Editorial del diario El Dia
El caso de Félix Patzi ha puesto al presidente Morales en la dura encrucijada de demostrar a propios y extraños que, o gobierna para todos o se somete a unos cuantos sectores sociales que han creído que el país gira en torno a su cosmovisión. Sin duda que gobernar para todos deviene en una función fundamental inherente y deseable a un gobierno democrático, que aunque surgido de las urnas con un apoyo mayoritario, se esfuerza por defender y escuchar a una minoría que se siente sometida y humillada. Si por el contrario se gobierna en torno a los intereses de pocos sectores sociales que destilan soberbia y miopía política, no se puede hablar de una democracia participativa ni mucho menos. Estamos frente al autoritarismo.
El ahora tristemente famoso ex ministro y ex candidato a prefecto Félix Patzi, a quien todos recordarán por ser el primero en violar la recién promulgada ley que sanciona a los conductores que manejan en estado de ebriedad, ha considerado oportuno apoyarse en las organizaciones campesinas aymaras para volver a la carga por su postulación a la Prefectura de La Paz. Ha olvidado que como hombre considerado “fuerte” en la estructura partidaria del Gobierno, era el menos indicado para mostrarse ebrio y prepotente ante las autoridades y soberbio ante la prensa, cuando fue encontrado in fraganti violando una ley del Estado.
Y todavía era el menos indicado para mostrarse como víctima propiciatoria invocando a la justicia comunitaria aimara para que el Presidente lo perdone. Quienes lo han respaldado, han creído también que la justicia comunitaria es de libre y amplia aplicación en el país. Este es un craso error, porque la justicia comunitaria resuelve asuntos internos y no está por sobre el marco legal del Estado. No se trata de hacer adobes y ser “challado” para librarse del peso de la ley estatal, la que se supone se aplica a todos sin excepción. Si así fuera el caso, todos los que caigan en el delito podrán acudir a sus comunidades para que les den castigos ridículos y de esa manera puedan reírse en las barbas del aparato legal del Estado.
Gobernar para todos fue el consejo del presidente brasileño Lula. Las características sociales, económicas y culturales del partido en función de gobierno en Bolivia hacen difícil esa magna y noble tarea, porque eso significa atender a todos los sectores sin preferencias odiosas. Dentro de ese contexto, el aliento del Gobierno debería llegar a los sectores productivos privados y públicos por igual, al menos en el acercamiento, y cuanto más, en lo material y financiero. De esa manera, correspondería la aplicación de la ley a los infractores sin contemplaciones, tanto por respeto propio como por el país en su conjunto, que espera señales claras de que se gobierna para todos los bolivianos sin excepción.
Pese a todos los argumentos, todavía no se sabe a ciencia cierta si el desafío de gobernar para todos puede implicar severos riesgos para el Gobierno, cuyo sostén son los movimientos sociales, y que hoy por hoy se muestran no sólo soberbios y atropelladores, sino injustificadamente desubicados política y socialmente. Está claro que el partido gobernante deberá resolver sus propios problemas internos. Es lo justo y legítimo, pero no podrá actuar a espaldas de un país que espera que demuestre que es el gobierno de todos.
El ahora tristemente famoso ex ministro y ex candidato a prefecto Félix Patzi, a quien todos recordarán por ser el primero en violar la recién promulgada ley que sanciona a los conductores que manejan en estado de ebriedad, ha considerado oportuno apoyarse en las organizaciones campesinas aymaras para volver a la carga por su postulación a la Prefectura de La Paz. Ha olvidado que como hombre considerado “fuerte” en la estructura partidaria del Gobierno, era el menos indicado para mostrarse ebrio y prepotente ante las autoridades y soberbio ante la prensa, cuando fue encontrado in fraganti violando una ley del Estado.
Y todavía era el menos indicado para mostrarse como víctima propiciatoria invocando a la justicia comunitaria aimara para que el Presidente lo perdone. Quienes lo han respaldado, han creído también que la justicia comunitaria es de libre y amplia aplicación en el país. Este es un craso error, porque la justicia comunitaria resuelve asuntos internos y no está por sobre el marco legal del Estado. No se trata de hacer adobes y ser “challado” para librarse del peso de la ley estatal, la que se supone se aplica a todos sin excepción. Si así fuera el caso, todos los que caigan en el delito podrán acudir a sus comunidades para que les den castigos ridículos y de esa manera puedan reírse en las barbas del aparato legal del Estado.
Gobernar para todos fue el consejo del presidente brasileño Lula. Las características sociales, económicas y culturales del partido en función de gobierno en Bolivia hacen difícil esa magna y noble tarea, porque eso significa atender a todos los sectores sin preferencias odiosas. Dentro de ese contexto, el aliento del Gobierno debería llegar a los sectores productivos privados y públicos por igual, al menos en el acercamiento, y cuanto más, en lo material y financiero. De esa manera, correspondería la aplicación de la ley a los infractores sin contemplaciones, tanto por respeto propio como por el país en su conjunto, que espera señales claras de que se gobierna para todos los bolivianos sin excepción.
Pese a todos los argumentos, todavía no se sabe a ciencia cierta si el desafío de gobernar para todos puede implicar severos riesgos para el Gobierno, cuyo sostén son los movimientos sociales, y que hoy por hoy se muestran no sólo soberbios y atropelladores, sino injustificadamente desubicados política y socialmente. Está claro que el partido gobernante deberá resolver sus propios problemas internos. Es lo justo y legítimo, pero no podrá actuar a espaldas de un país que espera que demuestre que es el gobierno de todos.
Es lo justo y legítimo, pero no podrá actuar a espaldas de un país que espera que demuestre que es el gobierno de todos.
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