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miércoles, 9 de junio de 2010

retroceso a la barbarie. los ajusticiamientos son "corruptio maxima" asegura el padre José Gramunt sacerdote jesuíta

Los sucesos de los ayllus de Nor - Potosí, a pesar de haberse producido hace más de dos semanas y de haberse comentado abundantemente a través de todos los medios de comunicación a nivel nacional e internacional, permanecen en la memoria viva de la gente común. Adelanto una conclusión, que es el desprestigio manifiesto en que ha caído el Gobierno por su negligencia y omisión culpable. Corresponde ahora aprender las lecciones que hemos deducido de lo ocurrido y aplicar, hasta donde sea posible, los remedios que el buen sentido nos dicta.
La ciudadanía mentalmente sana coincide en las siguientes ideas: Que en varias zonas del país no hay Estado. Que autoridades nacionales y locales han estado ausentes, en la masacre de Uncía, como si no les importaran ni los muertos ni cómo murieron ni el dolor de sus familiares. Algunas autoridades trataron de negociar con los criminales. Que la gente gritó de consuno: “¡Con los asesinos no se transa!”. Que el contrabando de automóviles y de toda clase de mercaderías, de droga y de armas campea por sus respetos en todo el país. Que personas y grupos extranjeros y pandilleros nacionales se han instalado en el país por la impunidad de la que gozan. Que el Gobierno ha demostrado una incapacidad y una negligencia inexcusables.
Que el haber introducido en la administración de la justicia la llamada justicia comunitaria y, aunque el caso de Nor - Potosí no se remita a la tal justicia consuetudinaria, no contribuye a mejorar la buena administración de la justicia sino que generar confusión, la que, a su vez, facilita la comisión de graves delitos que antes no ocurrían con la frecuencia y la impunidad de ahora, tales como la tortura y la pena de muerte. Que la imagen de Bolivia se ha envilecido a causa de lo que venimos comentando.
Esta breve enumeración nos lleva a algunas otras conclusiones: Que la experiencia de los casos ocurridos exigen una correlativa y ejemplar sanción. Que sería una equivocación culpable que las autoridades, por motivos políticos, trataran de interponer cortinas de humo para que no se conozca toda la verdad de los hechos. Que deben establecerse las responsabilidades de todos aquellos que debieron tomar decisiones justas y oportunas y no lo hicieron. Que el procedimiento apropiado para juzgar a los autores, cómplices y encubridores es el que dictan los códigos escritos y promulgados y no las imprecisas, arbitrarias o meramente supuestas e imaginadas tradiciones orales que no son ni claras, ni precisas, ni escritas, ni codificadas, ni debidamente promulgadas, ni socializadas (como hay que decir ahora).
Que vistos los antecedentes hasta aquí apuntados y los que puedan añadirse, resulta ineludible reformar la Constitución vigente en lo que se refiere a la llamada justicia comunitaria. Que la promoción de las naciones originarias ha de reorientarse en el sentido del progreso, dignificación y modernización de sus instituciones tradicionales, sin declinar en la consolidación de las instituciones republicanas. Que un Gobierno que creó un Ministerio Anticorrupción, es incompatible con la impunidad de la “corruptio maxima” como son los ajusticiamientos “de libre disponibilidad”. Que el retroceso a la barbarie primitiva contradice absurdamente los anuncios de un país “en donde se vive bien, mejor que antes”.

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