Los indígenas del Parque Isiboro Sécure (TIPNIS) nos están dando una excelente lección a todos los bolivianos sobre cómo se debe pelear cuando la supervivencia y el interés mayor están amenazados por un proyecto de dudosa trascendencia en el desarrollo nacional. El país está asistiendo a un espectáculo grotesco que enfrenta a un sector minúsculo del país que pretende imponerse sobre el resto, sin importar las consecuencias ambientales, legales y geopolíticas que ello pueda acarrear (¿o es que acaso la soberanía puede estar a salvo cuando el narcotráfico toma las riendas de un país?)
El presidente Morales tiene una posición tomada y no solo se mofa de la dignidad de los habitantes del TIPNIS cuando propone usar el sexo para zanjar un conflicto, sino que también minimiza el impacto que la llamada “rodovía de la droga” puede ocasionar en una de las mayores reservas naturales que tiene el país: “No es tan virgen como dicen”, argumenta el primer mandatario y pone de ejemplo a Estados Unidos y otros países capitalistas, que han construido carreteras en medio de parques, cuya biodiversidad no ha sido afectada significativamente como se teme en este caso, pues se espera que sirva como instrumento de expansión de los cultivos de coca, que a su vez ayudan al fortalecimiento de la producción y exportación de cocaína.
En Santa Cruz hace mucho que contemplamos impávidos la destrucción de preciosas reservas naturales de las que también depende la supervivencia, no solo de los que habitan en la región sino de una gran parte del país que se alimenta de los productos que se cultivan en las zonas agrícolas del departamento, seguramente el mayor patrimonio que alberga el territorio nacional, mucho más importante que todas las minas y los yacimientos gasíferos que tanto defiende el Estado Plurinacional.
Tal vez la gente del Gobierno no lo sepa (hasta no hace mucho confundían yuca con trigo), pero la productividad del norte cruceño, el granero de Bolivia, depende de la humedad y el régimen de lluvias, cuya regulación está determinada por las áreas boscosas del noroeste, que incluyen la zona del Chapare, el Parque Amboró, el TIPNIS y especialmente las selvas de El Choré, que inicialmente abarcaban más de un millón de hectáreas que han sido reducidas en 200 mil hectáreas por la presión de sectores de colonizadores y campesinos.
El Choré no es un santuario intocable. Se trata de una reserva forestal donde se ha diseñado todo un plan de aprovechamiento racional de los recursos, de tal manera de que su riqueza perdure para siempre.
Debido a su extrema fragilidad, estas tierras no tienen vocación agropecuaria, actividad que terminaría por degradar los suelos y convertir rápidamente un vergel en un desierto.
Sin embargo, bajo el auspicio del actual Gobierno se han intensificado los avasallamientos que siempre constituyeron un dolor de cabeza para los administradores de El Choré que hoy abarca alrededor de 800 mil hectáreas, el 80% de las cuales han sido invadidas por colonos que han talado los árboles, los han quemado para producir carbón o simplemente para establecer sus chacos y en la mayoría de los casos sembrar coca para abastecer la creciente demanda de los narcotraficantes que han instalado sus fábricas en la zona de influencia de Yapacaní y San Germán, donde hace poco encontraron más de cien factorías de droga.
Recientes incursiones a El Choré revelan que la situación es calamitosa en la zona. Los avasalladores están por convertir a esa reserva en una “zona roja” que pronto será irrecuperable para el Estado. Lo más lamentable es la indiferencia que expresan las autoridades locales sobre un asunto del que, como decíamos, depende la propia supervivencia.
El presidente Morales tiene una posición tomada y no solo se mofa de la dignidad de los habitantes del TIPNIS cuando propone usar el sexo para zanjar un conflicto, sino que también minimiza el impacto que la llamada “rodovía de la droga” puede ocasionar en una de las mayores reservas naturales que tiene el país: “No es tan virgen como dicen”, argumenta el primer mandatario y pone de ejemplo a Estados Unidos y otros países capitalistas, que han construido carreteras en medio de parques, cuya biodiversidad no ha sido afectada significativamente como se teme en este caso, pues se espera que sirva como instrumento de expansión de los cultivos de coca, que a su vez ayudan al fortalecimiento de la producción y exportación de cocaína.
En Santa Cruz hace mucho que contemplamos impávidos la destrucción de preciosas reservas naturales de las que también depende la supervivencia, no solo de los que habitan en la región sino de una gran parte del país que se alimenta de los productos que se cultivan en las zonas agrícolas del departamento, seguramente el mayor patrimonio que alberga el territorio nacional, mucho más importante que todas las minas y los yacimientos gasíferos que tanto defiende el Estado Plurinacional.
Tal vez la gente del Gobierno no lo sepa (hasta no hace mucho confundían yuca con trigo), pero la productividad del norte cruceño, el granero de Bolivia, depende de la humedad y el régimen de lluvias, cuya regulación está determinada por las áreas boscosas del noroeste, que incluyen la zona del Chapare, el Parque Amboró, el TIPNIS y especialmente las selvas de El Choré, que inicialmente abarcaban más de un millón de hectáreas que han sido reducidas en 200 mil hectáreas por la presión de sectores de colonizadores y campesinos.
El Choré no es un santuario intocable. Se trata de una reserva forestal donde se ha diseñado todo un plan de aprovechamiento racional de los recursos, de tal manera de que su riqueza perdure para siempre.
Debido a su extrema fragilidad, estas tierras no tienen vocación agropecuaria, actividad que terminaría por degradar los suelos y convertir rápidamente un vergel en un desierto.
Sin embargo, bajo el auspicio del actual Gobierno se han intensificado los avasallamientos que siempre constituyeron un dolor de cabeza para los administradores de El Choré que hoy abarca alrededor de 800 mil hectáreas, el 80% de las cuales han sido invadidas por colonos que han talado los árboles, los han quemado para producir carbón o simplemente para establecer sus chacos y en la mayoría de los casos sembrar coca para abastecer la creciente demanda de los narcotraficantes que han instalado sus fábricas en la zona de influencia de Yapacaní y San Germán, donde hace poco encontraron más de cien factorías de droga.
Recientes incursiones a El Choré revelan que la situación es calamitosa en la zona. Los avasalladores están por convertir a esa reserva en una “zona roja” que pronto será irrecuperable para el Estado. Lo más lamentable es la indiferencia que expresan las autoridades locales sobre un asunto del que, como decíamos, depende la propia supervivencia.
En Santa Cruz hace mucho que contemplamos impávidos la destrucción de preciosas reservas naturales de las que también depende la supervivencia, no solo de los que habitan en la región sino de una gran parte del país que se alimenta de los productos que se cultivan en las zonas agrícolas del departamento.
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