Exigiendo la dotación de tierras y la liberación de algunos de sus compañeros de correrías detenidos bajo cargos de robo y daño a la propiedad, un numeroso contingente de los llamados tomatierras irrumpió en plena capital cruceña. Tras ruidosa movilización, los manifestantes cercaron las oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria-Santa Cruz (INRA) y durante horas mantuvieron como rehenes a sus funcionarios. Luego se enfrentaron con la Policía causando destrozos a diez motocicletas de los uniformados cuyos mandos, además, reportaron algunos heridos por impactos de palos y piedras en medio de una profusa gasificación que alteró la tranquilidad del vecindario. Ni los equipos de prensa desplazados para la cobertura noticiosa de los hechos se libraron de las agresiones y pudo observarse a periodistas, hombres y mujeres, sacados a empujones del lugar.
El Ministerio de Gobierno, que está dispuesto a llevar ‘hasta las últimas consecuencias’ el caso del sujeto que agredió a cinco policías durante las pasadas fiestas de Carnaval, tiene tarea adicional con los furibundos asaltantes de tierras que atacaron a las fuerzas del orden y destrozaron sus motorizados.
Atentando contra el ornato y los bienes públicos, los marchistas hicieron ‘cama y rancho’ en la Plaza del Estudiante, que quedó convertida en letrina al aire libre y habilitados como dormitorios-comedores los pasillos de la Biblioteca Municipal enclavada en dicho paseo. El director del INRA identificó a los demandantes como los asaltantes que fueron desalojados por la justicia del fundo rural de Limoncito, en el norte cruceño, quienes siguen insistiendo en apoderarse de predios privados que están cumpliendo con la función económica y social.
Sin que nadie los ponga en su lugar, los tomatierras continúan infringiendo las leyes mientras el Gobierno sostiene que hay seguridades jurídicas para las inversiones privadas. La realidad es distinta porque la región sigue siendo la más golpeada por los avasallamientos de tierras con impacto directo sobre la producción agrícola, además de atentar contra la propiedad y el medioambiente.
Más de 70 predios productivos, equivalentes a más de 50.000 hectáreas, están en poder de los avasalladores, cuya musculatura parece robustecerse mientras siguen cayendo en saco roto las constantes demandas de los sectores productivos cruceños de condiciones para perseverar en su actividad. Y así, en medio de silencios cómplices, el festín con las tierras del oriente parece no tener fin.
Consejo Editorial: Pedro F. Rivero Jordán, Juan Carlos Rivero Jordán, Tuffí Aré Vázquez, Lupe Cajías, Agustín Saavedra Weise y Percy Áñez Rivero
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