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miércoles, 30 de mayo de 2012

el pésimo uso del dinero del pueblo, es lo que preocupa a El Deber, en "proyectos" casi todos fallidos

La Contraloría General no había hecho propaganda de sus funciones jamás, hasta ahora, que ha decidido asegurar a los bolivianos que cumple muy bien con sus obligaciones y que el manejo de la cosa pública, sobre todo de los dineros del país, está bien vigilado. Otra cosa dicen los hechos que se van conociendo acerca de gastos realizados por el actual Gobierno en partidas de todo tipo, sobre las cuales la Contraloría no ha informado en absoluto.
No se ha conocido, hasta ahora por lo menos, ningún informe de esa oficina sobre el ruidoso caso del avión presidencial, que le costó al país 38,7 millones de dólares, en una adquisición que se hizo sin previa licitación, como ordenan las leyes del país.
Cuando se trata el tema, el oficialismo opta por el mutismo, como insinuando que se trató de una orden superior que nadie quiere ni discutir y ni siquiera preguntar.
Con igual entusiasmo y ligereza, el Gobierno ha aprobado inversiones en el Chapare sin cumplir con las exigencias legales, de las cuales la Contraloría debería ser custodio.
El mismo Gobierno canceló hace pocas semanas el contrato con la brasileña OAS para la construcción de una cuestionada carretera. No se tomó esa decisión porque la Contraloría hubiera observado las irregularidades del contrato, que incluían un millonario sobreprecio, según denuncias hechas por parlamentarios de la oposición. ¿Quién aprobó ese contrato? ¿Alguna sanción habrá para quienes lo aprobaron y lo suscribieron, o todo quedará en el olvido, tapado por la decisión de anular el contrato?
En la misma zona, en el Chapare, está el caso de Papelbol, un proyecto industrial por el que el país pagó más de 13 millones de dólares, de los que más de la mitad fueron sobreprecio.
Ahora se sabe que el propio vicepresidente Álvaro García Linera conocía del contrato con la empresa brasileña proveedora de los equipos, que ha denunciado públicamente el hecho de que si la fábrica no funciona todavía es por culpa del Gobierno boliviano. Aún no se ha tocado el tema de cómo y por qué se decidió instalar la mencionada fábrica en el Chapare donde, según todos saben, no existe ni la materia prima ni los caminos apropiados, ni un buen sistema eléctrico. Los equipos se están herrumbrando. ¿Quién aprobó esa inversión?
Ya vendrá la saga de empresa gemela, Cartonbol, que mal anda desde que fue instalada, sin cubrir costos.
La lista es muy larga. La planta piloto del litio está demorada tres años en su ejecución. Sus trabajadores hicieron una huelga para pedir el retiro del responsable de dicha planta porque supuestamente no tiene idea del tema.
El drama del Internet con que cuentan los bolivianos también debería ser motivo del interés de la Contraloría. Según la carta informativa Siglo 21, Entel pagó por las radio-bases que deberían permitir que Bolivia deje ser el último país del mundo en velocidad y calidad de aquel servicio, aunque el más caro.
La Contraloría debería comenzar a cumplir con sus funciones. Se sabe que el contralor es interino, pero eso no significa que sea ciego y sordo. Debería considerar que sus lagunas serán alguna vez puestas en evidencia.

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