lunes, 28 de junio de 2010

Osito Mier sueña con la tricolor, rojo, amarillo y verde que los masistas quieren humillar y suplantar por otra. sueño de salir la tricolor finalista

Adolfo Mier / Humorista

De tanto soñar con el África, terminé en Los Negros. Con los pies en la tierra y los brazos en alto. Unas veces para gritar gol otras para cosechar papayas. El sábado vi flamear la tricolor boliviana en el mundial y volví a soñar en mi país al revés. Al eterno ausente, productor de jóvenes valores que luego de ganar sus primeros quintos terminan sus ilusiones en la cantina de la vuelta de su barrio pobre. De ese país ausente de líderes que no los tiene ni siquiera para hacer oposición política, menos los tendrá para construir un futuro futbolero.


Unos buenos tipos, hinchas que dan su tiempo y dinero por su club, pero no le hacen a este negocio, a esta permanente ilusión y solo nos frustran cada año. No salen proyectos reales para que se nos dé, aunque sea de vez en cuando, la oportunidad de soñar.


Ghana, desde su nombre, es triunfador. Tenemos banderas similares, subdesarrollos parecidos, pero ellos van hacia delante y nosotros sólo llegamos a ser hinchas televisivos que escogemos a quién apoyar, porque las puertas del mundo futbolero para Bolivia están bajo la llave que cierra la improvisación, la ineptitud y la falta de talento en todos los niveles. Por eso soñé con Ghana. Si es cuestión de nombre podemos cambiar Bolivia por Ghanabia o por Golibia que es similar al triunfo, pero después pensé que no es Bolivia que tiene que cambiar nombre, sino los bolivianos de actitud.


De principio, a lo mejor nos traemos unos veinte ‘gañeses’ y los acomodamos en los Yungas. Les enseñamos a bailar saya, a querer este país, los nacionalizamos y, como las banderas son iguales, van a poner todo ese coraje y fuerza que expusieron en la cancha, pero jugando por la casaca boliviana. Si los alemanes tienen polacos y un negro naturalizados (Hitler, debe haberse muerto otra vez) ¿por qué no hacer algo así, para ser felices?
Otra fórmula es casarnos y tener hijos con las ‘gañeses’, pero eso es a largo plazo y mi adorada suegra no aceptaría que yo me presente de voluntario.
Mientras estudiamos qué hacer, la tricolor estuvo flameando y eso nos volvió a vivir de una alegría prestada. La diferencia es que su bandera tiene una estrella negra. Nosotros, en fútbol, un futuro negro y estrellado.


domingo, 27 de junio de 2010

las promesas que no pasan de lo simbólico en cinco años de haber acumulado el poder no sacaron a nadie de la pobreza (El Dia de SC)


Para cuándo?

“ Refundación”, “Buen vivir”, “Industrialización”, son hasta hoy promesas que no han pasado del plano del discurso, de lo simbólico, pues de lo único que se ha ocupado el Gobierno en casi cinco años es de una bulímica acumulación de poder que todavía no ha tenido repercusiones en la calidad de vida de las grandes mayorías de la población, que aguardan los beneficios del “cambio” en sus bolsillos, en el plato de comida, en la salud, en la educación, en el trabajo.
Nadie se puede quejar de la situación macroeconómica boliviana, alimentada desde hace años por cientos de millones de dólares anuales de las remesas que envían los compatriotas que emigraron a otros países; apuntalada por los elevados precios internacionales de las materias primas exportables y un auge del narcotráfico que hace rotar sumas cuantiosas de dólares en el mercado interno. Ninguno de estos factores, salvo la que corresponde a la economía de la coca, es mérito del Gobierno, que simplemente se ha beneficiado de un contexto externo auspicioso.
La mano del Gobierno en la economía puede verse en la destrucción de la industria gasífera, en la eliminación de mercados de exportación, en la falta de garantías que ha reducido a la mitad las inversiones extranjeras y el azote al sector agropecuario que ha reducido ostensiblemente la oferta de productos alimenticios y obligado a duplicar la importación de comida en tres años. El país está atravesando su cuarto año de sequía intensa y la falta de asistencia a los productores ha puesto en peligro casi el 80 por ciento de la próxima cosecha en el departamento de Santa Cruz.
Los expertos en economía aseguran que Bolivia seguirá usufructuando por un tiempo más del contexto favorable que le ha permitido al populismo reinante repartir dinero a manos llenas a través de bonos y subsidios con orientación netamente electoralista. Pese a ello, ya se observan algunas señales de alerta como lo ocurrido con el bono “Juana Azurduy” que será cubierto con un préstamo del BID y obviamente, la asombrosa ortodoxia con la que enfrentó el régimen las demandas salariales este año. Los cálculos sobre el crecimiento de este año son menores a las del 2009 y todo parece indicar que las barreras que le puso este Gobierno a la inflación podrían crujir en poco tiempo.
Las interrogantes son muy grandes en relación al plan que tiene el MAS para enfrentar los futuros desafíos. El contexto político y social interno aún no ofrece las garantías para atraer inversiones en los sectores estratégicos. La carencia de recursos humanos idóneos ha producido serios problemas en la industria del gas. Habría que ver qué va a pasar en la electricidad y otros campos en los que el Estado pretende ingresar con fuerza, desplazando a empellones a la empresa privada. La crisis europea puede afectar no sólo la demanda de productos bolivianos, sino la disminución de las remesas. La comunidad internacional no se va a quedar inerte viendo cómo se consolida un narcoestado en el corazón de América del Sur, por lo que hasta este factor puede dejar de incidir en la performance económica del MAS. A no ser que hasta hoy, los protagonistas no del cambio no hubieran demostrado su verdadero potencial. Todo indica que van a tener que mostrarlo en muy poco tiempo.
Hay señales que indican el fin de la bonanza económica en Bolivia y el MAS tendrá que mostrar su pericia en la materia.

viernes, 25 de junio de 2010

mentiras de Evo. la dinamita expuesta ante la prensa como prueba de subversión tiene dueño. es un minero que se dedica a su trabajo

Los 2.300 cartuchos de dinamita que fueron encontrados en un domicilio de un barrio alejado de Sucre estaban destinados a la actividad minera lícita, se identificó al propietario, quien presentará la documentación que le permite dedicarse a la actividad.

El Comandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), el coronel Raúl Matos informó a Fides que se identificó al propietario de la dinamita, guías de seguridad, rollos de guía explosiva y capsulas de detonante.

“Estamos investigando, pero ya hemos identificado al propietario que se dedica al comercio de este material destinado a la mina en los alrededores de Sucre”, remarcó.

La jornada anterior el Ministro de Gobierno, Sacha Llorenti y autoridades policiales presentaron, en Sucre el material explosivo en una conferencia de prensa ligando la dinamita a las prolongadas protestas del viernes por la crisis municipal.

Junto a la dinamita se presentó también banderas de la agrupación País de Jaime Barrón, además de petardos, y botellas de cóctel molotov.

Sobre el tema conversé con el jefe departamental de la agrupación País, Edwin Gonzáles.

“Descartamos tener vinculación con los explosivos, nuestra estrategia es jurídica y de paz”, concluyó. (Texto de Fides. sigue un comentario de uno de sus lectores)


Comentarios para “Explosivos presentados por ministro de gobierno están destinados a actividad minera lícita ”


Todos lo sabíamos
Por: el gobierno actúa fuera de la ley25/06/2010 08:48:58

Otra mentira que se cae, seguramente el dueño de los explosivos no aceptó el dinero que le ofrecieron para inculpar a la sociedad sucrense. El mimo método se empleó en santa cruz y adivinen quién plantó las armas en la feria y en la habitación de los tres extranjeros asesinados por el terrorismo de estado?: EL GOBIERNO!

jueves, 24 de junio de 2010

los ayllus se proponen cercar La Paz si acaso Evo no cesa en la explotación de riquezas. los indios no quieren más pozos petroleros


El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) amenazó con realizar un cerco a la ciudad de La Paz si es que la Asamblea Legislativa no atiende sus demandas. También advirtió con enjuiciar a las autoridades que lo vincularon con Usaid.

El anuncio lo hizo ayer el jiliri apu mallku (máxima autoridad) del Conamaq, Sergio Hinojosa. Dijo que su organización, al igual que los indígenas del oriente que realizan una marcha de protesta con destino a La Paz, defenderá el respeto a sus mecanismos ancestrales de elección de autoridades y aprobación de estatutos y la delimitación de sus territorios de acuerdo a la autonomía indígena.

“Anunciamos que estamos en estado de emergencia y en caso de que los asambleístas (diputados y senadores) no tomen en cuenta nuestras propuestas, iniciaremos un cerco total a la ciudad de La Paz. Podemos traer millones.

Tampoco descartamos unirnos a la marcha de los compañeros indígenas del oriente”, declaró Hinojosa a La Razón.

El Conamaq, al igual que la Confederación de Indígenas de Bolivia (CIDOB) que marcha desde el sábado, pide incluir sus propuestas al proyecto de Ley del Régimen Electoral. “Pedimos derecho a la consulta, un escenario indígena a base de las naciones originarias de tierras altas, elección directa de diputados respetando los procedimientos propios y no queremos el ingreso de los partidos políticos”, dijo Hinojosa.

El senador Fidel Surco (MAS) insinuó que la agencia estadounidense Usaid financia al Conamaq y a otras organizaciones indígenas que rechazan y protestan contra el proyecto oficialista.

La primera autoridad del Conamaq exigió al Gobierno presentar pruebas de la supuesta injerencia política de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) en el Conamaq.

Caso contrario, dijo que iniciaría procesos penales contra las autoridades que los involucraron con la agencia norteamericana.

“Fueron denuncias falsas. El Conamaq nunca fue de Usaid, nosotros no podemos condicionar a nadie sin saber, cómo van a mentir, eso quiero desmentir. Esas denuncias son fatales y hay preocupación, lo único que podemos hacer es iniciar un juicio a los que nos involucraron con Usaid, ya que no tienen pruebas”, dijo.

El apu mallku del Conamaq, Gabino Apata, ratificó las medidas de protesta que realizará su organización contra el Gobierno.

“Como organización de campesinos de tierras altas no estamos de acuerdo con el proyecto de Ley (Marco de Autonomías), ya que nos ponen limitaciones para tener autonomías indígenas en nuestros territorios, por eso rechazamos a pesar de que hubo reuniones con el ministro (Carlos Romero) y sus técnicos, pero nuestros planteamientos no fueron tomados en cuenta”, aseveró Apata.

Los dirigentes del Conamaq pidieron al presidente Evo Morales una audiencia con el fin de introducir sus demandas por medio del Poder Ejecutivo. Conamaq plantea sus demandas

Territorio El Conamaq plantea que la autonomía indígena respete la unidad territorial de los pueblos indígenas, aunque éstos estén ubicados en diferentes departamentos. Usos y costumbres La organización indígena plantea que se respeten los mecanismos de elección de autoridades y aprobación de estatutos mediante sus usos y costumbres. Indígenas recolectan comida y medicinas

Una comisión de los indígenas del oriente boliviano recolecta medicinas y alimentos en Santa Cruz y Trinidad con el fin de apoyar a los marchistas que iniciaron su recorrido desde la capital beniana y finalizará en la ciudad de La Paz.

“Como todavía están en el departamento del Beni, de ahí bajamos los dirigentes para buscar el apoyo de medicación, también de alimentos y algunos otros utensilios que pueden ser necesarios para la marcha. Estamos pidiendo colaboración más que todo en lo referido a salud y alimentación para los marchistas”, afirmó a la red Erbol el dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (CIDOB), Pedro Moya.

El dirigente indígena indicó que recolectan las medicinas y los alimentos de “instituciones amigas” y de pobladores que apoyan su medida de protesta.

Moya anunció que indígenas de Santa Cruz, del Chaco y de Tarija se sumarán a la marcha desde hoy. “Tenemos programado que el fin de semana lleguemos a Santa Cruz. Todo esto depende de cuánto podamos avanzar y de que no haya enfermedades en el trayecto”, subrayó.

La CIDOB rompió su acuerdo con el Gobierno y decidió marchar exigiendo respeto a sus usos y costumbres y a la delimitación de sus territorios, entre otras demandas. Gobierno implica a Conamaq con Usaid Evo Morales Presidente de Bolivia “Conocí a casi todas las autoridades de Conamaq y algunos de nuestros hermanos dejaron sus cargos, después les encontré en la Embajada de los Estados Unidos”, 20-06-10 César Navarro Viceministro de Coord. con los Mov. Sociales “Usaid se está involucrando de manera directa con las organizaciones indígenas, porque ya no hay partidos políticos que sean actores en la actual coyuntura boliviana”. 20-06-10 Fidel Surco Senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) “Un programa de Naciones Unidas estuvo pretendiendo poner a sus propios técnicos y así dividir a las organizaciones, eso es lo que pasó en Conamaq”. 02-06-10


miércoles, 23 de junio de 2010

copiando la "inédita Cuba" Evo quiere una "democracia masista" sin disenso, donde todos estén de acuerdo y levanten la mano. qué falta de respeto!

El disenso, el no estar de acuerdo, la capacidad de emitir opiniones contrarias a lo actuado por la autoridad competente, es un valor democrático fundamental. Ese disenso es -reiteramos- un valor democrático intrínseco; ninguna comunidad pluralista sería tal hoy en día sin la existencia de opiniones adversas. En democracia, el disenso es tan o más importante que el mejor publicitado consenso.
Los aspectos esenciales de una democracia son: la regla de la mayoría, la protección de las minorías y la institucionalización del disenso. Esta última regla no siempre se aplica como corresponde, especialmente en la Bolivia de nuestros días, donde el no estar de acuerdo –el ser opositor- parece más un pecado mortal que lo que es: una virtud democrática a ser atesorada y resguardada.
El poder expresar públicamente una de saprobación es la clave esencial de la institucionalidad democrática. El flujo y reflujo de la mayoría dominante de hoy (quizá minoría mañana) con el ingrediente esencial del disenso, es lo que dinamiza a una sociedad verazmente pluralista.
Los opositores de hoy pueden ser la mayoría en el futuro. Entonces y estando al mando, podrán aquilatar los cambios previos, modificarlos o hasta anularlos. Pero la propia funcionalidad de la ecuación “consenso-respeto-disenso”, ya en sí misma permite avistar que la marcha hacia adelante no se estanca. Si en lugar de institucionalizar el disenso se institucionaliza el consenso, las cosas no marcharán bien. El ritmo de cambio decae. La procura de unanimidad puede hacer que las transformaciones sean imposibles.
Aparentemente, parece mucho más “democrático” el consenso, pero la historia de las ideas políticas prueba lo contrario. Los consensos forjan a la larga conductas dictatoriales, o bien terminan inmovilizando a una sociedad democrática y reducen su flexibilidad.
El que manda con un mandato legítimo, debe mandar y tomar decisiones sin procurar agradar a todos. También debe, obviamente, respetar a los que no coinciden con su mando. Si los dueños del poder recurren al expediente de aplastar o eliminar a sus opositores, andaremos por un muy mal sendero, por el principio del fin de la democracia.
El querer imponer la voluntad propia a como dé lugar siempre será fuente de problemas, hasta en los hogares particulares. Ni hablar si se trata de un estado nacional contemporáneo. Algo de eso sucede en la Bolivia de hoy y enciende luces de alarma. El Gobierno de Evo Morales debe comprender que puede gobernar y mandar sin por ello dejar de respetar y de tomar en cuenta a la minoría. Es más, debe preservar y cuidar a esa minoría opositora si quiere seguir ostentando el membrete de la democracia. Caso contrario entraríamos en el camino del principio del totalitarismo, como ya se percibe en varios sectores y por causa de diversas actitudes del oficialismo.
Las democracias de este Siglo XXI tienen que procurar la creación de sistemas políticos abiertos, adaptativos, flexibles y con permanente capacidad renovadora. El gobierno de la mayoría, el respeto de las minorías y percibir que el disenso no sólo es inevitable y necesario sino que hasta puede ser beneficioso para el futuro de la sociedad, es lo que hace falta aquí y ahora.


sábado, 19 de junio de 2010

parece desmorado aunque puede ser una estratagema de Evo en relación a sus propagandistas. Capobianco relata la hoja de Humberto Vacaflor

La hoja informativa Siglo XXI que dirige el prestigioso periodista Humberto Vacaflor difunde esta semana la noticia de que el ‘núcleo’ comunicacional del Gobierno, dirigido por el ciudadano peruano Wálter Chávez, al parecer se ha ‘desmoronado’, ‘desmantelado’ y ‘dispersado’.
Desde el punto de vista de la ciencia de la comunicación, el ciclo de ‘encandilamiento’ del ‘pilar’ de sustentación del Gobierno habría concluido por el peso de los hechos ‘reales’ frente a las ‘técnicas de manipulación’ creíbles.
Durante el primer mandato del presidente Morales, el contenido y el volumen de los hechos supuestos o reales eran de tal magnitud que opacaban cualquier intento de situar las cosas en el plano de la realidad.
La revolución pacífica y democrática, el ‘proceso de cambio’, los ‘movimientos sociales’, los ‘cambios profundos’ y otras consignas revolucionarias operaron como una especie de cortina de humo frente a la cruda realidad: el desmantelamiento sistemático del Estado de derecho neoliberal.
El burdo estigma a toda una región de ser ‘nido de oligarcas’ y de ‘separatistas’ a partir de acusaciones e indicios insoslayables fue tal vez la ‘obra magistral’ del núcleo comunicacional oficial, sobre todo en su proyección hacia la comunidad internacional.
Llegó un momento en que la comunidad internacional estuvo a punto de creer en el ‘embuste’ profesionalmente ‘enlatado’ y difundido, hasta que se produjo el traspié de Tiquipaya y la Cumbre de los Pueblos.
Parece que allí se produjo el punto de inflexión al que se añadió la ‘conversión’ del Presidente al catolicismo en Roma y las reivindicaciones indígenas en un poder universal y milenario como el de la Iglesia católica.
Las masacres de Caranavi y Uncía hicieron percatarse tal vez a los ‘mágicos’ de la propaganda y publicidad oficial que la compra de aviones lujosos y el viaje sin sentido a la inauguración del Mundial eran las gotas que colmaron el vaso.
La frustrada foto ‘emblemática’ con Mandela en África no pudo ser tomada y desde allí junto al desmoronamiento del pilar publicitario oficialista habrá podido producirse ‘un golpe de timón’ en la visión del ‘gran capitán’ del barco plurinacional.
El reconocimiento, así sea formal de la Gobernación cruceña y su líder, Rubén Costas, y la entrevista oficial de dos ‘gobiernos’ podría entenderse como una modificación de fondo de la tesis del Vicepresidente de “defenestrar a los gobernadores opositores” antes de su posesión.
Es probable, aunque los menos optimistas piensan que es nada más que una ‘estratagema’ para ‘instalar’ en pleno corazón del Norte Integrado al superministro de Desarrollo Fronterizo y hombre de confianza de George Soros, Juan Ramón Quintana.
En todo caso, si el Gobierno no logra restituir su ‘núcleo’ comunicacional en iguales o mejores condiciones que el anterior, tendrá un camino cuesta arriba, sobre todo si profundiza su línea autoritaria, racista y caudillista.

* memocapobianco@gmail.com

jueves, 17 de junio de 2010

Debe ser abordado pronto. la modorra no es buena si queremos que el litio se convierta en una riqueza productiva dejando de lado la soberbia. acción!!

El litio boliviano, aquel que hace dos décadas frustró los sueños de los potosinos, hoy parece una vedette en el potencial mercado de las energías; hasta ahora tiene las condiciones para destacarse: el Salar de Uyuni es uno de los mayores yacimientos del mundo, su explotación será más accesible que en otros campos, sus cualidades para el proceso de transformación son más ventajosas que las de otras reservas y, lo más importante, ha llamado la atención en el mercado mundial.

El metal más liviano tiene gran perspectiva tanto en el sector energético como en el de la metalurgia, aunque en el primero moviliza mucho más esfuerzos científicos, técnicos y económicos. Y en ese ámbito, el litio concentrado en el Salar de Uyuni ofrece nueva oportunidad para afrontar problemas estructurales de pobreza en el país. Como ha ocurrido con la plata, el estaño y hace poco el gas natural, el litio es una nueva opción (ojalá no perdida) para el ansiado desarrollo boliviano.

Sin embargo, llama la atención el aire de cierta soberbia y exceso de confianza de algunas autoridades bolivianas mezcladas con la indefinición del proyecto para la explotación del metal y el desarrollo de la industria. Sí, excesiva seguridad, cuando desde el Ministerio de Minería reaccionan molestas frente a observaciones y críticas sobre un proyecto que incumbe a todos los bolivianos. Falta de autocrítica, cuando la planta piloto lleva un significativo retraso y se ratifica el plazo para el inicio de la etapa más importante.

En tanto, ¿qué ocurre fuera del país? Mucho y muy cerca. Chile, un país muy serio y seguro en sus prioridades y procedimientos, es el principal ofertante de carbonato de litio y el Gobierno de Sebastián Piñera se ha propuesto multiplicar por 10 los ingresos del país por la explotación del litio. Para ello, el país vecino ha decidido abrir su mercado y modificar su ley de concesiones mineras.

A principios de semana, The New York Times lanzó el cuando menos extraño dato de que Afganistán, allí donde se libra una de las guerras antiterroristas de EEUU, tiene una reserva de litio similar a la de Bolivia. Y la reacción del Gobierno fue idéntica a las que ya nos tiene acostumbrados: un enfoque político e ideológico. El ex ministro Luis Alberto Echazú prefirió calificar ese dato difundido por el Pentágono como uno distractivo de la opinión pública de la potencia del norte. ¿Y sobre lo nuestro cuándo?

Los datos objetivos y técnicos dirán, en definitiva, qué países, además de Bolivia, competirán en el mercado del litio. Chile ya está en carrera, Afganistán quizá lo esté y algún otro país asiático también.

El fondo del proyecto para el litio boliviano tiene que ver con la capacidad tecnológica, el acceso y las oportunidades del mercado, y la participación estatal en este asunto que requiere de socios inversionistas. Con toda seguridad, la absoluta mayoría de los bolivianos debe estar convencida de que el Estado debe ser protagonista, pero aquello debe ocurrir en los plazos y medidas que correspondan a la realidad.

Este proyecto debe ser abordado racional y objetivamente, pero sin pausa alguna. El entusiasmo político y la modorra son malas consejeras. ¿Qué es lo queremos hacer con el litio? Si Bolivia quiere producir baterías de litio, tendrá que considerar que la planta piloto para producir carbonato de litio que se monta en Potosí y el equipo joven al que promueve son insuficientes. Se requiere mucho más.



lunes, 14 de junio de 2010

la información figura en el ABC de Madrid, aunque se ha difundido por el mundo entero

Bandas internacionales que operan en España tienen vinculaciones en Bolivia e internan cocaína al país europeo, informa el periódico español La Voz Digital, citando a la Fiscalía de Cádiz.

Una nota del periódico informa que el tráfico internacional de cocaína está creciendo y que la memoria de la Fiscalía de Cádiz hace énfasis en el asentamiento de bandas, de carácter internacional, que importan la cocaína directamente desde los países productores, sin recurrir a los representantes de los carteles que están afincados en Madrid.

Una de las investigaciones desarrolladas el año pasado y que le mostró a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado esta evolución del narcotráfico que se padece en el ámbito local, fue el “caso Santa Cruz”.

El grupo para los estupefacientes de la Policía Nacional de Jerez desmanteló una organización que enviaba a “correos” desde Cádiz a Bolivia para hacerse con partidas de cocaína que directamente se introducían en Jerez, principal centro de distribución de esta sustancia en la provincia.

En julio de ese año se dieron por concluidas unas pesquisas que permitieron bloquear la salida de cuatro “muleros” gaditanos (de Cádiz) que pretendían llegar a España con kilos de cocaína que presumiblemente iban a ser vendidos en la provincia.

Dos de los arrestados cayeron en días distintos en el aeropuerto de Guarulhos (Sao Paulo, Brasil), otro en Amsterdam y un cuarto en el aeródromo de Corumba-Mato Grosso del Sur (Brasil).

De esta forma, agrega La Voz Digital, la provincia española no es sólo lugar de paso de cargamentos introducidos por la costa y con destino final a Europa; sino que está recibiendo cocaína para su distribución por las localidades de Cádiz y otras zonas.

La estrategia de los traficantes de droga es “un salto cualitativo”, como subraya la Fiscalía de Cádiz, que se produce por el auge en la demanda de esta sustancia entre los consumidores. Los narcos ven así en esta zona un mercado propio por explorar.

sábado, 12 de junio de 2010

no permitir ingreso de fiscales ni policías. no investigar los linchamientos. cambio de efectivos policías. piden los ayllus

- Nueve ayllus de los municipios norte potosinos Llallagua, Chayanta y Uncía determinaron la noche de este viernes impedir el ingreso de los fiscales y policías a investigar a esta zona sobre el caso del linchamiento de los cuatro efectivos de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) de Oruro.

Según el reporte de la radio Pio XII de la Red Erbol, la decisión fue tomada por los ayllus de estos municipios de la provincia Rafael Bustilloen un cabildo que se realizó desde las 10.00 a 20.00 horas de esta jornada en la sede de la Federación de Ayllus Indígenas Originarias del Norte Potosí, ubicada en la urbanización Saca Marka de la ciudad de Llallagua.

Uno de los puntos de principales de la resolución del cabildo indica que no permitirán el ingreso de las autoridades investigadoras, sean fiscales o policías a las comunidades rurales de Uncía, para indagar sobre los policías linchados.

Esta posición fue adoptada después de que en los pasados días representantes del Ministerio Público de Potosí anunciaron que iban a ingresar a las comunidades a investigar el caso con el fin de dar con los autores del crimen.

También se ratificó en el encuentro que exigirán a las autoridades políticas y policiales nacionales el cambio de todos los efectivos policiales destinados a los municipios de Uncía, Llallagua y Chayanta, debido a que consideran que los actuales uniformados sólo se dedican a extorsionar a los comunarios y contrabandistas de autos (chuteros).

Los representantes de los ayllus indicaron que si es que quieren hacer investigaciones de este casi también deberían hacer indagaciones en contra de los efectivos “extorsionadotes”, chuteros y esclarecer la muerte de los comunarios en los últimos seis años.

En el encuentro estuvieron el diputado Luis Gallego, el Subgobernador de la Provincia Bustillo, concejales de Uncía, autoridades originarias de la Federación, segundas mayores, jilancos y otros. (Texto de Erbol)

viernes, 11 de junio de 2010

COCAINA EN LIBERIA. se trata de droga boliviana que ayudó a decomisar nada menos que el hijo de Kadafi. es boliviana. qué triste!

Fumbah Sirleaf, director de la Agencia de Seguridad Nacional de Liberia e hijo de la presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, se infiltró en el narcotráfico y logró la confiscación de cuatro toneladas de cocaína provenientes de Bolivia y Colombia, informaron medios internacionales.

Ésta es la primera ocasión en que un operativo internacional antidrogas permite establecer vínculos entre las FARC y narcotraficantes bolivianos.

Según un reporte de El Tiempo, de Colombia, Sirleaf entabló contacto con agentes de la DEA (Administración Estadounidense Ejecutora de Leyes sobre Drogas, en inglés) para efectuar la acción.

En octubre del año pasado, un narcotraficante colombiano ofreció al liberiano 200 mil dólares si permitía el paso de cuatro toneladas de cocaína, recompensa que se elevaría a 1,4 millones si la operación tenía éxito.

Los agentes de la DEA recomendaron a Sirleaf que aceptara el trato. Según el diario mencionado, Al Qaeda y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mantienen relaciones para traficar drogas. La DEA capturó en Ghana, según el rotativo citado, a tres agentes de Al Qaeda a quienes acusó de narcoterrorismo.

El acuerdo fue enviar tres embarques. Dos toneladas partirían en avión desde una pista clandestina en Venezuela y llegarían a Monrovia, la capital liberiana. 1.500 kilos saldrían por barco desde Panamá y otros 500 kilogramos serían enviados a través del océano. Esta media tonelada provendría de Bolivia.

De acuerdo con los informes, la droga era protegida durante su recorrido por Sudamérica y Panamá por militantes de las FARC.

Sin embargo, algo salió mal y las autoridades venezolanas capturaron la aeronave cuyo cargamento estaba valuado en unos 35 millones de dólares.

El narcotraficante colombiano, actualmente prófugo, Marcel Acevedo Sarmiento, conocido también con los alias de “Jota” y “Juan Restrepo”, dijo que si le abonaban 100 mil dólares podría remitir de inmediato 500 kilos de cocaína boliviana.

Esa droga sería enviada en vuelos comerciales desde Ghana a Estados Unidos o por barco hacia Europa.

Como consecuencia del operativo, ocho personas fueron detenidas: cuatro liberianos y un ruso, capturados en Liberia y extraditados el pasado fin de semana a Nueva York, donde son enjuiciados. Otros dos liberianos fue arrestados el pasado martes 8 en Monrovia y extraditados. El colombiano Jorge Iván Salazar Castaño cayó en España.

Este sujeto es considerado por la DEA como el mayor proveedor de droga de esta organización. Los investigadores establecieron que este hombre de 44 años poseía una flotilla de aviones y varias pistas clandestinas en Colombia y en Venezuela para enviar la droga hacia destinos de ultramar.

Según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), de Naciones Unidas, el contrabando de droga a través de África hacia Estados Unidos movió el año pasado más de mil millones de dólares.

jueves, 10 de junio de 2010

Naciones Unidas pide una investigación seria y responsable sobre el linchamiento de Policías en Uncía

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, Dennis Racicot, dijo ayer que en la localidad de Uncía hubo linchamiento de los cuatro uniformados y exhortó a las autoridades de Bolivia a esclarecer el asunto.
“Estamos pidiendo a las autoridades bolivianas una investigación. Para nosotros es un caso de linchamiento de cuatro miembros de la Policía que de algún modo se incorporan al fenómeno de ejecuciones que ocurren en el país. No sabemos qué ha ocurrido, pero vamos a hacer el monitoreo de todo el caso”, adelantó el representante internacional.
El delegado también dijo que hasta el momento ya se reunieron con el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, para hablar de este tema y que tienen previsto entrevistarse con el fiscal del distrito de Potosí, cuya oficina investiga este hecho.
Una misión de esta reparticipación partirá, en fecha aún no establecida, hacia las comunidades del norte de Potosí para entrevistarse con los pobladores involucrados en el problema y estas autoridades no descartan una entrevista con los familiares de los cuatro policías asesinados en la localidad de Uncía el 23 de mayo.
No obstante, el Alto Comisionado demandó de las autoridades bolivianas y de la misma sociedad la confianza en las investigaciones que realizan. “Tienen que ser siempre percibidos por el público como los únicos que pueden realizar una investigación objetiva de cualquier caso”, dijo Racicot, en relación a los fiscales destinados al caso.
Afirmó que existen las instancias pertinentes que pueden hacer un trabajo profesional. “Mi punto de vista es que se puede tener desde el ámbito de la sociedad boliviana, desde sus instrumentos que son el Defensor del Pueblo, una comisión del Parlamento, las organizaciones no gubernamentales, la misma Fiscalía. Los bolivianos pueden realizar investigaciones objetivas”, añadió.
Acotó que es ‘obligación’ de estas entidades realizar investigaciones imparciales y que el deber del Alto Comisionado es ver que esas instituciones cumplan esa labor y que no se recurra a esta oficina cuando hay este tipo de problemas.
El 28 de mayo, el Gobierno boliviano comunicó a esta oficina que ampliaba su permanencia en Bolivia hasta el 2013. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está en Bolivia desde agosto de 2007 y entre sus actividades está brindar asistencia técnica a las instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil, promover los derechos humanos y monitorear la situación de los derechos humanos en el país.
Por su parte, el abogado de las familias, Jhonny Castelú, adelantó que si no encuentran en el país las garantías necesarias para lograr el esclarecimiento de los hechos, se puede acudir a instancias internacionales y una de esas alternativas puede ser el alto comisionado.
Ayer, el profesional informó de que Fabiola Mendoza, esposa del cabo Esteban Alave, tiene alta probabilidad de perder al bebé que esperaba por los trajines recorridos desde el 23 de mayo y que fue internada el domingo después del entierro.
También anunció que los familiares decidieron impugnar el memorial de desistimiento que habían firmado porque fue rubricado bajo presión y ahora se constituirán en parte querellante. Confirmó que hasta el momento no fueron convocados por el fiscal de Potosí que investiga el caso y desconocen el trabajo que se realizó hasta el momento.
En Potosí, el fiscal de Distrito Sandro Fuertes, dijo que luego de la recuperación de los cuerpos y las necropsias existen muchas evidencias de que los uniformados “hubiesen (muerto) en un enfrentamiento entre chuteros”, dijo en declaraciones a una emisora local.

Preocupa el incremento de los casos
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Dennis Racicot, hizo pública su preocupación por el crecimiento de los linchamientos en territorio boliviano e informó que las ciudades de El Alto y Santa Cruz son donde se presentaron más casos.
“Vemos con preocupación que el método de linchamiento en el país ha ido creciendo en los últimos años, de 35 en 2008 ha subido a 71 en 2009 y en este año, van como 35 casos que tenemos registrados en sólo cinco meses”, evidenció el delegado.
Añadió que, de todos estos hechos, resultaron 14 víctimas fatales y que se puede considerar que la tendencia es negativa.
“En ese sentido, parece instalarse una cierta tolerancia del público hacia esto que son formas ilegales de poblaciones que toman la justicia en sus manos y lo más preocupante es que los hechos suceden en ámbitos urbanos más que en ámbitos rurales”.
Es necesario, dijo, que las autoridades revisen los datos que se revelan de las ejecuciones y que no se puede confundir estas muertes con justicia indígena originaria y menos con justicia comunitaria, “porque si esto es justicia indígena originaria, entonces estamos perdidos”, reflexionó. La mayor parte de estos hechos quedaron en la impunidad y uno de los pocos casos en los que se persiguió a los culpables fue en Epizana, donde los pobladores asesinaron a tres policías.

Ayllus llevan su protesta hasta La Paz
Pobladores de los cinco ayllus del municipio de Uncía definieron marchar mañana en la ciudad sede de Gobierno para hacer conocer su voz de protesta por los sucesos ocurridos en la comunidad de Cala Cala, donde lincharon a cuatro policías a los que acusan de extorsionarlos.
La manifestación fue confirmada por el diputado del norte de Potosí, Luis Gallegos, que dijo a la ABI que los pobladores están molestos contra los malos policías.
“(Estamos) dispuestos a marchar contra los corruptos. Vamos a investigar", aseguró el representante del norte potosino, que ofició como el portavoz de los pobladores.
Por otro lado, los principales dirigentes y autoridades de los ayllus ratificaron la determinacin asumida el lunes de plantear oficialmente la investigación de los bienes de los policías muertos.
Exigirán que esa indagación se realice bajo la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, porque presumen que los efectivos policiales se han enriquecido cometiendo sus fechorías.
El 23 de mayo, Nelson Alcócer, Miguel Ramos, Rubén Cruz y Esteban Alave fueron linchados por presuntamente extorsionar y asesinar a pobladores de los ayllus del municipio de Uncía. /El Potosí


miércoles, 9 de junio de 2010

retroceso a la barbarie. los ajusticiamientos son "corruptio maxima" asegura el padre José Gramunt sacerdote jesuíta

Los sucesos de los ayllus de Nor - Potosí, a pesar de haberse producido hace más de dos semanas y de haberse comentado abundantemente a través de todos los medios de comunicación a nivel nacional e internacional, permanecen en la memoria viva de la gente común. Adelanto una conclusión, que es el desprestigio manifiesto en que ha caído el Gobierno por su negligencia y omisión culpable. Corresponde ahora aprender las lecciones que hemos deducido de lo ocurrido y aplicar, hasta donde sea posible, los remedios que el buen sentido nos dicta.
La ciudadanía mentalmente sana coincide en las siguientes ideas: Que en varias zonas del país no hay Estado. Que autoridades nacionales y locales han estado ausentes, en la masacre de Uncía, como si no les importaran ni los muertos ni cómo murieron ni el dolor de sus familiares. Algunas autoridades trataron de negociar con los criminales. Que la gente gritó de consuno: “¡Con los asesinos no se transa!”. Que el contrabando de automóviles y de toda clase de mercaderías, de droga y de armas campea por sus respetos en todo el país. Que personas y grupos extranjeros y pandilleros nacionales se han instalado en el país por la impunidad de la que gozan. Que el Gobierno ha demostrado una incapacidad y una negligencia inexcusables.
Que el haber introducido en la administración de la justicia la llamada justicia comunitaria y, aunque el caso de Nor - Potosí no se remita a la tal justicia consuetudinaria, no contribuye a mejorar la buena administración de la justicia sino que generar confusión, la que, a su vez, facilita la comisión de graves delitos que antes no ocurrían con la frecuencia y la impunidad de ahora, tales como la tortura y la pena de muerte. Que la imagen de Bolivia se ha envilecido a causa de lo que venimos comentando.
Esta breve enumeración nos lleva a algunas otras conclusiones: Que la experiencia de los casos ocurridos exigen una correlativa y ejemplar sanción. Que sería una equivocación culpable que las autoridades, por motivos políticos, trataran de interponer cortinas de humo para que no se conozca toda la verdad de los hechos. Que deben establecerse las responsabilidades de todos aquellos que debieron tomar decisiones justas y oportunas y no lo hicieron. Que el procedimiento apropiado para juzgar a los autores, cómplices y encubridores es el que dictan los códigos escritos y promulgados y no las imprecisas, arbitrarias o meramente supuestas e imaginadas tradiciones orales que no son ni claras, ni precisas, ni escritas, ni codificadas, ni debidamente promulgadas, ni socializadas (como hay que decir ahora).
Que vistos los antecedentes hasta aquí apuntados y los que puedan añadirse, resulta ineludible reformar la Constitución vigente en lo que se refiere a la llamada justicia comunitaria. Que la promoción de las naciones originarias ha de reorientarse en el sentido del progreso, dignificación y modernización de sus instituciones tradicionales, sin declinar en la consolidación de las instituciones republicanas. Que un Gobierno que creó un Ministerio Anticorrupción, es incompatible con la impunidad de la “corruptio maxima” como son los ajusticiamientos “de libre disponibilidad”. Que el retroceso a la barbarie primitiva contradice absurdamente los anuncios de un país “en donde se vive bien, mejor que antes”.

martes, 8 de junio de 2010

con total precisión Los Tiempos está mostrando la negligencia del Gobierno en el caso de los linchamientos del norte potosino

Al parecer, una de las causas determinantes para que el secuestro de cuatro policías comunarios asentados alrededor de Uncía haya terminado en su asesinato es la negligencia de parte de las autoridades del Órgano Ejecutivo. Sea por un falso sentido de solidaridad con aquéllos, sea por omisión en el cumplimiento de sus deberes, lo que va resaltando es que fue la acción de los familiares de las víctimas, de la intervención del párroco de la zona y el trabajo de los medios de comunicación lo que obligó a los comunarios a, finalmente, devolver los cadáveres.

A ello se añade el informe forense –que un fiscal potosino y el ministro de Gobierno tratan de deslegitimar-- que señala que una de las víctimas habría sido asesinada mientras se desarrollaban las negociaciones, lo que da cuenta, además, de la incapacidad de los mandos policiales para reaccionar en forma debida ante hechos como el que se comenta, al dar por muertos a los policías cuando sólo se sabía que estaban desaparecidos.

Hay más. Una de las reacciones recurrentes de las autoridades –lamentablemente incluido el nuevo Defensor del Pueblo-- ha sido, para explicar sus evidentes errores y omisiones, tratar de desacreditar aquellas gestiones que realizaron actores no estatales. Es decir, las autoridades no sólo no actuaron a la altura de las circunstancias, sino que atacan a quienes sí lo hicieron.

Todo ello se inscribe –en momento en que se debate en la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley del Órgano Judicial-- en el proceso de inclusión en la economía jurídica del país de la denominada justicia originaria campesina, y se puede constatar aquello que nos advertían cuando se discutía el nuevo proyecto de Constitución Política del Estado (CPE) los entendidos en el tema: se debe rescatar, incluir y valorar los usos y costumbres de los pueblos originarios en la resolución de sus conflictos, pero es un error situarlos en el mismo nivel de la justicia ordinaria, y que una Ley de Deslinde no eliminaría los problemas y retrocesos en este campo.

La demagogia junto a una visión neocolonial de muchos asesores del Gobierno en el proceso de elaboración del proyecto de Constitución –una buena parte abogados españoles-- lograron imponer sus criterios, basados en mera ideología y culpas pasadas, y concibieron un híbrido que será muy difícil adecuar a la realidad, una realidad en la que, como aparece en el caso de Uncía, grupos delincuentes se aprovechan de dirigentes originarios para actuar como lo han hecho y escudarse, maliciosamente, en las normas constitucionales sobre justicia para tratar de evadir el peso de la justicia ordinaria en el proceso que se debe incoar a sus autores ideológicos y materiales por asesinato con alevosía y premeditación.

Pero, precisamente por tratarse de un hecho tan claro, tal vez es momento para que las propias autoridades del Gobierno, como una forma de devolver a la justicia comunitaria su exacto sitial en el ordenamiento jurídico del país y de esa manera convertirla en mecanismo efectivo de resolución de controversias y no amparo de crímenes, revisen posiciones claramente retrógradas e ideológicas y se trabaje por un sistema jurídico renovado, ágil, oportuno y de acceso generalizado.

sábado, 5 de junio de 2010

dura expresión del Defensor Villena "a pesar del peligro la Policía debía efectuar su trabajo, asegura criticándoles por su inoperancia.

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, acusó, este sábado, a la policía de no haber asumido su rol en el rescate de los cuerpos de los cuatro policías de la Dirección de Prevención del Robo de Vehículos (DIPROVE) de Oruro.

Para Villena no hubo “prontitud” para acudir a los ayllus de Uncía por parte de la institución verde olivo, además de la fiscalía. “La fiscalía demostró total inacción y por parte de la policía no asumió su rol”, señaló a tiempo de acotar que este hecho es preocupante pues demuestra la debilidad del estado y sus instituciones.

La policía debió realizar su trabajo que era acudir a pesar del peligro porque se sabe que allá la gente estaba con los ánimos muy caldeados, expresó el defensor en declaraciones brindadas a la Red Erbol.

Dijo que el cuadro de la policía es contradictorio en esa región y se basó en el argumento de que el personal de la institución del verde olivo que trabaja allá lo hace por castigo, hecho que devela que los policías no los más calificados profesionalmente para trabajar en estos lugares.

Agregó que es la labor del Ministerio Público establecer la verdad y no de la Defensoría del Pueblo. Emitió esta apreciación luego de que su entidad fuera blanco de duras críticas al fracasar en su intervención de mediador para facilitar la entrega de los cuerpos de las víctimas.

"Son siete muertos en los últimos seis años y tanto la fiscalía como la policía no hiceiron mucho al respecto, por eso no existe un manejo adecuado de sus roles, parecen más entidades simbólicas”, argumentó.

Anunció que para los próximos días la defensoría emitirá un informe de carácter reflexivo y analítico sobre el caso, en el que no emitirá ningún juicio de valor, en correspondencia con el trabajo que desempeña.

martes, 1 de junio de 2010

ERBOL informa que los cadáveres fueron enterrados boca abajo. hicieron justicia con sus manos, los torturaron pero no los quemaron. aseguran

Los cadáveres de cuatro policías torturados y linchados por indígenas del suroeste del país, fueron enterrados boca abajo, para, según sus creencias, evitar que sus almas "persigan" a quienes les asesinaron, informó hoy el Defensor del Pueblo, Rolando Villena.

Villena, quien estuvo en los últimos días en el lugar del crimen, declaró a medios locales que los indígenas, de acuerdo con sus creencias, enterraron los cadáveres boca abajo "para que el alma de los que han sido victimados no persiga a quienes los han victimado".

"Las comunidades han admitido que hicieron justicia con sus manos. Tras haberlos torturado de la manera más cruel, los victimaron, pero no fueron quemados", dijo el Defensor.

Los indígenas de Uncía, asesinaron hace nueve días a los policías tras acusarlos de supuestos homicidios, robos y extorsiones.
La Policía y el Ministerio Público no han podido ingresar desde entonces a Uncía para recuperar los cuerpos, ya que los "ayllus" (clanes de indígenas) declararon "zona roja" la región.

El presidente Morales, envió ayer a sus ministros de la Presidencia, Óscar Coca, y Gobierno (Interior), Sacha Llorenti, a negociar con los indígenas para pedirles que devuelvan los cadáveres.

La negociación se suspendió sin éxito ni fecha de reanudación, ante la negativa de los indígenas a entregar los cuerpos, aunque luego acordaron que cada ayllu volverá a analizar la petición.

Villena cree que la devolución de los cadáveres será un asunto "complicado" por la concepción indígena "sobre la vida misma".
Recordó que los ayllus se niegan a la investigación de las muertes de los agentes y que, por el contrario, han exigido que se investiguen los presuntos asesinatos de siete indígenas, cometidos -según ellos- en los últimos seis años por policías.

Morales descartó hoy una intervención militar o policial y apeló a los indígenas que estén de acuerdo con la entrega de los cuerpos.

"No vamos a buscar ninguna intervención militar ni policial. Confiamos en algunos dirigentes indígenas y vecinos dispuestos a devolver los cuerpos por una cuestión humanitaria", sostuvo Morales.

Según dijo el mandatario en rueda de prensa en La Paz, "no es toda la población, ni siquiera son todos los ayllus, sino que es alguna gente usada por los contrabandistas" la que se opone a entregar los cuerpos de los policías linchados.

Insistió en que el Ministerio Público debe investigar "de oficio" el linchamiento, pero también las denuncias de presuntas extorsiones y abusos de poder cometidos por los agentes en la zona.

Evo cumple. ejecuta el plan de Chávez. viola la democracia y utiliza a las FFAA a su favor.

Evo Morales y su democracia

Por Jaime Daremblum

Al margen de la hilaridad que provocan sus insólitas teorías, no debemos perder de vista que Evo Morales está ejecutando al pie de la letra el plan de acción de su mentor Hugo Chávez para destruir la democracia desde dentro.
El paralelo entre la trayectoria en el poder del boliviano y la del venezolano se torna cada vez más notorio, y si Morales ha avanzado ligeramente menos que Chávez en el camino a la autocracia es porque empezó unos años más tarde. Sin embargo, recorre exactamente el mismo camino. Así, quien pudo servir de puente para zanjar las profundas divisiones étnicas, geográficas, socioeconómica de su país se ha dedicado a exacerbarlas y llevarlas al extremo.

La violación de principios y de instituciones esenciales para el funcionamiento de la democracia se inició en el momento mismo en que Morales hizo sesionar a la Asamblea Constituyente en un cuartel militar, al que se impidió el acceso a los constituyentes que no concordaban con la línea ideológica fijada de antemano por el gobierno. Las violaciones han proseguido de manera sistemática.

La noche misma del 6 de diciembre de 2009, en que festejó su reelección, Morales anunció que se postularía nuevamente como candidato presidencial en 2015, a pesar de que la nueva Constitución, aprobada a su arbitrio, prohíbe que se elija a una misma persona para el desempeño del cargo de presidente por más de dos períodos consecutivos. Además, sus partidarios en la legislatura han destituido a magistrados de la Corte Suprema cuya única falta había sido no haberse doblegado ante los deseos y presiones del gobierno. Este año, esos mismos legisladores han dado a Morales la potestad –que ya disfruta Chávez– de nombrar a los jueces de todas las cortes del país, lo cual impide al Poder Judicial cumplir con su función primordial en una auténtica democracia: actuar como mecanismo de control de los posibles excesos de los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo.

Por otro lado, en Bolivia se persigue a líderes de la oposición, y se formulan cargos falsos contra ellos. De ese modo se les impide participar en elecciones, se los despoja de sus victorias electorales o se les fuerza a exiliarse. Esta típica receta chavista ha sido puesta sistemáticamente en ejecución por Morales y sus seguidores incondicionales.

Al gobernador del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, lo han acusado de peculado. Esto suena como una lucha contra la corrupción, pero el caso es que formularon esa acusación simplemente porque incluyó en su presupuesto los recursos necesarios para realizar un referéndum sobre la autonomía del departamento, a lo que Morales se opone.

La persecución política no está de ninguna manera reservada a la élite tradicional. Así, se sigue juicio por falsos cargos de irregularidades a René Joaquino, alcalde de Potosí, que es de origen humilde e indígena por los cuatro costados. ¿Su pecado? Haber competido con Morales por la presidencia del país en las elecciones de diciembre pasado y volver a ganar las municipales de Potosí, derrotando a la maquinaria del gobierno.

De las diez ciudades más importantes del país, siete están en manos de opositores, entre ellas Potosí, como acabamos de ver, y la capital, La Paz, donde triunfó el candidato del Movimiento Sin Miedo, aliado de Morales hasta principios de este año. Al presidente le preocupan estas derrotas en zonas clave.

En las elecciones del 4 de abril, el partido de Morales ganó dos tercios de las gobernaciones (6 en total, contra 3 ganadas por la oposición: las de los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Beni); su partido obtuvo también una amplia mayoría de alcaldías. Pero el presidente, en lugar de festejar sus triunfos, denunció un "fraude" electoral en su contra.

La reacción de Morales refleja su alarma ante el significativo retroceso electoral que han sufrido él y su partido en sólo cuatro meses. A pesar de sus recientes victorias regionales, el Movimiento Al Socialismo acaba de perder un 14 por ciento del respaldo popular. En diciembre de 2009 el MAS obtuvo el 64% de los votos en las presidenciales, mientras que en abril de este año alcanzó sólo el 50% en las elecciones departamentales y locales. El MAS ha padecido retrocesos del 12% en Potosí, del 20 en Oruro y del 30 en La Paz, mientras que en los tres departamentos donde logró progresar las mejoras fueron del 3 o el 5%. Esto explica que Morales intente usar todo el poder del que dispone para destituir, con acusaciones de fraude electoral, a quienes legítimamente le vencieron.

La instauración de un régimen chavista en Bolivia ha servido para empeorar las condiciones, de por sí ya difíciles, que enfrenta la población del segundo país más pobre de América. Es hora de considerar con seriedad el poder desestabilizador del presidente boliviano.


© AIPE

JAIME DAREMBLUM, director del Centro de Estudios Latinoamericanos del Hudson Institute.