore entre cuatro y diez años y que las cárceles bolivianas estén llenas (70%) de detenidos sin sentencia.
El Estado Plurinacional ha estado aplicando algunas reformas al Poder Judicial que no atacan ninguna de las causas de los problemas. Los cambios en la designación de los jueces, la implantación de la justicia comunitaria, la creación de algunos tribunales y la reducción de los miembros de otras cortes, han sido simples actos de maquillaje que no resuelven el nudo gordiano de la administración de justicia.
Por último, se ha propuesto la elección de las autoridades por voto directo como la reforma fundamental del Poder Judicial en Bolivia, un mecanismo que, lejos de responder a las viejas demandas en torno a la justicia, tiende más bien a empeorar las cosas. Es obvio que este proceso, lleno de vicios y de manipulación de todo tipo, coadyuvará al incremento de la politización de la justicia y por ende a incrementar la corrupción.
La elección por voto directo de las autoridades del Poder Judicial traiciona los fundamentos del Estado de Derecho, porque permite la sujeción de los tribunales y de los administradores de justicia al poder de la mayorías, cuando en realidad, la justicia es la encargada de ponerle límites, establecer controles y evitar los excesos. En este caso, el presidente Morales ya tiene definidos sus propios candidatos a jueces, su partido los ha promocionado e incluso les está haciendo propaganda, hecho que está dirigido a conseguir la enajenación total, la cooptación plena de los administradores de justicia, que deberán actuar en consecuencia absoluta con las directrices del poder dominante, cuya máxima preocupación es hoy la imposición de una autocracia a través de la limitación y/o eliminación de las libertades individuales y el pluralismo político.
Menos mal que la gente se da cuenta de que este proceso no es democrático y que tampoco tiende a mejorar la justicia en el país, ya que se trata de un mecanismo de conquista del poder total en Bolivia. Una reciente encuesta realizada en las principales ciudades del país por la empresa “Apoyo, Opinión y Mercado”, refleja que el 63 por ciento cree la elección del 16 de octubre no cambiará en nada la administración de justicia en Bolivia, de ahí la preocupación del Gobierno por el impacto que pueda tener el voto nulo.
Esta impresionante desatención hacia el Poder Judicial ha ocasionado graves problemas que se han ido acumulando a lo largo de la historia boliviana. La gente no confía en la justicia, la considera corrupta, inaccesible para el ciudadano común, demasiado complicada y lenta.
La justicia no existe para la mayoría de los bolivianos. En la mitad de los municipios del país no existen juzgados. Los jueces rurales trabajan en condiciones lamentables, a veces no tienen ni siquiera una máquina de escribir (menos una computadora) y en promedio, cada administrador de justicia tiene que resolver alrededor de 500 causas por año. Eso ocasiona que cada juicio demore entre cuatro y diez años y que las cárceles bolivianas estén llenas (70%) de detenidos sin sentencia.
El Estado Plurinacional ha estado aplicando algunas reformas al Poder Judicial que no atacan ninguna de las causas de los problemas. Los cambios en la designación de los jueces, la implantación de la justicia comunitaria, la creación de algunos tribunales y la reducción de los miembros de otras cortes, han sido simples actos de maquillaje que no resuelven el nudo gordiano de la administración de justicia.
Por último, se ha propuesto la elección de las autoridades por voto directo como la reforma fundamental del Poder Judicial en Bolivia, un mecanismo que, lejos de responder a las viejas demandas en torno a la justicia, tiende más bien a empeorar las cosas. Es obvio que este proceso, lleno de vicios y de manipulación de todo tipo, coadyuvará al incremento de la politización de la justicia y por ende a incrementar la corrupción.
La elección por voto directo de las autoridades del Poder Judicial traiciona los fundamentos del Estado de Derecho, porque permite la sujeción de los tribunales y de los administradores de justicia al poder de la mayorías, cuando en realidad, la justicia es la encargada de ponerle límites, establecer controles y evitar los excesos. En este caso, el presidente Morales ya tiene definidos sus propios candidatos a jueces, su partido los ha promocionado e incluso les está haciendo propaganda, hecho que está dirigido a conseguir la enajenación total, la cooptación plena de los administradores de justicia, que deberán actuar en consecuencia absoluta con las directrices del poder dominante, cuya máxima preocupación es hoy la imposición de una autocracia a través de la limitación y/o eliminación de las libertades individuales y el pluralismo político.
Menos mal que la gente se da cuenta de que este proceso no es democrático y que tampoco tiende a mejorar la justicia en el país, ya que se trata de un mecanismo de conquista del poder total en Bolivia. Una reciente encuesta realizada en las principales ciudades del país por la empresa “Apoyo, Opinión y Mercado”, refleja que el 63 por ciento cree la elección del 16 de octubre no cambiará en nada la administración de justicia en Bolivia, de ahí la preocupación del Gobierno por el impacto que pueda tener el voto nulo.
Una encuesta refleja que el 63% cree que la elección del 16 de octubre no cambiará en nada la justicia en Bolivia, de ahí la preocupación del Gobierno por el impacto que pueda tener el voto nulo.
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