Familiares de las víctimas de la dictadura confesaron que éste, fue el Gobierno de la democracia que menos colaboró en la angustiosa búsqueda.
El ex presidente militar argentino general Jorge Rafael Videla, quien derrocara a la presidenta constitucional de ese país Isabel Perón y encabezara una de las mayores y más tenebrosas represiones contra la izquierda argentina que costó la vida y desaparición de 30.000 personas, acaba de ser condenado a cadena perpetua, junto con 28 de sus colaboradores militares, por esos crímenes imprescriptibles de lesa humanidad.
La Organización de las Naciones Unidas acaba de poner en vigencia la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, instando a los Estados “a hacer todos los esfuerzos posibles para prevenir y erradicar la práctica atroz de la desaparición forzada, y llevar a la justicia a todas aquellas personas que sean responsables por el crimen”. Es más, los miembros de la comisión que elaboró esa convención recomendaron a los Estados “tomar medidas eficaces para llevar a cabo los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación” que merecen los familiares de los desaparecidos.
En Bolivia, el 17 de julio de 1980, tres personas —el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, el dirigente universitario Carlos Flores Bedregal y el dirigente minero Gualberto Vega— se supone que fueron asesinadas durante el golpe del dictador militar general Luis García Meza, y sus cuerpos desaparecieron sin dejar, aparentemente huella ni responsables de los crímenes.
Los familiares de estas víctimas de la dictadura buscan desde hace 30 años los cuerpos de los desaparecidos, y sus esperanzas de encontrarlos aumentaron cuando Evo Morales, un hombre de proclamada izquierda, subió al poder. Confesaron, sin embargo, que éste fue el Gobierno de la democracia que menos colaboró en la angustiosa búsqueda.
Por el contrario, fue el más criticado por su intención de realizar esfuerzos poco convincentes, como el anuncio presidencial de acompañar a los familiares al Cuartel General de las Fuerzas Armadas, en el Estado Mayor, para demostrarles que no existen archivos de los crímenes de la dictadura de García Meza. Que desaparecieron porque alguien se los llevó.
Es probable que no existan archivos físicos. Es posible que, si existieron, en algún momento los hubieran hecho desaparecer, aunque familiares de los desaparecidos mostraron algunos documentos castrenses de la época, que pudieron haber sido secretos o confidenciales, para demostrar la existencia de algunas huellas de las acciones dictatoriales.
Si es así, la investigación debe tomar otro rumbo. Deben existir testigos de lo que pasó aquel 17 de julio y los días siguientes. Deben existir, incluso, soldados o militares de baja graduación de entonces que obedecieron órdenes para hacer desaparecer los cuerpos. Con seguridad que García Meza y su brazo derecho represor, Luis Arce Gómez, no hicieron desaparecer personalmente los cuerpos de las víctimas. Aunque ellos hubieran intervenido personalmente, hubo personas, militares o paramilitares, que los ayudaron.
La investigación debería ir por allí hasta encontrar la verdad, como recomienda la Convención de las Naciones Unidas, y buscar una justa reparación para los familiares de los desaparecidos.
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