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miércoles, 22 de abril de 2009

los primeros mandatarios son los que menos serenidad demuestran frente a los asesinatos cometidos por sus órdenes. El Nuevo Día muestra su nerviosismo

El vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, pidió el domingo calma y mesura en el tratamiento del supuesto caso de terrorismo que se ha destapado en el país. También exigió dejar a la Policía y a la Fiscalía conducir las investigaciones. La recomendación está muy bien, pero olvidó cumplirla él mismo cuando se dedicó ese mismo día a despertar sospechas sobre personas e instituciones, interfiriendo de esa manera en el trabajo policial.
El presidente Morales tampoco es mesurado cuando rechaza airado los intentos de los gobiernos de Irlanda, Hungría y Croacia por conocer detalles de este grave suceso, que implica a ciudadanos de sus países. No sólo los ha insultado, sino que amenaza con procesar a los funcionarios que han llegado a Bolivia, al tiempo que los trata de acusar de protectores del terrorismo y de los intentos de magnicidio.
Los gobiernos de los países que ahora han pasado a ser sospechosos, según Evo Morales, están procediendo como debe actuar cualquier autoridad seria. Las embajadas y consulados están para prestar asistencia a sus compatriotas y asegurarse de que sean respetados sus derechos en cualquier circunstancia. En segundo lugar, una acusación de terrorismo es particularmente perturbadora en el caso de Irlanda, por ejemplo, donde por años han tenido que soportar este flagelo. Sería irresponsable si las autoridades de aquella nación no actúen rápidamente cada vez que en algún lugar del planeta surge la noticia de que un irlandés está implicado en actos extremistas. En este caso, han determinado justamente, que Michael Dwyer, acribillado en el hotel Las Américas, no tenía ningún antecedente delictivo.
En el caso de Hungría, el que se ha expresado sobre este hecho ha sido nada menos que el ministro de Relaciones Exteriores, Peter Balazs, quien ha vuelto a reiterar este martes sus dudas y temores de que la muerte de un ciudadano de su país sea la causa de la misma lucha política que ha provocado más de 50 muertos en los últimos tres años en Bolivia.
Las dudas que tiene Balazs son las mismas que tiene cualquier boliviano que escucha al fiscal Marcelo Sosa, cabeza de las investigaciones, quien admite que ningún fiscal estuvo en el momento de la intervención policial el pasado jueves, que no tiene pruebas sobre el “magnicidio” del que tanto habla el Presidente y que ayer se refirió como “armas caseras” al supuesto arsenal que, según el Gobierno y la Policía, fue hallado en poder de los extremistas.
El mundo se ha vuelto muy pequeño gracias a las nuevas tecnologías de comunicación, que permiten que la información fluya a raudales, entre actores que ya no necesitan siquiera apelar a los medios tradicionales para informarse e intercambiar mensajes. A estas alturas es hasta ingenuo pretender “tapar el sol con un dedo” e intentar impedir que fluya un gran torrente de datos hacia Hungría, Croacia, Irlanda o cualquier país donde se presente un estado de avidez por saber qué fue lo que ocurrió en Bolivia el jueves. Esa avidez ya se ha desatado y no se va a detener por más amenazas que lance el presidente Morales.

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