La forma en que el Gobierno ha reaccionado ante dos golpes contundentes que ha recibido en las últimas semanas: la fuga de su fiscal Marcelo Soza y el encarcelamiento de quien fuera una de sus autoridades de lucha contra la corrupción, Fabricio Ormachea, así como la actuación del Ministerio Público en estos casos y las declaraciones de uno de sus infiltrados en el grupo Rózsa, afirmando que no podía responder a un cuestionario de la Fiscalía por tratarse de temas que son “secreto de Estado”, no hacen más que aumentar dudas en quienes ya no creen en la palabra oficial y despertarlas en muchos de quienes han sido sus leales seguidores.
Hay momentos, como muestra nuestra historia, en los que la incapacidad de las autoridades de ver la realidad y confiarse en lo que sus áulicos les informan ha sido el detonante de procesos que, finalmente, las han conducido a su fracaso. Y parece ser éste el caso. Las autoridades de Gobierno han cometido varios errores de gran magnitud en el tratamiento del caso Rózsa, mantener una posición de fuerza y soberbia sólo las daña más.
Peor aún si en esas declaraciones se insulta y pretende desprestigiar a quienes disienten por el sólo hecho de hacerlo. Por ejemplo, la propuesta de organizar una misión internacional para investigar el caso Rózsa, a la que se adhiere este periódico, no tiene nada de cipaya como la han querido calificar las autoridades. Hay que recordar, como lo ha hecho con pertinencia un exmandatario, que el Gobierno procedió de esa manera en situaciones de difícil dilucidación (casos El Porvenir o la aprobación del proyecto de Constitución Política del Estado), sin que se haya cuestionado esa decisión porque, más allá de los resultados, otorgaban legitimad a lo actuado.
En ese contexto, este tipo de reacciones muestra que este escabroso caso Rózsa y sus secuelas –como oportunamente se les advirtió, también en forma infructuosa– afecta profundamente a las autoridades que, aparentemente y como en pocas oportunidades, no saben cómo asir al toro por las astas y sólo recurren a la agresión.
Pero, los intereses del país están por encima de estos eventuales problemas y más allá de esas reacciones, se debe insistir en que la racionalidad retorne a nuestras autoridades y decidan ir por el camino correcto: el esclarecimiento total y cualesquiera sean los conflictos que pueda tener el caso Rózsa, no sólo como un deber moral ineludible, pues son muchas las víctimas que han aparecido a lo largo del proceso que no son, necesariamente, quienes estuvieron vinculados con aquél, sino para que la comunidad internacional constate que en el país hay normas de pacífica convivencia que deben ser cumplidas y que se sanciona a quienes no lo hacen.
De lo contario, y dadas las ramificaciones internacionales del caso, incluso algunas autoridades podrían temer, a futuro, por su propia seguridad, puesto que, con certeza, no faltarán los “baltazares” que busquen justicia para sus connacionales.
En manos de las autoridades está, pues, que este caso no las afecte más.
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