Google+ Followers

martes, 8 de junio de 2010

con total precisión Los Tiempos está mostrando la negligencia del Gobierno en el caso de los linchamientos del norte potosino

Al parecer, una de las causas determinantes para que el secuestro de cuatro policías comunarios asentados alrededor de Uncía haya terminado en su asesinato es la negligencia de parte de las autoridades del Órgano Ejecutivo. Sea por un falso sentido de solidaridad con aquéllos, sea por omisión en el cumplimiento de sus deberes, lo que va resaltando es que fue la acción de los familiares de las víctimas, de la intervención del párroco de la zona y el trabajo de los medios de comunicación lo que obligó a los comunarios a, finalmente, devolver los cadáveres.

A ello se añade el informe forense –que un fiscal potosino y el ministro de Gobierno tratan de deslegitimar-- que señala que una de las víctimas habría sido asesinada mientras se desarrollaban las negociaciones, lo que da cuenta, además, de la incapacidad de los mandos policiales para reaccionar en forma debida ante hechos como el que se comenta, al dar por muertos a los policías cuando sólo se sabía que estaban desaparecidos.

Hay más. Una de las reacciones recurrentes de las autoridades –lamentablemente incluido el nuevo Defensor del Pueblo-- ha sido, para explicar sus evidentes errores y omisiones, tratar de desacreditar aquellas gestiones que realizaron actores no estatales. Es decir, las autoridades no sólo no actuaron a la altura de las circunstancias, sino que atacan a quienes sí lo hicieron.

Todo ello se inscribe –en momento en que se debate en la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley del Órgano Judicial-- en el proceso de inclusión en la economía jurídica del país de la denominada justicia originaria campesina, y se puede constatar aquello que nos advertían cuando se discutía el nuevo proyecto de Constitución Política del Estado (CPE) los entendidos en el tema: se debe rescatar, incluir y valorar los usos y costumbres de los pueblos originarios en la resolución de sus conflictos, pero es un error situarlos en el mismo nivel de la justicia ordinaria, y que una Ley de Deslinde no eliminaría los problemas y retrocesos en este campo.

La demagogia junto a una visión neocolonial de muchos asesores del Gobierno en el proceso de elaboración del proyecto de Constitución –una buena parte abogados españoles-- lograron imponer sus criterios, basados en mera ideología y culpas pasadas, y concibieron un híbrido que será muy difícil adecuar a la realidad, una realidad en la que, como aparece en el caso de Uncía, grupos delincuentes se aprovechan de dirigentes originarios para actuar como lo han hecho y escudarse, maliciosamente, en las normas constitucionales sobre justicia para tratar de evadir el peso de la justicia ordinaria en el proceso que se debe incoar a sus autores ideológicos y materiales por asesinato con alevosía y premeditación.

Pero, precisamente por tratarse de un hecho tan claro, tal vez es momento para que las propias autoridades del Gobierno, como una forma de devolver a la justicia comunitaria su exacto sitial en el ordenamiento jurídico del país y de esa manera convertirla en mecanismo efectivo de resolución de controversias y no amparo de crímenes, revisen posiciones claramente retrógradas e ideológicas y se trabaje por un sistema jurídico renovado, ágil, oportuno y de acceso generalizado.

No hay comentarios: