Alicia Tejada Soruco se refiere a la información puntual de los satélites que por encima del Estado, ofrece información fidedigna en este caso sobre el desbosque y destrucción del hábitat

En 30 años los desmontes ilegales registrados llegaron a abarcar 7.181.904 hectáreas. Desde 1993 hasta 2009 se habría producido el 58% de esta actividad, que ocurre un 75% en Santa Cruz y un 85% en las grandes propiedades agrícolas. Con este ritmo, hasta 2050 los bosques habrán desaparecido de la faz del territorio boliviano y gran parte de los suelos de uso agrícola derivarán, inevitablemente, en suelos erosionados, compactados, salinizados y hasta desertizados. De manera que cuando exportamos una tonelada de cualquier cultivo, téngase en cuenta que también estamos exportando nuestros bosques, agua y suelos. Estas son lecciones de economía sobre la finitud del capital natural.
¿Cómo detectamos hoy los desmontes ilegales? Lamentablemente cuando ya han ocurrido. El Estado utiliza imágenes de satélite (Sensor Thematic Mapper con los satélites Land Sat 5 del servidor web brasileroww.inper.brasil) que permiten conocer la ubicación y calcular la superficie desmontada. Estas imágenes se sobreponen a los datos georreferenciados del INRA y de la ABT, alcanzando un nivel de detalle que hace posible identificar los predios y la razón social de sus propietarios con extraordinaria precisión.
En esta era satelital los desmontes en tierras de bosques no ocurren por falta de conocimiento, sino por falta de entendimiento sobre las tendencias en zonas críticas: en San José de Chiquitos y Guarayos, la tendencia de los desmontes ilegales se registra incluso en los informes de la Anapo y de la CAO, puesto que sus áreas de expansión coinciden con las áreas en las que ocurren estos desmontes y también con las áreas de asentamientos humanos que incursionan a estas zonas avalados por políticas gubernamentales.
La pregunta de por qué el Estado llega cuando ya no hay más bosques no tiene una sola respuesta, pero aquí voy a referirme al déficit en el uso de información científico-técnica que lo aqueja en todos sus niveles. Las auditorías, los informes, las audiencias y las consultas se asemejan a un concurso de registros de la impunidad habida y por haber, sin correspondencia política ni acción alguna de respuesta. Autoridades gubernamentales llamadas a evitarla confunden sus facultades con derechos ciudadanos.
Mientras unas instancias denuncian nuevos desmontes, las de jerarquía superior anuncian la ampliación de la frontera agrícola legislando nuevos mapas de ‘producción’ forestal y agrícola que actualicen el lamentable estado de los bosques para justificar más de lo que se viene. Los infractores manipulan a su antojo estas gravísimas contradicciones internas.
En esta década hemos superado índices históricos: Tucavaca, Choré, San José, Guarayos, Bajo Paraguá, Beni y Pando estrenaron las cifras de alta precisión informática. ¿Siete millones? ¿Diez? Cuando el concepto de sostenibilidad es infinitamente elástico como el de legalidad, todo conocimiento carece de valor.
* Ambientalista