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jueves, 10 de junio de 2010

Naciones Unidas pide una investigación seria y responsable sobre el linchamiento de Policías en Uncía

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, Dennis Racicot, dijo ayer que en la localidad de Uncía hubo linchamiento de los cuatro uniformados y exhortó a las autoridades de Bolivia a esclarecer el asunto.
“Estamos pidiendo a las autoridades bolivianas una investigación. Para nosotros es un caso de linchamiento de cuatro miembros de la Policía que de algún modo se incorporan al fenómeno de ejecuciones que ocurren en el país. No sabemos qué ha ocurrido, pero vamos a hacer el monitoreo de todo el caso”, adelantó el representante internacional.
El delegado también dijo que hasta el momento ya se reunieron con el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, para hablar de este tema y que tienen previsto entrevistarse con el fiscal del distrito de Potosí, cuya oficina investiga este hecho.
Una misión de esta reparticipación partirá, en fecha aún no establecida, hacia las comunidades del norte de Potosí para entrevistarse con los pobladores involucrados en el problema y estas autoridades no descartan una entrevista con los familiares de los cuatro policías asesinados en la localidad de Uncía el 23 de mayo.
No obstante, el Alto Comisionado demandó de las autoridades bolivianas y de la misma sociedad la confianza en las investigaciones que realizan. “Tienen que ser siempre percibidos por el público como los únicos que pueden realizar una investigación objetiva de cualquier caso”, dijo Racicot, en relación a los fiscales destinados al caso.
Afirmó que existen las instancias pertinentes que pueden hacer un trabajo profesional. “Mi punto de vista es que se puede tener desde el ámbito de la sociedad boliviana, desde sus instrumentos que son el Defensor del Pueblo, una comisión del Parlamento, las organizaciones no gubernamentales, la misma Fiscalía. Los bolivianos pueden realizar investigaciones objetivas”, añadió.
Acotó que es ‘obligación’ de estas entidades realizar investigaciones imparciales y que el deber del Alto Comisionado es ver que esas instituciones cumplan esa labor y que no se recurra a esta oficina cuando hay este tipo de problemas.
El 28 de mayo, el Gobierno boliviano comunicó a esta oficina que ampliaba su permanencia en Bolivia hasta el 2013. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está en Bolivia desde agosto de 2007 y entre sus actividades está brindar asistencia técnica a las instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil, promover los derechos humanos y monitorear la situación de los derechos humanos en el país.
Por su parte, el abogado de las familias, Jhonny Castelú, adelantó que si no encuentran en el país las garantías necesarias para lograr el esclarecimiento de los hechos, se puede acudir a instancias internacionales y una de esas alternativas puede ser el alto comisionado.
Ayer, el profesional informó de que Fabiola Mendoza, esposa del cabo Esteban Alave, tiene alta probabilidad de perder al bebé que esperaba por los trajines recorridos desde el 23 de mayo y que fue internada el domingo después del entierro.
También anunció que los familiares decidieron impugnar el memorial de desistimiento que habían firmado porque fue rubricado bajo presión y ahora se constituirán en parte querellante. Confirmó que hasta el momento no fueron convocados por el fiscal de Potosí que investiga el caso y desconocen el trabajo que se realizó hasta el momento.
En Potosí, el fiscal de Distrito Sandro Fuertes, dijo que luego de la recuperación de los cuerpos y las necropsias existen muchas evidencias de que los uniformados “hubiesen (muerto) en un enfrentamiento entre chuteros”, dijo en declaraciones a una emisora local.

Preocupa el incremento de los casos
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Dennis Racicot, hizo pública su preocupación por el crecimiento de los linchamientos en territorio boliviano e informó que las ciudades de El Alto y Santa Cruz son donde se presentaron más casos.
“Vemos con preocupación que el método de linchamiento en el país ha ido creciendo en los últimos años, de 35 en 2008 ha subido a 71 en 2009 y en este año, van como 35 casos que tenemos registrados en sólo cinco meses”, evidenció el delegado.
Añadió que, de todos estos hechos, resultaron 14 víctimas fatales y que se puede considerar que la tendencia es negativa.
“En ese sentido, parece instalarse una cierta tolerancia del público hacia esto que son formas ilegales de poblaciones que toman la justicia en sus manos y lo más preocupante es que los hechos suceden en ámbitos urbanos más que en ámbitos rurales”.
Es necesario, dijo, que las autoridades revisen los datos que se revelan de las ejecuciones y que no se puede confundir estas muertes con justicia indígena originaria y menos con justicia comunitaria, “porque si esto es justicia indígena originaria, entonces estamos perdidos”, reflexionó. La mayor parte de estos hechos quedaron en la impunidad y uno de los pocos casos en los que se persiguió a los culpables fue en Epizana, donde los pobladores asesinaron a tres policías.

Ayllus llevan su protesta hasta La Paz
Pobladores de los cinco ayllus del municipio de Uncía definieron marchar mañana en la ciudad sede de Gobierno para hacer conocer su voz de protesta por los sucesos ocurridos en la comunidad de Cala Cala, donde lincharon a cuatro policías a los que acusan de extorsionarlos.
La manifestación fue confirmada por el diputado del norte de Potosí, Luis Gallegos, que dijo a la ABI que los pobladores están molestos contra los malos policías.
“(Estamos) dispuestos a marchar contra los corruptos. Vamos a investigar", aseguró el representante del norte potosino, que ofició como el portavoz de los pobladores.
Por otro lado, los principales dirigentes y autoridades de los ayllus ratificaron la determinacin asumida el lunes de plantear oficialmente la investigación de los bienes de los policías muertos.
Exigirán que esa indagación se realice bajo la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, porque presumen que los efectivos policiales se han enriquecido cometiendo sus fechorías.
El 23 de mayo, Nelson Alcócer, Miguel Ramos, Rubén Cruz y Esteban Alave fueron linchados por presuntamente extorsionar y asesinar a pobladores de los ayllus del municipio de Uncía. /El Potosí


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