La responsabilidad del Estado en la custodia y resguardo de las personas que han incurrido en el delito está contemplada dentro del marco legal vigente. Esto significa que se asume la seguridad, alimentación, alojamiento y rehabilitación de los reclusos de los recintos carcelarios del país, además de proporcionar con oportunidad y eficacia las herramientas y recursos necesarios para la correcta administración de justicia. Sobre este argumento contundente la Defensoría del Pueblo ha señalado, en su último informe, que el Estado boliviano deviene en el principal responsable del brutal enfrentamiento de reclusos en la cárcel de Palmasola, que ha derivado en una masacre de ribetes históricos.
La Defensoría del Pueblo considera que el Estado ha incurrido en incumplimiento del deber de custodia y resguardo de los internos del recinto penitenciario. Es más, según sus conclusiones, las autoridades de la cárcel y los custodios de turno habrían facilitado la apertura de la puerta de los bloques y el consiguiente ingreso de los reclusos agresores. De modo adicional, se ha establecido que los reclusos, durante sus actos vandálicos, han tenido libertad de acción durante un tiempo prolongado, lapso en el que la intervención policial fue prácticamente nula. Esta sombra de supuesta complicidad se ha extendido de tal forma que la Defensoría exige justicia y esclarecimiento de hechos.
Desde esta perspectiva, ha quedado claro que los sucesos de Palmasola han terminado por configurar una de las acciones más violentas y trágicas que se hayan registrado en las cárceles de Bolivia. Por supuesto, con ello se ha puesto nuevamente en evidencia que el problema carcelario boliviano ha tocado fondo y que exige soluciones urgentes, concretas y realistas. La responsabilidad estatal sobre el sistema penitenciario deviene en inexcusable, por lo que resulta oportuno y sensato pedir que se asuma sin rodeos la responsabilidad que el marco legal señala. En el terreno de los hechos, se hace perentorio evitar que los recintos penitenciarios sigan siendo sendas escuelas del delito.
La retardación de la justicia y el hacinamiento de las cárceles tiene su origen en la profunda crisis que arrastra el Poder Judicial desde hace mucho, y que se ha ido agravando, especialmente en virtud de la negativa influencia del partidismo político de turno. Por otra parte, la carencia de políticas estatales sobre el sistema penitenciario hace que la custodia y seguridad de los internos se desarrolle en condiciones precarias, donde la institución del orden se ve sometida a grandes factores negativos que distorsionan sus funciones específicas y arrojan resultados trágicos como los luctuosos sucesos de Palmasola. Esta responsabilidad estatal debe ser asumida en toda su plenitud.
Suya es la potestad de construir recintos penitenciarios acordes a los propósitos finales de rehabilitación y reinserción a la sociedad de quienes incurrieron en el delito. Resulta inherente a su existencia la tarea de proporcionar los recursos económicos, humanos y materiales apara acceder a esos objetivos. En esa labor, la seguridad de los reclusos, su custodia y resguardo deviene en imperativa e ineludible. Para ello no existe excusa alguna. La Defensoría del Pueblo ha tenido el tino de escarbar en una herida crónica. Lo sensato debe ser que el Estado asuma su rol y destierre para siempre hechos como los acontecidos en Palmasola, extremo y ejemplo de la situación de la justicia en el país.
La Defensoría del Pueblo considera que el Estado ha incurrido en incumplimiento del deber de custodia y resguardo de los internos del recinto penitenciario. Es más, según sus conclusiones, las autoridades de la cárcel y los custodios de turno habrían facilitado la apertura de la puerta de los bloques y el consiguiente ingreso de los reclusos agresores. De modo adicional, se ha establecido que los reclusos, durante sus actos vandálicos, han tenido libertad de acción durante un tiempo prolongado, lapso en el que la intervención policial fue prácticamente nula. Esta sombra de supuesta complicidad se ha extendido de tal forma que la Defensoría exige justicia y esclarecimiento de hechos.
Desde esta perspectiva, ha quedado claro que los sucesos de Palmasola han terminado por configurar una de las acciones más violentas y trágicas que se hayan registrado en las cárceles de Bolivia. Por supuesto, con ello se ha puesto nuevamente en evidencia que el problema carcelario boliviano ha tocado fondo y que exige soluciones urgentes, concretas y realistas. La responsabilidad estatal sobre el sistema penitenciario deviene en inexcusable, por lo que resulta oportuno y sensato pedir que se asuma sin rodeos la responsabilidad que el marco legal señala. En el terreno de los hechos, se hace perentorio evitar que los recintos penitenciarios sigan siendo sendas escuelas del delito.
La retardación de la justicia y el hacinamiento de las cárceles tiene su origen en la profunda crisis que arrastra el Poder Judicial desde hace mucho, y que se ha ido agravando, especialmente en virtud de la negativa influencia del partidismo político de turno. Por otra parte, la carencia de políticas estatales sobre el sistema penitenciario hace que la custodia y seguridad de los internos se desarrolle en condiciones precarias, donde la institución del orden se ve sometida a grandes factores negativos que distorsionan sus funciones específicas y arrojan resultados trágicos como los luctuosos sucesos de Palmasola. Esta responsabilidad estatal debe ser asumida en toda su plenitud.
Suya es la potestad de construir recintos penitenciarios acordes a los propósitos finales de rehabilitación y reinserción a la sociedad de quienes incurrieron en el delito. Resulta inherente a su existencia la tarea de proporcionar los recursos económicos, humanos y materiales apara acceder a esos objetivos. En esa labor, la seguridad de los reclusos, su custodia y resguardo deviene en imperativa e ineludible. Para ello no existe excusa alguna. La Defensoría del Pueblo ha tenido el tino de escarbar en una herida crónica. Lo sensato debe ser que el Estado asuma su rol y destierre para siempre hechos como los acontecidos en Palmasola, extremo y ejemplo de la situación de la justicia en el país.
Lo sensato sería que el Estado asuma su rol y destierre para siempre hechos como los acontecidos en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz de la Sierra, extremo y ejemplo de la situación de la justicia en el país.
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